VAYA QUE le ha llovido sobre mojado al alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, el munícipe que ya se vende como el sucesor de Rocío Nahle García en 2030 (o antes), pese a que su paso por la administración Pública Federal está colmada de yerros, y acaso los recuerdos más recientes corresponden a su incursión como Director de Fideicomisos de la Secretaría de Energía, bajo cuya tutela estuvo el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (a cargo de Raúl Talán Ramírez) que tantos problemas causó a distintos municipios del Estado, al ser instaladas, mediante compañías inexpertas o creadas al vapor, luminarias que fueron un verdadero fraude, lo que motivo que, entre otros, el entonces alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil (actual Secretario de Gobierno) interpusiera una denuncia penal contra cierta empresa por la falta de calidad de más de siete mil luminarias que se instalaron en la ciudad, las que se pagaron con el Fideicomiso para El Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), dependiente de la secretaría de Energía, algo que, paralelamente, se está viviendo en Coatzacoalcos, toda vez que a Miguel Rosaldo se le volteó el chirrión por el palito, ya que el Fide era parte de los fideicomisos que manejaba en la Sener. Y es que en el antiguo puerto México, los apagones en el alumbrado público y al interior de los hogares particulares se encuentran a la orden del día, lo que deriva en beneficios para la delincuencia que no cesa su actividad inhibidora de la inversión y el desarrollo. Lo peor, según los reportes que nos llegan, es que Comisión Federal llega a pedir hasta 10 mil pesos para concurrir a reparar algunas fallas, y cuando los usuarios no se ponen a mano, simple y llanamente los dejan a la buena de Dios, en un municipio donde privan las elevadas temperaturas y la inseguridad que impide a las familias dormir con ventanas o puertas abiertas.
EL PROBLEMA es grave, pero más se agrava cuando se sabe que el subdirector de Alumbrado Público de Coatzacoalcos es, ni más ni menos que Hernán Cortez Rojas, el antiguo chofer de Pedro Miguel Rosaldo que al final del día nada tendría de novedoso si consideramos que Calígula hizo cónsul a su caballo, Incitatus, es una mezcla de exageraciones y desprecio político. Fuentes antiguas como Suetonio indican que el emperador amenazó o planeó nombrarlo cónsul para humillar al Senado. El caballo, que era el favorito del emperador, recibió lujos extremos, incluyendo un establo de mármol, pesebre de marfil y sirvientes, además de ser vestido de púrpura, usar collares de piedras preciosas y comer avena con copos de oro y beber en copas de oro. Ese era Incitatus, producto de una locura, pero en la vida actual, ante el deterioro visible de la infraestructura eléctrica en distintos sectores del municipio, con postes en mal estado que terminaron vencidos por los recientes frentes nortes y fríos que los derribaron sobre calles y banquetas, con evidente riesgo para peatones, automovilistas y viviendas, se requieren expertos y no solo amigos o empleados a los que beneficia por las razones que fueren.
LA OTRA realidad que acomete al alcalde sureño es, sin duda, la violencia que priva en el municipio, lo que hace dudar a empresarios y comerciantes de llevar inversiones. Y es que Coatzacoalcos enfrenta una severa crisis de inseguridad desde el arranque de 2026, caracterizada por un repunte en la percepción de peligro (75.8 por ciento a finales de 2025) y extorsiones a comercios. Recientes ataques con bombas molotov a restaurantes como El Calamar en el malecón costero, y delitos violentos como levantones y asesinatos mantienen a la ciudad como una de las más inseguras en el sur de Veracruz y del País, afectando la actividad comercial. De hecho, el antiguo Puerto México ha sido señalado frecuentemente como el municipio con mayor incidencia delictiva en la zona sur de Veracruz, destacando robos, asaltos y el cobro de piso o extorciones que han derivado en quema de negocios o asesinatos. La percepción de inseguridad aumentó significativamente, pasando del 68.3 por ciento en diciembre de 2024 al 75.8 por ciento en diciembre de 2025. Los lugares donde la población se siente más insegura incluyen cajeros automáticos en la vía pública, calles, transporte público y carreteras. Históricamente, las colonias Centro, Francisco Villa, Santa Martha, Puerto México y María de la Piedad han reportado mayor actividad delictiva, y aunque se han anunciado esfuerzos por reforzar la seguridad y realizar investigaciones por parte de la fiscalía veracruzana, el clima que priva ha provocado el cierre de múltiples negocios y la degradación económica, con reportes de extorsiones que afectan la operación normal de la ciudad.
CON TODO y ello, el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García insiste en que el incendio perpetrado por un grupo delincuencial contra el bar ‘El Calamar’ la tarde del jueves, no afecta a las inversiones, pues el Estado reforzará con más elementos policiacos, aunque eso ha sucedido siempre que se perpetra un hecho delictivo: se refuerza la vigilancia unos días, se concentran más políticas, se llevan a cabo mesas de seguridad, y al final del día las cosas siguen igual o peor, y aún se recuerda la lamentable y condenable Masacre de Coatzacoalcos en 2019, cuando un grupo armado atacó con bombas incendiarias el centro nocturno "Caballo Blanco" en Coatzacoalcos la noche del 27 de agosto, con saldo de 30 personas fallecidas quemadas o baleadas: 20 hombres y 10 mujeres, además de 11 heridos, barbarie que a la fecha sigue impune. Tal vez por ello, Pedro Miguel Rosaldo debe ponerse las pilas y abandonar esos sueños guajiros de soñar con ser el sucesor de Rocío Nahle en caso de que pida licencia dentro de un año para irse a la Dirección de Petróleos Mexicanos, o en todo caso en la sucesión constitucional de 2030, ya que, mientras tanto, su municipio se incendia…
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SE HA dicho hasta la saciedad que el Estado no puede actuar como empresario, considerando esto como un principio central del liberalismo económico y de la economía social de mercado, fundamentado en la idea de que la intervención estatal en la producción de bienes y servicios suele ser ineficiente y distorsiona el mercado. Los principales argumentos económicos y de gestión sobre por qué se sostiene que el Estado no debe ser empresario se basan en la falta de incentivos y eficiencia, pues a diferencia de una empresa privada que busca rentabilidad para sobrevivir, las estatales suelen operar sin afán de lucro. Los funcionarios públicos, al no ser dueños carecen de incentivos para reducir costos o gestionar con eficiencia, lo que a menudo resulta en pérdidas financieras que cubren los contribuyentes. En ese sentido, las empresas del gobierno pueden operar con pérdidas continúas debido a recursos casi ilimitados (subsidios, fondos públicos), lo que les permite competir en desigualdad de condiciones con empresas privadas, quebrar a competidores y mantener servicios deficientes. Y esto viene a colación por la requisa que ordenó la Gobernadora Rocío Nahle de la línea de camiones conocida como Ulúa, luego de que los concesionarios aumentaron el costo del pasaje como lo hicieron otras líneas tras autorizarle solo a camioneros de Xalapa. Y es que el principio de subsidiariedad establece que el Estado solo debe intervenir en la actividad económica de manera subsidiaria cuando los particulares no puedan o no quieran proveer un bien o servicio esencial, y siempre autorizado por ley, ya que la administración empresarial por parte del Estado tiende a generar burocracia, contratar personal por razones políticas en lugar de méritos, y convertirse en focos de corrupción o ineficiencia. El aumento al transporte en la capital Xalapa y no para el resto del Estado, era un riesgo que se veía venir, o acaso así fue planteado para ordenar la requisa que finalmente se hizo. Lo cierto es que el Estado debe centrarse en sus funciones fundamentales (seguridad, justicia, salud y educación) en lugar de distraer recursos y atención en actividades empresariales, las cuales generalmente resultan en un fracaso económico. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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