TAL VEZ de lo más congruente que se ha escuchado decir al Presidente Andrés Manuel López Obrador en los días recientes, es el próximo envió al Congreso de la Unión de una reforma electoral que desaparezca los 200 diputados Federales plurinominales y solo queden los 500 que se la juegan o representan a un distrito, y 32 senadores de los actuales 128, porque es indiscutible que López Obrador le apuesta a su popularidad y arrastre para tener mayoría en ambas cámaras. Y el hecho nos remonta a los tiempos del PRI cuando era considerado partido casi único, y se propuso la reforma constitucional de 1977 con la finalidad de resolver un problema de legitimidad en el Congreso, y ahí surgieron los plurinominales para darle representación a todos. Y es que si la elección de diputados y senadores se dejara únicamente a la decisión democrática, podría provocar que el Congreso de la Unión estuviese compuesto únicamente por legisladores de un solo partido. Esto ocurría con el PRI, cuando la mayoría o 100 por ciento de alcaldías, curules, escaños y hasta el presidente de la República eran del mismo instituto, eliminando la resistencia a las reformas y la imposición de nuevas leyes. Ahora sería diferente, porque MoReNa ha logrado una singular unidad, pero en contra, de tal suerte que la oposición ha decidido sumarse en muchos Estados para disputarle el poder al instituto político del Presidente en turno. Fue por ello que para la elección de los 200 diputados y 32 senadores electos por el principio de representación proporcional, la Constitución y el Sistema de Listas Regionales estableció la integración de cinco circunscripciones electorales plurinominales en el País. El mismo ordenamiento señala que treinta y dos senadores serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. En el caso de la Cámara de Diputados, un partido político para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales, y deberá alcanzar por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales para que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.
LA PROPUESTA de AMLO no es nueva. Ya lo han planteado el PRI y el PAN en el pasado pero nunca avanzó un proyecto en ese tenor. Por ello AMLO anuncia que su reforma electoral incluirá eliminar a diputados y senadores de representación proporcional llamados plurinominales, y reducir a la mitad el presupuesto para elecciones. “Nada más que todavía estamos en eso, en el análisis, si quedan nada más legisladores electos. Se está viendo, pero de que va a haber una disminución, sin duda, y lo mismo en el caso del presupuesto a los partidos y en el funcionamiento del INE (Instituto Nacional Electoral)”, advierte el mandatario nacional que desearía que la misma reforma regresara a los tiempos de antes, cuando el colegio electoral integrado por la cámara de diputados calificaba las elecciones, despachándose el partido mayoritario con la cuchara grande. Lo cierto es que de prosperar la iniciativa de López Obrador se eliminaría a 200 diputados de los 500 actuales y a 32 senadores de 128.
YA LO dijimos líneas arriba: los legisladores plurinominales se eligen por representación proporcional con base en los votos totales de los partidos, por lo que eliminarlos favorecería a las fuerzas oficialistas, en este caso al partido de López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Como sea, la reforma electoral será presentada después del 10 de Abril, tras la primera consulta de revocación de mandato, con la promesa de reducir el presupuesto del INE. Y es que AMLO es un titular del Poder Ejecutivo Federal autoritario y vengativo, y un ejemplo de lo anterior es la decisión asumida luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inconstitucional la “propaganda gubernamental” para la revocación de mandato. Por ello dijo que presentaría una reforma electoral en la que se planteará que la ciudadanía vote a los consejeros electorales y a magistrados, ya que con esto se buscará que se acaben los “acuerdos cupulares” y que haya personas independientes en los cargos.
DECIDIDO A darle para adelante, muy a pesar de que el INE es un órgano autónomo, AMLO dice que la va a presentar a la Cámara de Diputados “y voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y magistrados de manera directa con voto abierto. El pueblo va a elegir. Se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, asume el gobernante que al igual que Luis XIV de Francia o el Rey Sol solía decir: El Estado soy yo, tópico político que AMLO cambiaría a: El pueblo soy yo, o yo represente a la totalidad del pueblo y puedo decir por él.
LA PROPUESTA del Presidente es que cada uno de los tres poderes que constituyen al Estado proponga o presente a 20 ciudadanos como candidatos a consejeros electorales y una cifra similar para el caso de magistrados que integrarían el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de que sean votados de manera directa y abierta. Y es que al conocer la resolución del TEPJF en torno a la inconstitucionalidad del decretazo que daba vara alta a sus funcionarios para promover la revocación de mandato, el presidente aseguró que debido a ello es necesaria la reforma electoral, para garantizar la vida democrática en el país. “Por eso hace falta una reforma. Ya vamos a hacer la propuesta, pasando el 10 de abril. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, magistrados, que no tengan vocación democrática, y también que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales”.
COMO BIEN se sabe, durante sesión privada y por mayoría de votos, el Tribunal resolvió que era inaplicable el decreto para la promoción de la revocación de mandato por parte de funcionarios. Se consideró que el decreto es inaplicable porque “no se realiza una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, y establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato "lo cual es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general", concluyó el TEPJF. Y eso molesto al Presidente de la verdad absoluta y los caprichos en exceso, y ahora propondrá una reforma electoral que lo más seguro es que, igualmente, se la batee la oposición. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com
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