Hablar de una epidemia de dengue en Veracruz no es un eufemismo sino una caótica realidad. En pocas semanas, la enfermedad se ha propagado en prácticamente todo el estado, afectando simultáneamente a miles de personas. Veracruz sigue siendo el primer lugar nacional en casos registrados y en el número de defunciones.
Según el Panorama Epidemiológico de Dengue 2019 emitido por la Secretaría de Salud federal, con corte al 7 de octubre pasado, se han confirmado un total de 6 mil 678 casos y 15 fallecimientos por dengue en el estado; el número de personas contagiadas representa el 29% de los registrados a nivel nacional; es decir, casi de cada tres mexicanos enfermos de dengue, uno es veracruzano.
Del total de casos confirmados en la entidad veracruzana, 5 mil 862 corresponden a dengue no grave, 653 a dengue con signos de alarma y 150 a dengue grave; además, se tienen detectados al menos 33 mil personas probables con la enfermedad. Veracruz presenta la incidencia nacional más alta por cada 100 mil habitantes con 80.54.
Además de encabezar la estadística por el número de casos y de fallecimientos por el contagio de esta enfermedad, Veracruz se distingue porque representa el único estado del país donde se encuentran circulantes los cuatro serotipos del padecimiento.
Por esta razón, la semana anterior los diputados veracruzanos Anilú Ingram, Manuel Limón, Juan Ortiz Guarneros y un servidor presentamos una proposición para que el gobierno federal declare una emergencia sanitaria por la epidemia de dengue, y con ello se asegure la atención médica suficiente y oportuna a las personas que han contraído a la enfermedad y a la población en riesgo.
Gracias a esta iniciativa, todos los partidos políticos que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordaron hacer un exhorto al gobierno federal para que se atienda pronta y expedita en el estado de Veracruz la epidemia de dengue que ha puesto en riesgo la salud pública.
Otras entidades federativas como Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo también se sumaron a esta iniciativa ante el problema que enfrentan.
En el documento se incluye un llamado al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para que establezca un sistema de alerta que permita dar seguimiento a la evolución de la epidemia, así como la elaboración de un plan de difusión e información de carácter preventivo, y al mismo tiempo, se informe por escrito y de manera pormenorizada el panorama epidemiológico del dengue que prevalece en la entidad, señalando las acciones que se realizan para atenderlo.
Las cifras confirman que Veracruz se encuentra en estado de excepción por los casos de dengue y que se requieren acciones intensivas y extraordinarias para detener estos brotes. Es necesario que el gobierno federal atienda sus propias recomendaciones y decrete un estado de emergencia sanitaria que multiplique las acciones de prevención y garantice a los enfermos una atención adecuada y oportuna.
Según la información oficial, en el país ya se confirmaron más de 23 mil casos de dengue, lo que ha provocado hasta ahora la muerte de 72 personas; los casos probables rebasan ya la cifra de 145 mil; eso sin contar a quienes se han atendido en clínicas privadas o de manera particular. De hecho, son cinco las entidades federativas que concentran el 72% de los registros en el país. ¡Tan sólo Veracruz registra más casos que otros 27 estados juntos!
Sin embargo, el gobierno estatal se ha sumergido en la indolencia y la ignorancia. La negligencia de las autoridades del sector salud ha costado la vida a 15 personas –aunque se asegura que ya suman 18 fallecimientos- y la epidemia amenaza con seguir expandiendo a más regiones y a más municipios.
De no intervenir de manera inmediata, el gobierno federal también será responsable de las consecuencias que traiga la epidemia de dengue a la población veracruzana. Tendrá una responsabilidad legal y política el hecho de que, ante la emergencia reconocida por ellos mismos, no se hayan tomado las medidas adecuadas para volver a la normalidad.
La Junta de Coordinación Política actuó con oportuna responsabilidad. El Congreso federal no puede ser omiso ante la situación que prevalece en Veracruz y en algunos otros estados del país.
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