En el imaginario colectivo, cuando el semáforo está en rojo, es cuando hay mayor riesgo de contagio. Si el semáforo cambia a naranja, la población lo interpreta como que el riesgo de contagio comienza a disminuir. Esa es la lógica por encima de cualquier explicación que pudiera dar la autoridad de salud federal.
Cuando alguien ve el color con que está pintado el país, generaliza la situación a todo el país, acorde al color, rojo o naranja. De manera inteligente, ya se señala por estados el color de riesgo, que para la población es lo más fácil de comprender. Pero aún así, los colores varían por municipio y por región en cada estado.
Ya ha quedado claro que iniciamos el cierre y cuarentena de manera equivocada, pues se aplicó lo mismo a todo el país, a pesar de que los momentos de la pandemia son diferentes para cada región. Así, zonas que no tuvieron un infectado a lo largo de dos o tres meses, desgastaron a la población y a su economía con el encierro. Ahora cuando apenas está iniciando la etapa de contagios masivos, es cuando el gobierno decide abrir y marcar como naranja muchas zonas que en realidad deberían de estar en rojo.
Incapaz de reconocer que cometió un error y así explicarlo a la población, se opta por reanudar la actividad económica, reconociendo una innegable realidad: La mayoría de los mexicanos vivimos al día, no podemos estar sin salir a trabajar, porque de ahcerlo así, simplemente no tendríamos dinero para comer.
Al inicio de la pandemia, se insistió mucho en que era necesario tener políticas públicas agresivas para salvar a aquéllos que pudieran morir por COVID. Se pidió una y otra vez al gobierno federal otorgar una renta básica, ya fuera por persona o por familia, para así detener la pandemia, evitando la cadena de contagios. La solución era sencilla y barata. Sin personas en la calle, en 21 días se acabaría la transmisión del virus en el país, y podríamos reanudar nuestra vida cotidiana, con las debidas precauciones.
En lugar de ello, el gobierno decidió actuar como observador de la pandemia, e incluso promotor, al permitir la llegada de viajeros de países ya envueltos en contagios masivos; al decidir no realizar pruebas, las cuales hubieran servido para llevar a la cuarentena EXCLUSIVAMENTE a aquéllos contagiados y a su cadena de contactos. La decisión tomada fue claramente equivocada. Hoy los costos de no apoyar a la población más vulnerable económicamente se miden en miles de muertos (mas los que se acumulen), los costos medidos en pérdidas de empleos son abrumadores, y costará mucho tiempo y dinero recuperar esos empleos formales; los costos a nivel economía nacional son brutales, la pérdida de 10% o más de la riqueza nacional medida en el PIB, lo cual no se recuperará a lo largo de todo el sexenio.
Otorgar una renta básica a cada mexicano o a cada familia, establecer reglas estrictas para que solo salieran a la calle previa autorización hubiera sido considerado por la oposición como autoritarismo, sin embargo, en casos excepcionales y cuando de salvar vidas y haciendas se trata, deben de aplicarse medidas excepcionales también. Gobernar implica ejercer el poder que fue otorgado de manera democrática. Un gobernante no puede renunciar al ejercicio del poder. Hoy y a lo largo de quizá 30 años, pagaremos el precio económico, el de vidas humanas será irrecuperable.
Originalmente y en base a criterios científicos y conforme informaron las autoridades federales cuando iniciaron el proceso denominado ¨nueva normalidad, el semáforo obtiene su color en función de el grado de transmisión comunitaria, evaluación de la curva de contagios, la conectividad intermunicipal, el tamaño de la población, la densidad poblacional, la capacidad resolutiva de salud (disponibilidad hospitalaria real), edad promedio poblacional, prevalencia de enfermedades crónicas. Lamentablemente el criterio ha sido modificado por razones políticas de el gobierno en turno.
Actualmente según los reportes de la secretaría de salud, ¨los colores son determinados con base en la ocupación hospitalaria y la condición de los pacientes.¨ Este cambio a determinar colores basados en disponibilidad hospitalaria, genera enorme confusión en la población y la expone a mayores contagios, pues presuntamente se basa a la ocupación hospitalaria, parámetro que es totalmente manipulable por parte de la autoridad, ya que se aumenta el número de camas de manera indiscriminada. Camas que en su mayoría están vacías, pero no por no estar disponibles, sino porque no cuentan con el personal y los insumos necesarios para su correcto funcionamiento como camas de hospital.
Descaradamente el gobierno al cambiar el criterio para definir el color del semáforo, deja claro que lo único que le preocupa es tener camas disponibles, y evitar el presunto colapso de los sistemas de salud pública. Pareciera que la meta es tener suficientes camas, sin importar que en esas camas no se pueda atender correctamente a los enfermos COVID. Lo más grave, es que la señal que se envía al público implica un total desinterés por reducir los contagios. Parecen decir: ¨no importa que te contagies, no importa que te mueras, lo único importante es que podamos presumir que no se colapsó el sistema de salud¨.
Algún día terminará la pandemia. Parece que en tiempo de frío se va a agudizar el problema de salud, ya que el calor ralentiza la transmisión del virus (ojo, no la evita). Cuando termine todo, habremos de evaluar los daños, y la falta de control de los mismos por parte del gobierno federal. Los estatales y municipales, ante la reducción de participaciones y la falta de capacidad técnica y científica a nivel estatal y local, poco pueden hacer. Los protocolos, las reglas de convivencia deben de ser emitidas por el gobierno federal, que ante el fracaso de su política de salud pública, ha preferido dejar la responsabilidad en estados y municipios sin capacidad para asumirla.
Desde diciembre sabíamos que llegaría la pandemia. El presidente dijo públicamente que estaba preparado su gobierno para enfrentarla. Al día de hoy no tiene protocolos ni para dispersar recursos de apoyo a adultos mayores sin ponerlos en riesgo. Se han realizado compras de emergencia a precios elevados de insumos médicos. La protección de los miembros de los servicios de salud ha brillado por su ausencia, dando como resultado la mayor proporción mundial de trabajadores de salud fallecidos en la lucha contra la infección. Se sigue insistiendo en la inutilidad del cubrebocas y la careta, cuando TODO el mundo camina en sentido contrario, y lo mismo sucede con las pruebas. Tal parece que el gobierno prefiere asumir mayor daño económico y mayor pérdida de vidas, que reconocer su error y rectificar.
Sugiero hacerle caso a las recomendaciones de gobiernos de países que han logrado contener exitosamente la pandemia, y analizar detalladamente las recomendaciones del gobierno mexicano, por tu bien y el de tu familia.
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