El cerco de Estados Unidos contra México se va cerrando día con día. La segunda lista de capos solicitados por Estados Unidos que merecieron el destierro ilegal pero necesario, indica claramente que el gobierno del norte tiene muy definida su hoja de ruta.
Para los norteamericanos, el gobierno mexicano es un narco gobierno. El estado mexicano es un narco estado que no controla la mayor parte del territorio nacional, un gobierno que no proporciona seguridad ni física ni jurídica a sus habitantes, un gobierno dedicado no sólo a saquear las arcas públicas, sino también dedicado a hacer negocios o cuando menos solapar empresas criminales.
Esa narrativa para consumo del votante americano permite que paulatinamente sea más sencillo aceptar alguna intervención en México, ya sea mediante ataques de drones o misiles contra personajes específicos, e incluso operaciones encubiertas en las cuales fuerzas especiales lleguen a algún lugar del país, enfrenten a guardias hostiles y secuestren a personajes que la justicia americana, los militares o los marines decidan.
La situación empeora para la presidenta, porque por un lado debe mantener el discurso de soberanía nacional, pero se vuelve muy complicado cuando no está enterada previamente de las acciones a tomar por los norteamericanos. Y no puede estarlo porque ellos saben que el grupo de seguridad está infiltrado, y pondría en riesgo el resultado de sus operaciones. La experiencia indica que cuando se avisa al gobierno mexicano de una acción contra un criminal, éste recibe el aviso previamente y evita que tengan éxito.
Es muy difícil pensar en una invasión como las que conocemos históricamente, ya que el pueblo norteamericano es cada vez más reacio a aceptar bajas norteamericanas en acción. Así que la intervención si es que se lleva a cabo, será con tiros de precisión y con alta tecnología, al grado de que en muchas ocasiones ni siquiera el pueblo mexicano se enterará de lo que sucedió. Un misil caído en el triángulo dorado, o en la sierra de Sinaloa pasará desapercibido para el gran público. Lo cual simplificaría un poco las explicaciones que habría de dar la presidenta.
Pero el problema es que Estados Unidos vendrá por unos cuantos, quizá menos de cien personajes de primer nivel. Pero sus acciones tendrán un efecto muy fuerte que va a obligar a recomponer tanto a las empresas criminales como sus objetivos.
Imagina que eres el segundo de una organización criminal, y ya no puedes traficar drogas a Estados Unidos. Pierdes una rama de tu negocio, y además se llevaron al jefe de jefes. Ahora tú estás al mando, o diez como tú, y el grupo se fracciona. ¿Cuáles serían las consecuencias?
Primero una guerra entre las distintas facciones para buscar consolidar otra vez el poder en los territorios que consideran propios. Veamos hoy a Sinaloa y entenderemos la gravedad del problema. Pero no es el único, el siguiente problema es la diversificación. Acostumbradas las empresas criminales a generar un flujo importante de recursos que les permite pagar a todos los personajes que de dicha organización dependen, tendrán que buscar otras fuentes de financiamiento.
La lógica es el tráfico de personas, pero parece que ese negocio también dejará de florecer. Así que no les quedará más opción que voltear al mercado nacional. Y con ello incrementar la venta de drogas en todos lados, continuar con el cobro de piso y extorsión y desarrollar cualquier otro tipo de actividad criminal que ayude a compensar los ingresos que perdieron por no llevar drogas ni personas a los Estados Unidos.
Para las personas comunes y corrientes, esto implica que habrá incremento brutal en la inseguridad, de la cual pocos podrán escapar. Para las autoridades un reto aún mayor, ya que si hoy no pueden (y creo que no quieren), controlar a las bandas delictivas, ¿Qué van a hacer cuando se fragmenten e incrementen sus actividades en territorio nacional? Sabemos que la incapacidad del gobierno es enorme, y crecerá aún más.
Así, sin policías estatales y municipales que no estén al servicio de los criminales, fiscalías inoperantes y sin recursos, administración de justicia con personajes comprables como es la mayoría de los nuevos jueces, y con áreas como el ejército y la guardia nacional contaminadas parcialmente por el crimen, tendrán el reto de proporcionar seguridad y justicia a los mexicanos, a sabiendas de que son incapaces de lograrlo.
La reacción de la población puede ir desde no hacer nada, a pasar a protestas con cierto grado de violencia, con el fin de obligar al gobierno que reaccione. Pues quedará claro que la acción de los vecinos del norte va únicamente en contra de aquéllos que les incomoda. La suerte de los mexicanos ante las amenazas presentes y futuras que van a surgir de sus operaciones es algo que no les importa en lo más mínimo.
Sólo falta esperar y ver si la presidencia de la república está consciente del reto que se avecina y si será capaz de tomar las medidas adecuadas para prevenirlo o minimizar sus efectos.
Mientras tanto, al ciudadano común solo le queda cuidarse, y en caso de hacer justicia por su propia mano, ser muy cuidadoso para borrar la evidencia y pasar a ser una estadística más de la impunidad que impera en el país.
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