Contrario a la impresión que intenta imponer el gobierno federal, el debate sobre un nuevo federalismo y una nueva coordinación fiscal no es nuevo; no se trata de una súbita insurgencia de los gobernadores en contra del Presidente, sino de la necesidad de ajustar un modelo de organización política y fiscal a las necesidades de los gobiernos estatales y sus municipios.
En el caso de Veracruz, es urgente que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sume a la exigencia de un federalismo que favorezca la inversión y el desarrollo de nuestro estado; conformarnos sólo con los programas sociales que “generosamente” envía el gobierno federal, es renunciar a la defensa del patrimonio de los veracruzanos, desconocer la aportación que hacemos la riqueza del país y someterse a la voluntad personal del Presidente.
El federalismo no debe significar un conflicto entre gobernantes, muy por lo contrario debiera representar un acuerdo para una justa coexistencia del gobierno federal y los de las entidades estatales. Como se ha venido haciendo desde hace algunos años, la iniciativa federalista de un tercio de los gobernadores del país busca devolver facultades y competencias a los estados, muchas de las cuales fueron ilegítimamente usurpadas por una federación centralizadora.
La adhesión al sistema de coordinación fiscal por parte de los estados no es un cheque en blanco. Tampoco es una actitud parasitaria y pordiosera frente al gobierno federal. Las participaciones que reciben no son actos de generosidad del Presidente sino que es la retribución que permite solventar la pérdida de ingresos por ceder potestades tributarias al gobierno federal.
Lo que piden los gobernadores es revisar estas potestades tributarias y la reciprocidad que reciben. Veracruz es un estado muy rico pero con una gran cantidad de personas que viven en la pobreza. Esto no sólo es resultado de la corrupción sino también de una coordinación fiscal que nos devuelve apenas una diminuta parte de la riqueza que generamos.
¿Se imaginan los recursos que tendría Veracruz con un federalismo fiscal que le permitiera recaudar impuestos por las aduanas, la actividad portuaria, así como la industria eléctrica y energética?
Hoy la caída inevitable de la recaudación federal participable, la reducción del gasto federalizado y la centralización de recursos por parte de la Federación obliga a replantear el modelo de coordinación fiscal. La factura por la crisis económica y las consecuencias por el pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, no se puede endosar a los gobernadores a través del sacrificio de sus aportaciones y participaciones.
Como lo han planteado los gobernadores de la Alianza Federalista, es necesario reformular un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de atribuciones, responsabilidades y deberes claramente delimitados, que permita el fortalecimiento de las capacidades locales y que multiplique los esfuerzos institucionales para detonar el desarrollo sustentable con un enfoque regional.
Lamentablemente, la riqueza que están generando los estados, el gobierno federal lo distribuye en función de sus intereses políticos y obstinaciones personales. El recurso que se entrega a las entidades debería ser equitativo a su productividad, lo cual estimularía, en primer lugar, su crecimiento y, obviamente, el bienestar de su población, llevando a cada estado a competir por una mejor recaudación.
Veracruz, como el resto de los estados de la República, necesita una efectiva descentralización en los recursos destinados a programas de cobertura federal; un nuevo acuerdo nacional para una justa distribución acorde a las realidades sociales y la aportación que realizan; y evitar la excesiva concentración de decisiones por parte del gobierno federal, la cual limita y subordina el desempeño de los gobiernos estatales y municipales. Un pacto que ofrezca respeto mutuo a sus soberanías.
En dos años de gobierno, ha quedado demostrado que la 4T no hace mejor las cosas, no es un recaudador más eficiente que las entidades federativas y tampoco tiene el criterio efectivo para decidir en qué gastar el dinero de los mexicanos. Tampoco han acreditado que sean más honestos y menos aún que hayan desterrado la corrupción.
Los resultados de la Cuenta Pública del primer año del gobierno federal y estatal mostrarán una honestidad con pies de barro.
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