El mes de enero será el más violento de los últimos años en Veracruz. No se trata sólo del número de homicidios sino también de la forma en que estos se cometen. Además, los delitos del fuero común siguen a la alza y el número de crímenes que se castigan es cada vez menor.
Nuevamente Veracruz fue la nota roja en los diarios nacionales. Los homicidios del ex diputado local y ex presidente municipal Víctor Molina, de Luis Eduardo –el joven que fue asesinado por defender a su hermana menor del ataque de hombres armados en Tuxpan-, de nueve personas cuyas cabezas fueron colocadas en toldos de vehículos en los municipios de Tlacotalpan y Sayula, sin contar las decenas de víctimas en otras tantas ciudades del estado, son muestra del estado de descomposición que sufren los veracruzanos. Es un territorio sin ley.
El sábado pasado, la capital Xalapa vivió otra jornada de terror, resultado de la incapacidad y complacencia de las autoridades. Por la tarde, un hombre fue ejecutado a plena luz del día en la avenida más transitada de la ciudad; unas horas después, a escasos cinco minutos del Palacio de Gobierno, fue abandonada una camioneta con los cuerpos desmembrados de nueve personas. Inaudito.
De todos estos eventos, el gobierno no ha detenido a una sola persona. La presunción de que se trata de ajustes de cuentas entre delincuentes –a pesar de que como se ha dicho las víctimas son autoridades, estudiantes, comerciantes, transportistas o personajes públicos-, intenta justificar la incapacidad de realizar una investigación eficaz que permita dar con los responsables.
Hoy la delincuencia gobierna Veracruz. Los hechos de este sábado en Xalapa no son más que una manifestación de fuerza, que confirma que pueden actuar en total impunidad a cualquier hora y en cualquier lugar. Es evidente que si el gobierno no puede detener esta ola aberrante de homicidios, tampoco puede prevenir y castigar la actuación de estos grupos de delincuencia organizada en contra de la ciudadanía en casos de secuestros, extorsión, cobro de piso, robo de combustible y asaltos a transportistas, comerciantes o ganaderos.
Estos delitos corresponden al fuero común, y por tanto, la autoridad no puede excusar que se trata de delincuencia organizada. Veracruz sigue siendo la entidad más violenta del país, toda vez que ocupa los primeros lugares en seis de los ocho delitos de alto impacto que evalúa el semáforo delictivo.
El estado de Veracruz también es Xalapa, Coatzacoalcos, Tlacotalpan, Tuxpan y Sayula, y no sólo el bulevar de Boca del Río, que hoy nos quieren vender como nuestra única joya.
Vivir en un estado sin ley no es un asunto sólo de política, como lo quiere justificar el gobierno de Miguel Ángel Yunes. La seguridad no es un tema de elecciones; es un tema de gobernabilidad que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades productivas, del ejercicio de nuestro derecho a la seguridad y de la posibilidad de que realicemos nuestra vida cotidiana. Cada que sucede un evento como los que vivimos a diario, se lastima a la economía y a la sociedad en su conjunto.
Cuando un comerciante tiene que cerrar su negocio porque ha sido extorsionado, un joven es asesinado camino a la escuela, una persona sufre un secuestro, un ciudadano común corre el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado en medio del tráfico o un residente debe observar el terrible espectáculo de cuerpos amontonados en un vehículo afuera de su casa, entonces no es la autoridad quien ejerce el gobierno, sino la delincuencia organizada.
Veracruz está en una situación de emergencia nunca antes vista. Nada lo justifica. La ciudadanía ha entendido que es hora de tomar cartas en el asunto.
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