La investigación realizada por un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana –encabezado por la doctora Rosío Córdova- respecto de la posible desaparición y secuestro de más de veinte estudiantes en los últimos meses, puso al descubierto varios asuntos que preocupan a los veracruzanos.
Entre ellos, podemos decir que continúa la ola imparable de violencia en contra de la comunidad universitaria, que el gobierno de Miguel Ángel Yunes oculta de manera sistemática la cifra de víctimas de este delito, que la Fiscalía General del Estado confunde un estudio demoscópico con una investigación ministerial, y que la nueva víctima de desaparición forzada es precisamente la autonomía de nuestra universidad.
La semana anterior, la reconocida académica y un grupo de investigadores dieron a conocer los resultados del proyecto “UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”, en el que se asegura que se han registrado al menos nueve desapariciones de estudiantes y 27 “levantones”, además de que no cesan la violencia y los robos contra los miembros de la comunidad universitaria.
Resultado de su estudio, Rosío Córdova explicó que la mayoría de los casos de estos delitos no son denunciados y se suman a la “cifra negra” que no es reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE). Dijo que al no haber denuncia, estas cifras son resultados de encuestas realizadas a los alumnos de las cinco regiones donde la Universidad tiene un campus.
Luego de citar a la investigadora Rosío Córdova, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó irresponsablemente que la investigación de académicos de la Universidad Veracruzana sobre los presuntos secuestros y “levantones” cometidos en agravio de estudiantes no es verificable, por lo que archivó una carpeta de investigación, en lugar de iniciar sus propias indagatorias.
A pesar de que las autoridades han descalificado el trabajo de este grupo académico, las cifras oficiales confirman que se han documentado más de 3 mil 600 personas desaparecidas en los últimos años, incluido el de la actual administración, que se niega de manera sistemática a transparentar estas cifras.
Hace algunos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la exigencia de colectivos obligó a que el gobierno de Miguel Ángel Yunes transparentara el número de desaparecidos en Veracruz. En un nuevo reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció 1 mil 200 casos que en siete meses de labores no había contabilizado, según se dio a conocer en diversos medios de comunicación.
La creación del Registro Público de Personas ha servido sólo para disimular el desinterés del gobierno estatal en el tema. Lo cierto es que, extrañamente, no ha reportado casos de desaparecidos ni desapariciones forzadas ocurridas en esta administración. Por también extrañas razones, este Registro sólo se limita a aquéllos casos que sucedieron en gobiernos anteriores al que en este momento tenemos. Para el actual gobierno, Veracruz sigue siendo “Miguel Ángel en el país de las maravillas”.
La investigación fue motivo suficiente para desatar la furia del gobernador, quien a través de la Fiscalía del Estado inició una serie de actos de intimidación y acoso en contra de los académicos sólo por realizar su trabajo. Resulta contradictorio que quien se ha querido asumir como el promotor inicial de la autonomía de la Universidad Veracruzana, hoy sea el supremo violador de esa misma autonomía.
Expreso mi solidaridad a la comunidad de mi Alma Mater, la Universidad Veracruzana, ante la artera violación a su autonomía por parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado. Una vez más, el gobierno de Miguel Ángel Yunes busca culpar de su ineficacia al trabajo y honorabilidad de distinguidos académicos como la doctora Rosío Córdova.
Rechazo cualquier intento de censura e intromisión a la vida universitaria por parte del Gobernador del Estado. Desacreditar la investigación de un grupo de prestigiados académicos coordinados por la doctora Córdova, no va a resolver la violencia ni a devolver a las personas desaparecidas. Eso corresponde a las autoridades de la Fiscalía que no han hecho su trabajo.
Recuperemos la grandeza a nuestra Universidad ante el ataque de un gobierno autoritario. La comunidad universitaria así lo exige.
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