COMO YA no alcanza el dinero al Presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir comprando consciencias del “pueblo bueno”, vía becas, programas sociales o pensiones para adultos mayores, el titular del Ejecutivo Federal ha puesto la mira en 17 organismos públicos desconcentrados y descentralizados en aras de desaparecerlos y transferir sus funciones a dependencias como la Secretaría de Bienestar, Trabajo y Previsión Social (STPS) o Gobernación, de tal manera que pueda ahorrarse alrededor de 2 mil 755 millones de pesos que serían usados para “amarrar” los votos necesarios rumbo al 2024. Y es que, no es por ser intrigosos pero la popularidad o aceptación del Presidente López Obrador cayó 8 puntos, su tercer desplome más grande en el sexenio, según México-Elije. Lo peor es que siete de cada 10 Mexicanos consideran que hay corrupción en el impoluto gobierno de López Obrador, mientras que la mayoría de los Mexicanos se oponen a una reforma eléctrica que, por otra parte, es rechazada, incluso, por Estados Unidos cuyo embajador resbaló e inicialmente dijo que la apoyaba, pero tras el fuerte jalón de orejas de los primos, ahora señala que, la reforma que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras; además que pone en desventaja a los consumidores y a la economía, por lo que, de acuerdo al diplomático, el gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México, ya que, “promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Y si bien la Casa Blanca escuchará los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, consultará con empresas estadunidenses del sector privado “para entender mejor como lograr nuestros objetivos energéticos y climáticos”. Más claro ni el agua.
PERO VOLVIENDO a los organismos públicos que desaparecerían por instrucciones de AMLO, entre estos se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (a pesar de que la corrupción sigue aferrada al País salpicando no solo a funcionarios de la 4T sino a la mismísima familia de AMLO), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (a quienes AMLO cree que con darle migajas es suficiente, aun cuando requieren de otro tipo de atenciones; el Instituto Mexicano de la Juventud (a quienes entregan becas, aunque normalistas exijan atención y no limosnas, lo que ha desencadenado diversos conflictos con la Guardia Nacional), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (cuando en México con millones de personas con ese conflicto, entre otros indígenas, homosexuales, mujeres y discapacitados entre otros), además de desaparecer el Instituto Nacional de la Economía Social (puesto que la economía en el País no requiere expertos, según ha dicho el mandatario).
LO QUE se sabe es que en los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias de gobierno trabajan aproximadamente 3 mil 113 servidores públicos, de acuerdo con el Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022. Esos burócratas estarían a la deriva durante el proceso de liquidación de los entes públicos, aunque en el documento de liquidación se menciona que los derechos de los trabajadores serán respetados, mientras que los artículos transitorios también indican que las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deben “prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral y enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación”. Y no es para preocuparse, pero el Inapam y el Inaes abarcan al 39 por ciento de todos los servidores públicos que podrían verse afectados por los cambios, en pocas palabras, despedidos y liquidados con pingues recursos, mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con una plantilla de 362 personas; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con una de 325, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con una de 205, son áreas con una fuerza laboral que puede igualarse a la de empresas grandes o medianas, respectivamente. De acuerdo con especialistas consultados, el escenario legal para estos funcionarios es de incertidumbre tanto en la permanencia del empleo como en sus condiciones de trabajo, esto debido a los cambios que pueden darse entre regímenes laborales tras la fusión. Los 17 organismos contemplados en el proyecto suman un presupuesto de 2 mil 755 millones 815 mil 251 pesos, casi el doble de la partida asignada a toda la Secretaría de la Función Pública, y cinco veces los recursos con los que contará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) este año, recursos que irán a parar a la compra de más consciencias rumbo al 2024.
Y SI bien la suma representa sólo 0.04 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, lo que a decir del politólogo Javier Martínez, en un análisis publicado en la Revista Nexos, demuestra que la reestructura administrativa planteada se vincula más con un interés de centralización organizacional que con una medida de austeridad, lo cierto es que infinidad de trabajadores, aunque liquidados quedarán desempleados, mientras que a otros trabajadores los absorberían, ya sin la antigüedad acumulada, otras dependencia, por ejemplo, el Inapam o el Inaes están adscritos a la Secretaría de Bienestar, misma que se quedaría con sus funciones, un caso similar es el del Conapred con la Secretaría de Gobernación, que conservaría las tareas que tiene actualmente el consejo. El Imjuve es uno los entes públicos que tendría un cambio drástico ya que dejaría de ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Bienestar para fusionarse con la STPS. Algo similar ocurriría con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), que ya no sería un órgano desconcentrado de la Segob y sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
AHORA BIEN, de concretarse el proyecto las áreas que desaparecerían y el número de trabajadores que se emplean en ellas serían; Secretaría General del Consejo Nacional de Población: 127 servidores públicos; Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: 48; Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: se desconoce; Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 179; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía: 97; Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: 166; Instituto Nacional de la Economía Social, 437; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: 96; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas: 96; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: 108; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: 790; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 31; Instituto Mexicano de la Juventud: 205; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: 362; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático: 325; Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar: 8 y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción: 74 servidores públicos. Así las cosas en este México donde se gobierna comprando la voluntad de los que menos tienen. OPINA carjesus30@hotmail.com
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