El jueves pasado, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicité que el Congreso de Veracruz ordene fiscalizar los recursos de la hacienda pública del municipio de Minatitlán, debido a la existencia de casos documentados de corrupción.
Tan sólo en el primer año del gobierno de Nicolás Reyes Álvarez (Morena) en Minatitlán, se acumularon observaciones por conflicto de interés, debido a que todas las obras aprobadas se hicieron a través de adjudicaciones directas sin licitación alguna y ahora se conoce que el presupuesto autorizado por el municipio, no coincide con las cifras de inversión directa a las obras.
Las irregularidades también se amplían a otras áreas, como los saldos de presupuesto no ejercido, los reintegros al gobierno federal cuyo monto se desconoce, la existencia de expedientes unitarios de obras y la falta de un padrón transparente de contratistas. Hay opacidad en la asignación de 21 obras públicas -aulas educativas en jardines de niños, primarias y una telesecundaria- que iniciaron en 2019 y no han concluido; algunas de ellas presentan menos del 50% de avance y representan 26 millones de pesos del presupuesto municipal.
La ley y el sentido común obligan a la intervención inmediata del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la Fiscalía Anticorrupción y el Congreso del Estado para realizar auditorías financieras a la tesorería municipal y auditorías técnicas a la totalidad de obras públicas.
Pero Minatitlán no es el único municipio gobernado por Morena que ha provocado el rechazo y la inconformidad social. La propia capital Xalapa y Coatzacoalcos se han convertido en ciudades víctimas de la delincuencia e inseguridad, abandonadas en su infraestructura urbana y con una prestación de servicios públicos cada vez más cara y deficiente, sin contar los casos de corrupción.
Xalapa, por ejemplo, apenas el año pasado fue el quinto municipio a nivel nacional con el mayor número de muertes violentas de mujeres. La capital del estado es la ciudad donde se cometen más feminicidios, en el estado que encabeza este delito en todo el país. En respuesta, el alcalde pagó millones de pesos en capacitación de la policía municipal, a la que no enseñaron siquiera a utilizar su armamento.
Además, pese a que se ha convertido en una ciudad sucia y llena de baches, el gobierno municipal también ha devuelto en varias ocasiones al gobierno federal recursos que no se ejercieron. Hoy -luego de una disputa legal estéril y caprichosa- pretende ampliar el relleno sanitario de El Tronconal, el mismo que tuvo que reabrir cuando municipios vecinos le negaron el permiso se depositar la basura.
Coatzacoalcos es un tema aparte. El antiguo Puerto México se ha convertido en una ciudad fantasma producto de la inseguridad y la crisis económica; los secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto han provocado el éxodo masivo de sus habitantes y el incremento del desempleo; centenares de comercios y empresas han tenido que cerrar, ante un gobierno municipal rebasado.
La percepción de inseguridad de los habitantes de Coatzacoalcos aumentó durante los primeros tres meses del 2020 en relación al último trimestre del año pasado, lo que ubicó a esta ciudad como la tercera considerada más insegura del país. Esto luego de la trágica noche del Caballo Blanco y las ejecuciones que se registran a diario, incluso en lugares públicos y a plena luz del día.
Sobre el Ayuntamiento que encabeza Víctor Carranza Rosaldo, compadre de la Secretaria de Energía Rocío Nahle, pesan denuncias públicas por corrupción, nepotismo y tráfico de influencias. Recientemente, constructores afectados revelaron que han tenido que recurrir a sobornos debido a lo que calificaron como excesos en la supervisión de obras.
Hoy los tres municipios están entre los primeros seis lugares en el registro de casos de Covid y decesos por esta enfermedad en Veracruz. No hubo prevención ni estrategia; acaso el alcalde xalapeño se puso a abrir fosas para inhumar cadáveres, preocupado más por su destino final que por salvar la vida de las personas.
Desde el inicio de las administraciones morenistas, la regla ha sido la misma: las decisiones se toman de manera improvisada, toleran las omisiones administrativas y se empeñan en no cumplir lo que mandatan las leyes, lo que ha provocado un desastre económico, social y un crecimiento de la corrupción.
Hoy la mayoría de los alcaldes de Morena resultan un lastre para su partido, pero sobre todo, son una verdadera pandemia para los municipios que gobiernan. La confianza ciudadana la correspondieron con arrogancia y corrupción. Su paso por la administración será efímero y de triste memoria.
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