Movido por el resentimiento y la frustración, el Presidente ha respondido a cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral: “¡Quédense con el INE! ¡Les falta pueblo!”.
López Obrador sabe que la batalla de la reforma electoral está perdida y hoy busca un plan B: hacer de lo que siempre se dijo víctima: el fraude electoral desde el poder.
La marcha promovida y financiada por el Presidente y sus gobernadores no cumplió su objetivo: no alivió la inquina presidencial, no mostró músculo ni generó las condiciones para sacar adelante su reforma electoral en el Congreso. Le faltó pueblo.
López Obrador ya no podrá cambiar el método para elegir a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF; tampoco reducir el número de diputados y senadores, ni quitar el presupuesto a los partidos. Las tres iniciativas eran claves para romper los contrapesos al Presidente.
Por eso la marcha del domingo pasado fue una clara advertencia de que, ante la eventual derrota de la efímera 4T, harán un uso ilegal de la fuerza del Estado y de todos los recursos del gobierno. El fraude electoral es el verdadero plan “B".
La marcha fue un parteaguas para intentar cambiar las reglas. Los delitos electorales graves –intervención del gobierno federal y los gobernadores, acarreo con recursos públicos, uso de las instituciones del estado para actos partidistas-, dejan de serlo para convertirse en supuestos actos de dignidad y defensa de la democracia.
Ahora que resulta que el acarreo ya no es una deleznable práctica de manipulación; se ha convertido en un acto de emancipación, lo que implica que es legítimo hacerlo sin importar si se trata de un delito electoral. Se convirtieron en sus propios demonios.
En el 2024 no sólo estaremos ante la más descomunal elección de Estado, sino que, ante la eventual derrota del o la candidata del Presidente, podríamos ser testigos del peor fraude electoral en la historia del país.
Es evidente, tras los fallidos ejercicios de consulta popular y las movilizaciones manipuladas, que las elecciones presidenciales y de renovación del Congreso de la Unión no serán libres, equitativas ni confiables. El aparato oficial ya está en marcha.
Y peor aún, la disputa por la legalidad no será en los tribunales, sino que intentarán imponer un resultado desde la movilización y la revuelta social, incluso con el eventual apoyo del Ejército.
Según el Presidente, el Ejército ya no tiene la tarea de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, sino que surgió “para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís”.
La amenaza que se cierne sobre la sucesión presidencial de 2024 es que López Obrador ya demostró que está dispuesto a cometer todos los delitos electorales que sean necesarios.
Bajo su personal percepción, eso es lo justo; son la ley y las instituciones quienes actúan en contra de la voluntad de los ciudadanos, por tanto, no están obligados a acatarla.
La marcha del millón de personas fue una cara y pírrica victoria; la batalla por el INE ya está perdida. Viene la guerra…
La puntita
¡Perdimos al Poder Judicial! En su primera declaración como Presidenta del TSJE, la magistrada Lizbeth Jiménez Aguirre prometió a quienes la impusieron que seguirá “lineamientos y posturas” del Presidente y el Gobernador. La justicia al servicio del poder y la persecución política serán la norma. |
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