Apenas resultó electo presidente López Obrador, la ruta parecía relativamente sencilla: desmantelar las instituciones, repartir dinero público en programas sociales para mantener su estructura electoral y construir obras de infraestructura que aunque inviables, concederían a la administración federal una falsa impresión de un país en desarrollo.
A ello sólo bastaba agregar un discurso basado en los mandamientos del libro sagrado del cuatroteísmo: culpar a los gobiernos del pasado, atribuir a la corrupción todos los males del país y mantener contra viento y marea su criterio económico e ideológico. Pero apenas llegó la hora de gobernar y todo empezó a salir mal. Luego llegó la pandemia y desnudó la fragilidad de un régimen centralista y autoritario.
En cuatro meses, en los que hemos vivido la “sana distancia” y la “nueva normalidad”, el gobierno ha desmantelado por completo el sistema de salud –hasta ahora nadie sabe cuál ha sido la función del Insabi en medio de la emergencia sanitaria-, ha lanzado la economía a un acantilado de más del 10% de decrecimiento y ahora se apresura para echar a perder la educación de millones de niñas, niños y jóvenes bajo un modelo improvisado, desigual e inaccesible.
La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar basado en un modelo educativo híbrido –presencial y a distancia-, consistente en la transmisión de 4 550 programas de TV y 640 de radio que se producirán para atender a más de 30 millones de alumnos. Paradójicamente, la plataforma de transmisión serán las mismas empresas de comunicación censuradas por su cobertura informativa y señaladas de pertenecer a esa entelequia llamada “mafia del poder”.
Sin embargo, el nuevo modelo educativo fue elaborado bajo consideraciones políticas y no educativas, con un criterio de educación a distancia que pasa por alto que en México cerca de 1.8 millones de personas no tienen electricidad en las zonas rurales de difícil acceso (Inegi); que hay más de 14 millones de hogares sin televisión (IFT) y que 34 millones no tienen acceso a internet, según información del propio gobierno federal.
Pero si las limitaciones tecnológicas son abismales, el gobierno ignoró por completo a los principales operadores de lo que será su fallido modelo educativo: maestros y padres de familia. El Presidente le dio prioridad a su acuerdo con las televisoras, sin considerar las condiciones de trabajo de los docentes, así como la precaria situación laboral y económica de millones de familias, lo que podría complicar aún más el reinicio de las clases.
López Obrador ordenó a su Secretario de Educación Esteban Moctezuma hacer una tarea que debió cumplir hace meses: lograr un acuerdo con los maestros y sus sindicatos, quienes han manifestado que no se sujetarán al sistema de enseñanza impuesto por el gobierno federal. A días de iniciar el ciclo escolar, tampoco hay métodos ni protocolos de enseñanza-aprendizaje para este modelo. Con lo único que se cuenta es con la “foto” del Presidente junto con los dueños de las televisoras firmando una más de sus ocurrencias.
Hasta ahora las autoridades educativas no han sabido responder a problemas inmediatos y evidentes. No hay “puertas de emergencia”. No han dicho, por ejemplo, cómo resolverá el problema de la educación de los niños cuyos padres o madres solteras deben salir a trabajar y luchar por sobrevivir al desempleo y la pandemia. Tampoco hay respuesta para saber cómo se dará seguimiento a su proceso educativo si en muchos casos –lo mismo en zonas urbanas que rurales- ni siquiera hay quien los cuide, menos quien los guíe en su educación.
El gobierno tampoco ha previsto qué apoyo tendrán aquéllos niños cuyos padres, además de trabajar, no saben leer ni escribir, o en el mejor de los casos, con mucho esfuerzo terminaron la educación básica. Y no hay consideración alguna respecto de las familias integradas por varios niños, de los más diversos niveles escolares, que podrían no contar con acceso a ninguna de las plataformas tecnológicas.
A pesar de todo ello, los alumnos serán evaluados sobre los contenidos previstos en el plan de estudios. Sin embargo, es absurdo aplicar los mismos criterios para estudiantes que no tuvieron acceso a las mismas herramientas. Es previsible que al final del año escolar, como sucedió hace algunas semanas, todos los alumnos sean aprobados y continúen con el siguiente año. Ante todos estos cuestionamientos, el Secretario de Educación responde una y otra vez: “Ya lo veremos, ya lo veremos”.
La improvisación y la falta de un proyecto académico elaborado por expertos, facilitará que se cumpla el pronóstico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): la pandemia provocaría que cerca de 1.4 millones de estudiantes en México no regresen a las aulas para el ciclo que está por comenzar.
El gobierno no pudo impedir la catástrofe sanitaria; tampoco tomó acciones para evitar la peor crisis económica de la historia. Ahora toca el turno al colapso del sistema educativo.
La lección que nos dejará este ciclo escolar es que la 4T ¡ni echando a perder aprende!
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