Desde la revolución mexicana -el movimiento agrario más importante en la historia de México- no se había vivido un proceso de empobrecimiento y abandono del campo mexicano como el que hoy ha impuesto el gobierno de López Obrador. Otra vez, a la sombra del prejuicio de una corrupción que ni comprueba ni castiga, el mandatario ha decidido cancelar programas en todos los sectores productivos.
Para ponerlo en perspectiva. Durante el último año de la administración de Enrique Peña, el presupuesto para el campo alcanzó los 75 mil 371 millones de pesos. Entonces se habían incluido programas de fomento productivo para mujeres en zonas rurales así como acciones para el arraigo de jóvenes en sus comunidades y núcleos agrarios.
En el proyecto de presupuesto 2021 (PEF) propuesto por el gobierno de la 4T, se consideran apenas 49 mil 291 millones de pesos para los programas que dependen de la Secretaría de Agricultura (SADER), por lo que se tendría que aprobar un aumento del 58.4 por ciento para igualarlo al nivel de inversión del 2018, último año de la administración priísta.
De cada 100 pesos entregados a la SADER tan sólo 3 serán para fomento productivo en agricultura, ganadería, pesca y acuicultura; además, no hay un peso para sectores vulnerables como las mujeres que viven en zonas rurales.
En cuanto al presupuesto para el Programa Especial Concurrente (PEC) rural que propone la 4T para 2021, se incluyen 334 mil 875 millones de pesos (mdp), es decir, 5 mil mdp por abajo del presupuesto de este año que fue de 339 mil 875 mdp. El PEC, para tener más claro a quienes impactará esta reducción de 5 mil mdp, es un conjunto de programas sociales para lograr el desarrollo rural sustentable, que incluye los apoyos a adultos mayores, infraestructura, educación y salud, entre otros.
Uno de los programas principales de este gobierno es el de Producción para el Bienestar, un esquema de transferencias directas que adopta los objetivos, presupuesto e instrumentos de ProAgro (antes Procampo) e incluso su padrón de beneficiarios. Padrón que hasta ahora nadie conoce.
Ahora el padrón de predios de Producción para el Bienestar incluirá los del ProAgro, además de predios recién incorporados a partir del llamado “Censo de Bienestar”, levantado por voluntarios denominados Servidores de la Nación, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; es decir, lo mismo aunque no necesariamente más barato. El objetivo del nuevo programa es transferir recursos a una población beneficiaria con propósitos de asistencialismo y no para fortalecer sus capacidades productivas.
Hasta ahora, de la revisión que hemos hecho los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI al PPEF 2021 hemos observado la desaparición de al menos 17 programas de apoyo al campo mexicano. De ellos, 10 ya no habían recibido recursos durante 2019, primer año de la administración cuatroteísta, pero seguían apareciendo en la estructura programática de la Secretaría de Hacienda. Hoy MORENA los desapareció de un plumazo.
Entre ellos, podemos citar la desaparición de Agroasemex –y con ello el tan necesario seguro de gastos catastróficos-, la Financiera Nacional, el crédito a la palabra ganadero, el programa de financiamiento y aseguramiento del sector rural, el fomento a la ganadería y la calidad de productos pecuarios, la sustentabilidad pecuaria y hasta el programa para el repoblamiento de la abeja reina, entre otros.
La decisión de eliminar la gestión y participación directa de organizaciones campesinas, ganaderas y agropecuarias para entregar directamente los apoyos y subsidios a productores y campesinos no ha mejorado la productividad del sector primario. Por el contrario, la falta de planeación y de programas sustitutos propició la atomización y burocratización de los programas institucionales. En realidad no se acabó con la corrupción sino con el apoyo al campo.
La pretensión del Presupuesto 2021 es clara. El gobierno no busca rescatar al campo mexicano a través del fomento productivo –asume que productores agrícolas, ganaderos y pecuarios no necesitan de apoyo de las autoridades- sino ampliar su base electoral con millones de campesino arraigados a la pobreza y dependientes por completo del apoyo del gobierno para subsistir, no para producir. La ambición presidencial de perpetuar a la 4T en el poder está poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
Después de las crisis económicas y de salud, la siguiente que viviremos es la de producción de alimentos. Nuestro país tendrá que importar millones de toneladas de productos agrícolas y ganaderos a otros países. Hoy México es el primer importador de maíz en el mundo, nuestro principal alimento.
Más allá del discurso y los prejuicios del Presidente, lo cierto es que en los gobiernos anteriores, el presupuesto alcanzaba para todo esto. Ahora, la falsa pobreza franciscana amenaza con aniquilar al campo mexicano y a quienes viven de él.
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