Los ministros, magistrados y jueces tienen la enorme misión de impartir justicia, pronta y expedita, completa y gratuita, así como garantizar el ejercicio del catálogo de derechos que en nuestro país están expresados en la Carta Magna y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito.
Las resoluciones del Poder Judicial implican, en muchos casos, riesgos; demandan independencia, objetividad y sensatez. Este poder, además, históricamente ha sido garante del equilibrio entre los poderes de la República.
Hoy se pretenden vulnerar los derechos de jueces, magistrados, ministros y de los integrantes del Poder Judicial en general; el Estado de Derecho y la división de poderes son amenazados por un intento de reducir sus salarios, pasando por encima de la independencia judicial, en lo que la nueva administración federal ha llamado austeridad republicana.
En un acto de dignidad y valor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro instructor Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre otorgó una suspensión para aplicar el Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovida por el nuevo gobierno morenista, a los salarios de 2019, esto luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por las minorías parlamentarias del Senado de la República el 5 de diciembre.
Es de significarse que a la acción del Senado se suma la interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ve en este intento de intromisión al Poder Judicial un peligro para la estabilidad del Estado.
Es oportuno y pertinente precisar que los Senadores del Revolucionario Institucional, junto con otras fracciones parlamentarias, no se oponen a un gobierno austero, sino a violentar la división de poderes.
Es cierto: los nuevos tiempos de México no permiten privilegios ni gasto excesivo, pero ese no puede ser el pretexto para que el Ejecutivo intente establecer una supremacía sobre el Legislativo y Judicial.
La intentona morenista de vulnerar los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial, pero sobre todo de socavar la división de poderes, exhibe la ignorancia o el deliberado olvido de quienes hoy nos gobiernan, que fue precisamente este régimen de división y equilibrio de poderes el que les garantizó las condiciones para que el pasado 1 de julio no les fueran regateados sus triunfos, tanto en el ámbito legislativo federal como en el de la Presidencia de la República, y que fue este mismo régimen el garante de que en el 2000 tuviéramos una alternancia sin sobresaltos en la gobernabilidad de la República.
En un régimen democrático es imposible la coexistencia de jueces dóciles, con un parlamento sumiso y un Ejecutivo al mando de todos.
Pese al fallo judicial, hay voces tercas que insisten en que la reducción salarial va porque va. A esas voces necias les advertimos que se van a topar con pared.
La reducción salarial no significa ahorro, como ellos lo han mal planteado, por el contrario. A cada trabajador se le retiene el 30 por ciento de su sueldo por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que representa un importante ingreso a las arcas nacionales. Si el salario se reduce; por ende, también lo hace el monto que representa a las finanzas nacionales. Sumemos, además, lo que el gobierno federal tendría que pagar por indemnizaciones a todo aquel servidor público que se oponga a esta arbitrariedad. De acuerdo con expertos financieros, esto representaría un aproximado de 150 mil millones de pesos, una cantidad imposible de etiquetar en el presupuesto 2019.
Como diputado federal, junto con mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, velaré por la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación: no se concibe una democracia moderna sin la sana división de los poderes. Insisto: no se trata de un mero asunto de salarios como mediáticamente lo han querido enfocar; se trata de respeto a nuestra Constitución y a las instituciones más emblemáticas de la República.
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