SEGÚN EL informe del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación , Alejandro Encinas Rodríguez, al mismo tiempo jefe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, a seis de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de Septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero los mantuvieron con vida en una bodega por algunos días antes de ser entregados al “coronel José Rodríguez Pérez”, quien finalmente fue el responsable de sus desapariciones, mientras que a otros –de acuerdo al mismo reporte- los incineraron en crematorios particulares. Es por ello que la Fiscalía General de la República giró 20 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de oficiales pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”. Por ello llama la atención los argumentos del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asegura que “las actuales condiciones de seguridad pública que imperan en el País, hacen necesario que los efectivos de la Defensa Nacional y la Marina sigan ayudando al gobierno a contener los altos índices de violencia, y si la Guardia Nacional se queda bajo la administración de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública, se corre el riesgo de que su futuro sea como el de la Policía Federal, donde no se formó a mandos y en la mayoría de los casos se propiciaron actos de corrupción”. Y uno se pregunta ¿Qué acaso no es corrupción ocultar una información tan grave como es la desaparición de 43 estudiantes, en gran medida, por parte de la milicia tal como sostiene el informe de Encinas Rodríguez?. Porque altos mandos, según la comisión de la verdad estaban enterados de lo que paso y prefirieron guardar el silencio cómplice que ahora se devela. De ninguna manera tratamos de insinuar que todo el Ejército es corrupto, por supuesto que no, sin embargo, de que hay mandos que incurren en actos ilícitos, ni quien lo niegue, y acaso esas manzanas podridas terminen por contaminar a las sanas. En ese tenor, cabe el cuestionamiento: ¿es prudente militarizar a la Guardia Nacional y que muchos secretos, para evitar el desprestigio, vayan quedando en la impunidad como suele ocurrir en la SeDeNa donde todas las acciones parecen secreto de Estado?.
AMLO DICE: “Los que no nos quieren y otros de buena fe tienen el temor de la militarización del País (no señor presidente, hay temor a la represión a ultranza, a los secretos mejor guardados que inducen a la impunidad, a que el pueblo vaya perdiendo sus derechos como en Venezuela, Nicaragua y Cuba), pero expliqué, agrega el Presidente, lo de Francia, Italia, España, sus guardias civiles tienen más de 100 años y dependen de la Defensa (está usted hablando de primer mundo y no de retardatarios tercer mundistas), pero hay cierto rechazo a la militarización y yo estoy ahora planteando como queda de manifiesto todos los días de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no sólo la opinión de los expertos y las élites. Y reitera tratando de convencer a una sociedad que considera menor de edad o retrasada mental: “No estamos por la militarización, se puede hacer consultas, encuestas y casi el 80 por ciento de los mexicanos le tienen confianza a la secretaría de Marina y la Defensa y entonces por qué eso no lo vemos”, cuestiona. Pero no es tanta confianza o respeto, señor titular del Ejecutivo Federal. Es miedo. Por ello el temor de que el primero de Septiembre, el Presidente envíe al Congreso de la Unión, concretamente, a la Cámara Federal de Diputados la iniciativa, de carácter preferente, para reformar un artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional con la que se extendería la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad más allá de 2024. Y a modo de “buena gente”, López Obrador se asume como redentor: “Eso considero al paso del tiempo va a llevar de nuevo a que se eche a perder esta corporación (la Guardia Nacional) que estamos creando con mucho esfuerzo y que está dando buenos resultados (¿?). Si fuese un asunto de capricho, yo diría, yo termino en el 2024, ya que vean qué hacen”. Y eso, precisamente, es lo que debe hacer el tabasqueño: dejar de pensar en imponer criterios hasta después del 2024 y ceñirse solo a su mandato para que no sea visto como un moderno José Antonio López de Santa Ana, el 11 veces presidente de la República aun cuando fue por periodos cortos.
Y ES que a partir de que el mandatario federal consideró trasladar la custodia de la Guardia Nacional a la Sedena, partidos de oposición manifiestan su rechazo a la medida al considerar que viola la Constitución al tiempo que anunciaron una “moratoria” para rechazar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo. Y vaya que no les falta razón: la función del Ejercito es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Garantizar la seguridad interior. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Pero su trabajo no es de policía puesto que para ello existen las corporaciones civiles en todos sus niveles, desde municipales, Estatales y Federales, y la obligación de los gobiernos es capacitar a esas instancias, destinando recursos aprobados exprofeso contenidos en sus respectivos presupuestos. Los congresos Estatales, el Federal y los cabildos están obligados a exigir el cumplimiento de esas responsabilidades e imponer sanciones a quienes incumplan.
MÉXICO NO necesita policías militares sino policías civiles, eso sí, bien preparados, con estudios suficientes para tomar decisiones sin infringir la ley pero, por lo visto, el Presidente López Obrador lo que demanda son más militares como las naciones aliadas (Cuba, Nicaragua y Venezuela) que han convertido los respectivos gobiernos en verdaderas dictaduras que aplastan las rebeliones internas que resultan incómodas a las dictaduras, incluido el clero. La muestra más contundente de que el Ejército tampoco es del todo confiable son las 83 órdenes de aprehensión ordenadas por el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, en contra de 20 militares, además de 83 funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, y en la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, quien según el informe de la Comisión de la Verdad tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo. Lo curioso es que meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a General de División, nombrado comandante de la Región Militar, posteriormente fue designado Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y luego jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 noviembre de 2017, finalmente fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), hasta el 2 de marzo de 2021. Un premio a la represión…OPINA carjesus30@hotmail.com
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