LA CORRUPCIÓN es el abuso de cualquier posición de poder sea público o privado, con la finalidad de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual, algo en lo que siguen incurriendo políticos como Adán Augusto López Hernández, Alejandro Moreno Cárdenas, Cuitláhuac García Jiménez e infinidad de alcaldes quienes, por vergüenza, debieran renunciar a sus puestos, los primeros en el Senado e, incluso, Alito como dirigente Nacional del PRI. Y es que, en términos más escuetos, la corrupción se asocia con la utilización de un cargo público o privado para lograr un beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros (acumulación de bienes muebles, inmuebles y hasta abultadas cuentas bancarias cuya justificación no cuadran con la realidad). Ahora bien, si el dinero que se ha presupuestado para que funcionen los servicios públicos o se construyan hospitales, escuelas o carreteras, es utilizado para abultar la cuenta bancaria de una persona servidora pública, o para financiar campañas o candidaturas política, se frena el desarrollo nacional y se traiciona al pueblo, algo que ocurría y sigue ocurriendo con el Movimiento de Regeneración Nacional. También incurre en corrupción cualquier persona servidora pública que, violando la ley, otorga una concesión indebida a otra persona a cambio de que ésta le dé dinero o le proporcione alguna prerrogativa (lo que ocurrió con Cuitláhuac y, seguramente, seguirá ocurriendo en Cenegas). Esa práctica, por supuesto, involucra a dos partes: la persona servidora pública y el particular. Y lo anterior viene a colación, porque no obstante que los Gobiernos Estatales, el de Veracruz, por ejemplo, y los municipales cuentan con contralores internos y hasta fiscalías anticorrupción, ese fenómeno se sigue gestando en todos los órdenes administrativos, provocando severos descalabros a instancias que deberían usar el dinero para lo que es, y no para devolverlo, como lo hizo el ex Gobernador García Jiménez para quedar bien con el, entonces, Presidente y en reciprocidad, la Presidencia Claudia Sheinbaum, adoctrinada por el antecesor, en lugar de investigar y castigar el delito, premió al ex Gobernante con un cargo Federal donde ha logrado colar a 24 ex colaboradores.
PERO NO solo Cuitláhuac se benefició del poder y fue beneficiado por beneficiar al ex Presidente López Obrador; a escala, son infinidad de dependencias cuyos titulares han decidido hacer honor a la corrupción, como lo demuestra la cuenta pública 2024, en la que se ha detectado un daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos, y entre otras se encuentran la Universidad Veracruzana (que sigue regenteando el mismo espurio rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien ha incurrido en sub ejercicios, y en presunto daño patrimonial de 1 millón 407 mil 317.86 pesos, además de observaciones de carácter administrativo, pero no es el único en esas circunstancias. Hay por lo menos cinco dependencias estatales, 171 municipios, 34 organismos públicos descentralizados y ocho entidades paramunicipales las que resultaron con observaciones por presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024, que en conjunto suma 2 mil 311 millones 380 mil 833.74 pesos, inconsistencias que han sido reveladas por el Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) en su informe anual, entregado al Congreso del Estado.
EN EL desglose, las auditorías realizadas a 310 entes fiscalizables arrojaron irregularidades que podrían constituir daño patrimonial en 41 dependencias estatales, 171 municipios, ocho paramunicipales y decenas de organismos descentralizados. Las revisiones abarcaron finanzas, obra pública y manejo presupuestal mediante pruebas y muestras selectivas. Es indiscutible que la corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas, pues la sociedad se dice así misma: ¿Para qué pago impuestos si los políticos se los roban?”, además de que degrada valores y bienes comunes: “¿Por qué debo ser honesto, como funcionario o como alcalde o alcaldesa, si mis colegas ya se enriquecieron en su cargo y yo aún no? Lo cierto es que la corrupción entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona. La ciudadanía, que espera contar con un hospital, escuela o carretera, se queda sin bienes y servicios indispensables y, por otra parte, si un servicio público se concesiona a quien pagó una mordida y no a quien ganó una licitación apegada a la ley, el servicio acaba por ser defectuoso y la población ve reducido su nivel de vida, lo que se traduce en pobreza y desigualdad: los programas sociales desaparecen, los subsidios no se concretan y el dinero con el que iba a financiarse un proyecto de bienestar social, acaba en un negocio privado o en el financiamiento de una campaña política, donde muy pocas personas salen ganando. En fin, esto no tiene para cuando acabar. Y solo para que tenga una idea: el mayor monto observado corresponde a los municipios, donde se detectaron irregularidades por 1 mil 476 millones 63 mil 654 pesos. En total, 171 de los 212 ayuntamientos presentaron señalamientos que van desde inconsistencias administrativas hasta posibles desvíos, y entre estos se encuentran Córdoba, Cosoleacaque, Coatepec, Papantla, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Xico y Zongolica, además de Fortín, Naranjos Amatlán, Ixhuacán de los Reyes, Pánuco, Jilotepec y Poza Rica, entre muchos otros, pero tenga usted la seguridad que sin de MoReNa nadie pagará las consecuencias, salvo que hayan sido arrebatados por la oposición. Así de simple…
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LUEGO DICEN que nadie les advirtió en torno a corrupción de sus funcionarios –como el ex Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y el caso de su ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez, líder del grupo delincuencial, la barredora-, o si les avisaron se hicieron los enojados porque ya estaban inmersos en esos negocios, y este último es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca Cabeza, quien alertó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la complicidad de autoridades con cárteles, de acuerdo a documentos revelados por el ex diputado Federal, Guadalupe Acosta Naranjo. Y es que el ex legislador dio a conocer una carta de 2020 del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregada al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuya misiva solicita apoyo federal para combatir el huachicol en Tamaulipas, denunciando la protección que recibían los criminales por parte de alcaldes y gobernadores. Además, destaca que la Fiscalía de Tamaulipas integró carpetas contra líderes criminales y logró la recaptura de delincuentes que habían sido liberados tras detenciones federales.
ACOSTA NARANJO acusa que “López Obrador expropió el huachicol para Morena”, insistiendo en la conexión entre el crimen organizado y el financiamiento de campañas políticas. De esa manera, el entramado del huachicol fiscal en México volvió a poner en el centro del debate nacional a partir de la carta que se examinó en Aristegui en Vivo, donde el exgobernador detalla nombres de líderes criminales y denuncia que, a pesar de las órdenes de aprehensión, las detenciones realizadas por autoridades federales terminaron en liberaciones, dificultando la contención del narcotráfico fiscal en el estado. Alfredo Figueroa, analista político, cuestiona: “¿quién sabía y desde cuándo tienen conocimiento de estos hechos?” Al respecto, enfatiza que “la carta revela que el expresidente tenía conocimiento formal del huachicol fiscal y su entramado, pero no actuó para detenerlo”. En ese periodo solo de IEPS e IVA se dejaron de pagar más de 130 mil millones de pesos, lo que lo calificó Figueroa como “el desfalco más grande del que se tiene memoria”. Y todo eso lo sabía AMLO y lo ocultó, y hasta se molestó con Cabeza de Vaca. Vaya casos…OPINA carjesus30@hotmail.com
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