EN EL asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán ejecutado la noche del sábado cuando inauguraba un evento inherente al Día de Muertos -en pleno centro de la ciudad-, hay por lo menos dos sospechas que no se han aclarado: 1.-Si ya estaba detenido y sometido el sicario que le arrebató la vida, de acuerdo a lo que se mira en videos, ¿quién ordenó matarlo cuando se trataba de la pieza fundamental para llegar hasta el autor o autores intelectuales del alevoso crimen? Y hay sospechas porque la policía conoce de esos protocolos, y quedó de manifiesto cuando Mario Aburto Martínez le disparó en la cabeza a Luis Donaldo Colosio Murrieta aquel 23 de marzo de 1994, o mucho antes, 17 de julio de 1928, cuando el caricaturista José de León Toral ejecutó al general Álvaro Obregón Salido en el restaurante la Bombilla de la Ciudad de México, disparándole, también, en la cabeza. En ese como en el caso anterior, hubo quienes quisieron asesinar al sicario en el lugar de los hechos, pero se impuso la congruencia y se les dejó vivos para interrogarlos. En el crimen de Manzo Rodríguez ocurrió lo contrario; el asesino identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate", un joven de entre 17 y 19 años fue acribillado en lugar de los hechos tras ser dominado, como si buscaran ocultar algo que acaso ya nunca se conocerá y, 2.-Dónde estaban los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la seguridad del fallecido munícipe, cuando por inercia deberían saber que en lugares públicos, así como han asesinado a varios ediles en Michoacán y el País, debieron tener al menos dos cercos para resguardarlo, si es que esa era la consigna. Porque los asignados a su seguridad no se ven por ninguna parte, y solo elementos de la policía municipal “cuidaban” a Carlos Manzo, aunque muy dispersos como se vio al momento que se abalanzaron contra el ahora fallecido que acaso no tuvo el contacto directo con los verdaderos autores, y quizá por ello el esclarecimiento nunca llegue, como ha ocurrido con el crimen del líder limonero Bernardo Bravo –ocurrido días antes- y la desaparición del ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa, el domingo, tras pronunciarse contra el asesinado de Manzo.
PORQUE, AUNQUE se maneja “descuido” de la seguridad en la consumación del crimen, si fuera así se trataría de una desidia imperdonable, tomando en consideración que Manzo Rodríguez era un alcalde de alto riesgo, pero no solo eso: hay el antecedente de 10 munícipes asesinados en Michoacán y otros Estados en los últimos cuatro años, y antes que él cayeron Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, víctima de un ataque a balazos cuando estaba por entrar a su casa el 20 de octubre de este año; la alcaldesa Martha Laura Mendoza asesinada el 17 de junio en la cabecera municipal de Tepalcatepec, Michoacán, atacada a balazos, muriendo, junto a ella su esposo, mientras que el hijo de 17 años quedó gravemente herido. Lilia Gema García Soto presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada a balazos el 15 de junio en las instalaciones del Palacio Municipal. Salvador Bastida García acribillado en Michoacán en un hecho similar al de Manzo. Bastida era presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán y le dispararon mientras salía de una taquería. Isaías Rojas Ramírez fue asesinado el 27 de mayo. Era presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero. De acuerdo a los indicios, fue víctima de un intento de robo en carretera por el que le dispararon, lo que provocó su muerte el 2 de junio. Mario Hernández García fue víctima de un ataque armado cuando viajaba en una patrulla el 15 de mayo pasado. Era alcalde de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. El edil iba de regreso a su casa luego de participar en las festividades de la localidad de Llano del Tigre, una de las zonas más pobres del país.
OTROS CASOS corresponden a Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, ejecutado a balazos en la carretera Valles-Tamazunchale junto con su secretario particular y dos escoltas, el 15 de diciembre de 2024. Algunos reportes indican que el hombre detrás de su asesinato fue José Guadalupe Aguilar, exalcalde de la misma localidad, quien fue detenido e imputado por el caso. Román Ruíz Bohórquez asesinado el 15 de octubre de 2024. Era presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, y su asesinato ocurrió a las afueras de su domicilio. A Alejandro Arcos Catalán lo encontraron decapitado en octubre del 2024, luego de que presuntamente se negó a cooperar con el crimen organizado, especialmente con el cártel de ‘Los Ardillos. Su caso fue de los más polémicos ya que lo asesinaron cinco días después de haber tomado protesta.
AHORA QUE, Veracruz tampoco ha escapado a la violencia, ya que los primeros meses del año ha cobrado la vida de más de 20 funcionarios, candidatos, servidores públicos y actores políticos en distintos municipios del estado. La mayoría de estos crímenes estarían relacionados con ataques directos del crimen organizado o, incluso, de la delincuencia “autorizada”. De esa manera, este año inició con el asesinato de Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación en Camerino Z. Mendoza. Semanas más tarde, el secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho, Carlos Ramsés Neri Rodríguez y su hermano, fueron hallados sin vida en un cañal luego de varios días desaparecidos. El 29 de abril, Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui fue ejecutado en su domicilio; en el atentado resultaron heridas dos mujeres y un menor de edad. Días antes, el director de Desarrollo Económico de Amatlán, Miguel Bartolo Moreno habría sobrevivido a un ataque armado. El 30 de abril, fue asesinado Ángel Federico Mota Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Paso de Ovejas, y el 6 de mayo, fue baleado Bladimir García Soriano, director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán. En ese mismo mes también fueron ejecutados Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec y los exfuncionarios de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez baleados al regresar de un evento político. A la lista se han sumado otros actores políticos después de las elecciones del pasado 1 de junio. Sin embargo, la violencia no solo ha alcanzado al ámbito político. En junio fue asesinado Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan y, en agosto René Vergara, titular del penal de La Toma. Ambos fueron emboscados cuando se desplazaban en vehículos oficiales. En paralelo, 17 elementos policiales estatales y municipales han perdido la vida en distintos enfrentamientos o emboscadas. Una de las más graves ocurrió en marzo sobre la autopista Cosamaloapan–Cosoleacaque, donde un oficial identificado como “Tucán” murió tras ser baleado en una patrulla de la SSP. Apenas el pasado 1 de noviembre, en plenos festejos del Día de Muertos, fue asesinado Efraín Ruiz, agente municipal de Cerro Colorado, cuando viajaba en su camioneta por la zona de Carrizal, municipio de Emiliano Zapata. Hasta el momento, la mayoría de estos ataques permanecen bajo investigación, sin que se hayan confirmado detenciones por parte de las autoridades estatales.
POR ESO llama la atención que la Presidenta Claudia Sheinbaum siga culpando a los ex Presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de la violencia que ahora se vive, y omita al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador que enarboló su afamada consigna de “abrazos no balazos”, lo que permitió que el crimen organizado se fortaleciera, más aun cuando acudió a dialogar con la mamá del “Chapo” Guzmán y evito combatir a las bandas delincuenciales. MoReNa –con López Obrador y Claudia Sheinbaum- lleva seis años en el poder, y la mandataria actual sigue con el mismo estribillo lopezobradorista: se llegará hasta las últimas consecuencias, no habrá impunidad y, bla bla bla, pero la criminalidad brutal sigue en aumento. Así de simple.
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OTRA DEMOSTRACION de que en la 4T hasta los pecadores más conspicuos son perdonados con solo aliarse a ese movimiento es, sin duda, el caso de Joana Marlen Bautista, quien pese a estar inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos, fue, presuntamente, nombrada coordinadora de Compras en el Extranjero del Metro de la CDMX por el, también, ex priista Adrián Rubalcava, director del Metro. Bautista tiene abierto un proceso en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta contratación de empresas fantasma cuando fungió como directora administrativa del Tribunal Superior de Justicia. Ni hablar, a portarse mal para que sean premiados. OPINA carjesus30@hotmail.com
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