En marzo de 2018, en plena campaña electoral y durante la clausura de la Convención Nacional Bancaria, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador amenazó con desatar la violencia en caso de perder las elecciones. “Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque. El que suelte el tigre, que lo amarre, yo ya no voy a estar deteniendo a la gente”, vociferó entonces.
Hoy, a dos años de distancia, ha sido el propio Presidente quien ha soltado a los feroces tigres de la pandemia, la inseguridad, la corrupción y la recesión económica. Los soltó y no logra amarrarlos, por el contrario, amenazan con devorarlo y junto a él, a todos los protagonistas del circo en que se ha convertido la 4T.
La frase de incipiente domador lo ha perseguido de la misma forma que la tragedia. El 26 de abril, en un video que subió a sus redes sociales, el Presidente nos aseguró que el país había logrado domar a la epidemia por el Covid-19. “En vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal”, dijo con irresponsable optimismo.
Confundir lo horizontal con lo vertical le ha costado al país cientos de muertes. En realidad, el crecimiento ha sido vertical: del 26 de abril al 23 de mayo, el número de muertes por coronavirus pasó de mil 351 a 7 mil 179 –el incremento fue del 531%-, mientras que el número de casos confirmados ha tenido un alza de 448.8%, al pasar de 14 mil 677 contagios acumulados a 65 mil 856.
La semana pasada, durante días continuos, se rompió la marca de contagios y decesos; hoy nuestro país ya está entre los 10 países con el mayor número de muertos en el mundo a causa de la enfermedad, no obstante que la causa de miles de muertes han sido disfrazadas de Neumonía Atípica. El gobierno se ha sentado en el quicio de su arrogancia a ver pasar los cadáveres de miles de mexicanos que pudieron salvar la vida con una respuesta anticipada y eficiente.
Las autoridades de salud no tienen ningún plan emergente: los hospitales públicos –lo mismo que los privados- se saturan, los pacientes esperan por horas en pasillos de hospitales, una cantidad muy importante de personal médico se ha contagiado –más de un centenar han perdido la vida- y no hay médicos suficientes que los sustituyan.
López Obrador tampoco logró domar la delincuencia y la inseguridad. Prefirió refugiarse en la maltrecha jaula de la Guardia Nacional y dejar a los espectadores a merced de las fieras.
De manera irracional, supuso que el aislamiento provocaría un descenso natural de la incidencia delictiva. ¿Por qué los delincuentes habrían de temer más a un virus invisible que a un cuerno de chivo? La violencia se desató y el gobierno decidió claudicar, entregando a las fuerzas armadas una responsabilidad que no es suya, algo que rechazó en el pasado cuando ofreció regresar a los soldados a sus cuarteles.
En marzo y abril vivimos dos de los tres meses más violentos de esta administración. Las cifras son históricas: mientras que marzo se ubicó como el segundo mes más violento del que se tenga registro – hubo 3 mil víctimas de homicidio doloso y 78 de feminicidio en el país-, en el mes de abril se registró el día más violento del año con 105 víctimas de homicidio.
Pero la violencia no sólo está en las calles. En su realidad distorsionada, el Presidente asegura que el aislamiento sólo ha traído fraternidad y no violencia intrafamiliar a las familias en México. Sin embargo, de enero a abril se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado.
El Presidente lo dice porque canceló el presupuesto para los refugios y la protección de mujeres víctimas de violencia. Hoy miles de mujeres en el país viven en riesgo de muerte bajo su propio techo, por lo que han tenido que salir en medio de la pandemia a solicitar protección a un gobierno indolente y misógino.
El tigre de la corrupción también anda suelto. El jueves pasado, el INEGI –el mismo al que proponen obligar a entrar a nuestras casas a revisar nuestro patrimonio-, confirmó que los casos de corrupción crecieron durante el primer año del gobierno de López Obrador.
A consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo total de esas prácticas, eliminadas en el discurso pero multiplicadas en las ventanillas, fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Eso sin contar los miles de compras sin licitación, contratos sin concurso, las asignaciones directas a hijos, amigos, socios y compadres, el tráfico de influencias y el manejo discrecional de los padrones de programas sociales.
El gobierno de López Obrador se ha convertido en un trágico espectáculo circense en donde su domador, la estrella del circo, terminó domado.
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