Por: José Miguel Cobián
Cualquier gobierno trata de ocultar sus errores y culpar a otros. En el caso de los efectos de la pandemia causada por el virus SARS-COV-2, ante el fracaso de la apuesta del gobierno mexicano y en particular del zar anti Covid, el Dr. López Gatell, se ha manejado una campaña en todos los medios de comunicación y redes sociales, tratando de culpar a los ciudadanos mexicanos de el fracaso de las políticas gubernamentales. Sin quitar la responsabilidad a un pueblo irresponsable cabe señalar lo que se debió haber hecho y se debe hacer, pero que no se hizo ni se hará para reducir el número de muertes, por parte de la autoridad.
Acepto que cerrar aeropuertos solo retrasaba la llegada del virus, sin embargo, el permitir el paso indiscriminado de pasajeros de países dónde el virus ya se expandía, sin ningún tipo de control fue una enorme irresponsabilidad por parte de la autoridad sanitaria.
Una vez dado a conocer por China el nuevo virus, en febrero se vendió a ese país equipo de protección personal, que a partir de marzo y mucho más evidente en abril y mayo le hizo mucha falta (y le sigue haciendo falta) al personal médico-sanitario. Vendimos barato un bien escaso, y lo compramos caro, sin satisfacer jamás la demanda de médicos y enfermeras. La consecuencia es que México tiene la mayor tasa de mortalidad entre ese grupo de profesionales por COVID.
Las reglas básicas para controlar un brote todos las conocemos gracias a las películas de Hollywood. El primer paso es detectar casos, ya sean sintomáticos o asintomáticos, ya que ambos propagan la infección. Si se desea cooptar el avance se deben de realizar pruebas y más pruebas, nuestro gobierno decidió ahorrar el dinero de todos los mexicanos y no realizar pruebas, en lugar de utilizarlo para salvar vidas. Entiendo que López Gatell venía resentido desde la época en que fue despedido por parte del presidente Calderón, y quiso demostrar que el método centinela servía para el mismo efecto, la realidad ha demostrado que estuvo y está equivocado. No es lo mismo detectar cada caso y sus contactos, para aislarlos y darles seguimiento médico, que permitir que el virus circule de manera indiscriminada y se contagie la mayor cantidad de gente.
El pleito del presidente López Obrador con las farmacéuticas y distribuidoras de medicinas nacionales, se inicia cuando le pasan el dato de cuánto les compra el gobierno mexicano. Considera que es mucho dinero y decide cancelar contratos. El tomar decisiones con absoluto desconocimiento de causa ha traído consecuencias desastrosas para el sistema de salud nacional. En primer lugar se rompe la cadena de distribución, misma que el gobierno a la fecha no ha podido sustituir ya que no es especialista, con lo cual se ha incrementado el número de faltantes de medicamentos, que ha llevado incluso a pérdidas de vidas humanas. El escándalo de la falta de medicamentos para niños con cáncer es de sobra conocido y comentado, pero no es el único. Incluso a la fecha faltan medicamentos que se utilizan para pacientes intubados, lo cual ha impedido que se intuben pacientes que así lo requieren, cuando hay respiradores disponibles.
Otra grave consecuencia fue la de pérdidas de empleos para mexicanos. Hoy pagamos a empresas chinas e indias por la adquisición de los mismos medicamentos, con dudosa calidad, generando empleos en China e India, en lugar de apoyar la creación de empleos de mexicanos. La industria farmacéutica mexicana también sufre, y perdemos terreno y autosuficiencia.
Los sub ejercicios y reducciones en el gasto público en el ramo de salud, han traído como consecuencia escases de camas, de respiradores, de medicinas, de equipo médico y de equipo de protección personal. La realidad ha demostrado que ahorrar doce mil millones de pesos en salud, ha generado incluso hasta brotes de sarampión, ya que problemas de salud pública aparentemente superados, ante la ausencia de suficientes vacunas, regresan con mayor fuerza.
La mayoría de los países del mundo entendió que un sector de su población necesita salir a trabajar todos los días para obtener sus alimentos ¡del día!. Por ello establecieron políticas para que cuando se requiriera que la población se quedara en casa, recibiera dinero del gobierno (dinero que es de todos los mexicanos, no es propiedad del presidente) y con ello evitar más contagios. México decidió no apoyar a los más humildes, obligándolos a salir y a exponerse en plena pandemia. Los resultados están a la vista, con cálculos de hasta 350,000 muertos y más de un millón de sobrevivientes con secuelas causadas por el virus.
La pérdida de empleos ha sido enorme. Y el daño a la economía implica que muy probablemente ni al término del sexenio sea similar en tamaño a la de 2018. Una vez más, la mayoría de los países sabedores de que es mucho más barato conservar un empleo que crearlo, apoyaron a los asalariados con un porcentaje de su salario, durante los meses en que está cerrada la economía, con el fin de que no fueran despedidos, y no se cerraran las empresas por incapacidad de pago. México decidió dejar a las pequeñas empresa y a los asalariados a su suerte, sin el mínimo apoyo.
Muchos pensábamos que el dinero de México debía de usarse para proteger a los mexicanos, su salud y su economía. El gobierno actual decidió no suspender ninguna de las tres obras que muchos consideramos innecesarias, o cuando menos no urgentes. Escoger entre suspender un año la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya y la refinería de dos bocas, para salvar vidas y economía de los mexicanos, tiene una respuesta obvia. Primero los mexicanos. Pero el gobierno de López Obrador tomó otra decisión, y hoy la presume. Da la impresión de que al presidente le preocupan mas las finanzas del gobierno que las de los mexicanos, se ha olvidado de que el gobierno está para servir al pueblo, no para servirse del pueblo como si fuera una empresa privada.
Así, sin medicinas, sin pruebas, sin seguimiento de infectados y sus contactos, sin equipo de protección personal, se cuidó que no se saturaran las camas de los hospitales, una medida que provocó que muchos enfermos por COVID se vieran obligados a regresar a morir a sus casas, ya que los hospitales no los recibían, o los recibían tan tarde, con un grado de avance de la enfermedad tan grande, que solo llegaban a morir a los hospitales.
Ya no voy a elaborar en cuanto a los mensajes contradictorios, prueba de una absoluta ignorancia e incapacidad para comprender las formas de transmisión, y mucho menos los ejemplos contrarios a las recomendaciones verbales… No uses y usa cubrebocas, abrazos, salgan a consumir, quédate en casa aunque el principal responsable salga de vacaciones, etc. Un gobierno que no tiene la mínima autocrítica y un pueblo que no exige rendición de cuentas.
Por último, justificando una actitud populista para no molestar a la población, cuando se detecta que aumentan los casos de infección, la autoridad no toma medidas drásticas e incluso punitivas para evitar la movilidad de las personas. Es decir multas y sanciones a quien salga a la calle, cuando no debe de salir. La defensa de la libertad personal justifica que no se defienda la vida y la salud de los mexicanos.
Todo lo anterior explica porque México, incluso por encima de USA (allá hacen pruebas masivas), es considerado un caso de libro de texto en las escuelas de medicina y salud pública, sobre todo lo que no se debe hacer en caso de una pandemia.
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