Por José Miguel Cobian
Durante varios sexenios, los mexicanos estuvimos acostumbrados a que el presidente de la república entendiera de economía, o cuando menos escuchara a sus asesores económicos. Hoy tenemos a un presidente que no entiende como funciona la economía, quien se considera poseedor de la verdad absoluta, y solo somete su criterio cuando un poder superior lo amenaza, como hemos podido comprobar en el caso de Culiacán o en el caso de los migrantes.
El que el presidente no entienda de economía, aunado a la imposibilidad de que reconozca que se ha equivocado, ha llevado a México a un estancamiento económico que por lo que se pronostica para 2020 representará una pérdida de crecimiento económico del orden de 4 a 5 puntos del PIB en dos años. Es decir, en dos años de éste gobierno habremos dejado de generar entre 900,000 millones de pesos y 1 billón cien mil millones de pesos.
Si la economía no crece, la generación de empleos tampoco crece, cuando México necesita cuando menos un millón doscientos mil empleos cada año, para atender la oferta de nuevos posibles empleados que se unen cada año a la economía. Mas grave aún, si la economía no crece, no crece la recaudación de impuestos, y con ello, los proyectos de reparto de riqueza que lleva el gobierno irán derechito al olvido. En 2019 y 2020 se ha podido continuar porque se ha utilizado dinero del fondo catastrófico, ahorros que durante 25 años el gobierno ha realizado para enfrentar cualquier problema grave, ya sea una epidemia, un desastre natural o problemas económicos mundiales. Fondo que quizá para 2021 desaparezca y no tendremos con que enfrentar algún incidente no previsto.
Andrés Manuel tiene cierto resentimiento ante empresarios que han sido rentistas sobre todo durante el período del presidente Calderón y los dos primeros años del presidente Peña, durante el cual, los más ricos de México según Forbes, pasaron de poseer el 2% de la riqueza nacional al 9%. El problema que vemos, es que son esos mismos empresarios los que hoy están haciendo negocios con el gobierno de México. Y los que son rechazados, son los pequeños y medianos empresarios, no sólo en el gobierno federal sino en los gobiernos estatales que controla el partido del presidente.
El capitalismo de cuates, que tanto daño le ha hecho a México, concentrando los contratos estatales y federales en unos cuantos empresarios, sigue vigente hoy en día. Lo cual implica que aunque el presidente lo repudia, también lo tolera. Evitando que la derrama económica que representa el gasto público beneficie a empresas medianas y pequeñas, que son las que más empleos generan.
La incertidumbre generada por la cancelación del nuevo aeropuerto, ha provocado una aversión a invertir en México por parte de muchos inversionistas nacionales. Los inversionistas extranjeros que se arriesgan a invertir en México lo hacen seguros de que sus gobiernos los defenderían de cualquier abuso o cambio de reglas del juego, como ya sucedió cuando CFE trató de modificar los contratos de gasoductos, logrando al final tener un costo mayor a valor presente del orden de medio billón de pesos.
El otro grupo de empresas que sigue invirtiendo en México, son los amigos del presidente, los aliados de hoy que ayer eran sus adversarios y blanco de críticas y burlas. Esos -los de siempre-, aprovechan la cercanía con el presidente y la aversión de éste por los controles y las reglas, lo cual permite que como nunca en la historia de México se adjudiquen de manera directa los contratos del sector público, a cambio de silencio, moches o restringir la crítica al régimen.
Los órganos reguladores, que son quienes otorgan mayor certeza a la competencia, que a su vez modera ganancias y genera mejores precios y calidad en bienes y servicios, han sufrido un ataque inmisericorde desde el primer día. Lo cual también mina la confianza del inversionista honesto, aunque favorece al inversionista que sabe que contará con el apoyo de sus amigos en el gobierno cuando de una controversia se trate. Debilitar los órganos reguladores autónomos no favorece la confianza, favorece la seguridad de continuar con el rentismo siempre y cuando se trate de amigos del régimen.
Los monopolios públicos y privados son favorecidos por el régimen al permitir la cercanía de sus titulares en la mesa de asesores de negocios del presidente. Todos sabemos que monopolios y oligopolios no favorecen la libre competencia, no favorecen mejores precios, no favorecen calidad y buen servicio al consumidor. Curiosamente un gobierno que se dice de izquierda está más interesado en concentrar el poder, que en servir al pueblo de México en este aspecto.
Los errores económicos no son percibidos por la gran masa de trabajadores asalariados, pues ellos reciben su sueldo sin notar el daño a largo plazo a su futuro y el de sus familias. Tarde o temprano se verán afectados, ya sea con el desempleo, con inflación o peor aún con escasez de bienes o servicios públicos y privados, como hoy ya sucede con medicinas, o como sucedió con el desabasto de gasolinas.
La garantía de seguridad y justicia para los mexicanos que tanto favorece al clima de negocios, y por lo tanto al crecimiento económico, también es una asignatura pendiente. Simular que con apoyar al que menos tiene, se va a evitar la ola de crímenes que día con día aumenta en todo el territorio nacional es otro grave error. Reducir presupuestos a fiscalías y al poder judicial tampoco abona, y sobre todo
la promoción de la continuidad de la impunidad tanto para autoridades que incumplen con su labor de manera intencionada como para los delincuentes, tampoco favorece un clima de estabilidad, crecimiento económico, empleo y bienestar para la población.
Lamentable que el presidente no entienda de economía.
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