Por: José Miguel Cobián
Desde el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cada año se cumple el ritual de asegurar que pronto habrá respuestas sobre el destino de todos y cada uno de ellos. Primero el ritual corría a cargo del gobierno de Peña Nieto, hoy corre a cargo del gobierno de López Obrador.
Se habla de que hubo muchos errores en la investigación, que inventaron testimonios mediante tortura a presuntos testigos, que se sembraron pruebas y hasta huesos en el basurero y en el rio que pasa junto, en fin, mil y un conjeturas que hacen pensar que a nadie interesa que se sepa la verdad de lo que sucedió aquélla noche.
Yo coincido en que ni al gobierno de Peña ni al de López le conviene que se sepa que sucedió. Porque tendrían que explicar la razón por la cual los estudiantes de la escuela normal rural Raúl isidro Burgos, se robaron un autobús que llevaba una importante carga de droga propiedad de un cártel local. Sería equivalente a señalar que la normal trabaja para algún cártel criminal.
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez son dos de los más conocidos egresados de dicha normal, cuyas paredes están adornadas con la imagen del Che Guevara, y dónde los jóvenes son adoctrinados por radicales comunistas, simpatizantes tanto de los Castro, como de las tácticas de Mao. Allí se le enseña a los jóvenes que tienen todo el derecho de convertirse en vándalos, de secuestrar autobuses, de incendiar gasolineras aunque mueran empleados, y que violar la ley es algo divertido a lo que tienen derecho.
Yo tengo otros datos (salidos de mi imaginación como lo son todos los otros datos). Peña no informaría que jamás se le dio la orden al ejército de actuar en defensa de los muchachos, como no lo haría López, porque no quieren problemas con el ejército. Cualquiera que haya estado en una situación de peligro en carretera, sabe que acercarse a pedir ayuda a un convoy del ejército no sirve de nada, pues no mueven un dedo si no reciben la orden para ello. Pueden estar en medio de una balacera, y mientras el superior no indique que defiendan a la población civil inerme e inocente, ellos estarán como observadores pasivos. Ya lo vimos en Tlahuelilpan, sin orden, solo observaron cómo la población robaba gasolina, hasta que explotaron el 18 de enero de 2019.
Tampoco al gobierno actual le conviene recordar que el matrimonio Abarca había sido recomendado por el actual presidente para asumir la candidatura por el partido que los
llevó al triunfo. Mucho menos reconocer que las policías municipales de varios ayuntamientos aledaños apoyaron a los criminales a detener a quienes pensaban era un grupo armado que venía a robarles su heroína.
Decirles a los padres que sus hijos vinieron a robar droga es muy complicado después de haberlos convertido en héroes. Decirle a México que el ejército no va a intervenir en un momento de peligro para los ciudadanos es quitarle a la población la fe que tiene en el ejército y la marina. Informar que las policías estaban al servicio de Guerreros Unidos, implicaría tener que reconocer en que otros municipios, estados e incluso que fuerzas federales están al servicio de los cárteles acorde con el territorio que éstos ocupan.
Se sabe que hay otros restos, además de los que se enviaron a Insbruck para identificar el ADN. ¿Cómo explicaría el gobierno actual que no ha enviado esos restos para su identificación?
¿Cómo explicar que más de un culpable fue dejado libre a instancias del gobierno actual cuando todavía era oposición, o cómo explicar que los propios padres defendieron a más de uno de los asesinos de sus hijos, siguiendo los consejos del célebre abogado Vidulfo Rosales? Incluso creo que sería muy difícil explicarle al pueblo de México que ni a sus familias les importa hoy el destino de esos 43, pues han lucrado y seguirán lucrando todo lo que puedan con lo que innegablemente es una tragedia, pero también es innegable que resulta muy extraño que los padres no supieran a que actividades se dedicaban sus hijos.
En caso de que los jóvenes no supieran que robaban un autobús con droga, resulta aún más extraño que ninguna autoridad le ha preguntado al joven que los guiaba, la razón de escoger exactamente ese autobús. O mejor aún, si Iguala no queda dentro de la ruta de la rural a la ciudad de México, ¿Cuál es la justificación de realizar una desviación tan amplia para secuestrar un camión, cuando en la ruta corta, se podía secuestrar en cualquier ciudad que estuviera ubicada en esa ruta?
Cómo México es el país dónde nadie dice la verdad, a menos que le convenga. Nadie va a decir ni explicar que los jóvenes estaban cometiendo delitos que año con año cometía sin ninguna sanción del estado. Que el ejército supo y no movió un dedo, que el alcalde todo indica que era parte de la banda, que las policías estaban al servicio de una banda de delincuentes, y quizá cosas aún peores. Nadie dirá que la droga circula por carreteras en el área de carga de autobuses y que no se sanciona jamás a las líneas camioneras.
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