A escasos dos años y tres meses de dejar la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber dado al fin, un manotazo sobre la mesa con relación a lo que ocurre en Veracruz desde el 1 de diciembre de 2018, cuando Cuitláhuac García Jiménez asumió la gubernatura del estado, y que el primer mandatario se negaba a ver, al menos en público.
Una y otra vez, tanto en sus giras al estado como en sus conferencias de prensa mañaneras, el Presidente ha salido en defensa del mandatario estatal y en ocasiones incluso literalmente lo ha rescatado de más de un embrollo político en que se ha metido, como cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvo que operar para desaparecer la Comisión Especial del Senado creada para investigar los abusos de autoridad en el gobierno estatal.
Esta semana, sin embargo, las circunstancias políticas parecen haber comenzado a cambiar para el gobernador del estado.
El fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal que ordenó poner en libertad al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, fue la gota que derramó el vaso.
Con la resolución de la justicia federal, Cuitláhuac no solo perdió la batalla jurídica en un caso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había advertido que adolecía de graves violaciones procesales y a los derechos humanos del inculpado. También perdió la batalla ante la opinión pública y, desde una perspectiva más amplia, la batalla política.
Y es que, a la liberación de Del Río, siguió la dura, implacable, condena política de los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en la sesión del órgano de gobierno realizada el pasado lunes para reivindicar políticamente al funcionario encarcelado durante seis meses, en la que los senadores de todos los partidos rechazaron la detención y el uso político de la procuración e impartición de justicia en Veracruz.
De paso, ese día quedó abierta una investigación sobre las presuntas detenciones ilegales, abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho de cientos o miles de ciudadanos en Veracruz.
Por eso cuando la mañana del miércoles le preguntaron al Presidente sobre el tema, tuvo que salir a regañadientes, una vez más, en defensa del gobernador, al afirmar en público que le tenía confianza, y que lo creía incapaz de pervertir la justicia.
Sólo que, después de la mañanera, el gobernador fue citado a Palacio Nacional, y al parecer no precisamente para felicitarlo. Por el contrario, de acuerdo con algunos columnistas y periodistas de la Ciudad de México, el mandatario veracruzano fue objeto de una fuerte llamada de atención.
Dice el periodista veracruzano Alejandro Aguirre, que el Presidente estaba sumamente molesto, primero porque el tema de José Manuel del Río se le salió de control cuando la justicia federal determinó que, efectivamente, fue encarcelado sin pruebas, algo en lo que el Presidente fue enfático desde el año pasado cuando dijo que no se podía haber actuado como se hizo si no había pruebas.
En segundo lugar, según Aguirre, la molestia del Presidente se debió a que la pésima actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz unió a prácticamente todos los partidos en contra del Gobernador, y de paso, les dio un potencial candidato a la gubernatura en 2024, que si es respaldado por todos los partidos de oposición sin duda podría ganar la gubernatura del estado, el tercer bastión electoral del país, lo que pondría en riesgo incluso la elección presidencial.
Así que López Obrador tiene razones de sobra para estar molesto con el gobernador de Veracruz, al que ha defendido sin reservas.
Al parecer el Presidente ya vio lo que muchos veracruzanos viven a diario desde hace 3 años y medio, pero que se negaba a ver movido por el afecto o por el interés político de no afectar a su movimiento.
Al parecer, López Obrador ya se dio cuenta que para que en Veracruz un gobierno sea exitoso no basta con el discurso de la honestidad o del combate a la corrupción, ni con la legitimidad de su origen democrático, sino que tiene que acreditarlo en los hechos, en el ejercicio cotidiano de gobierno, demostrarlo con eficacia y eficiencia, pero también con el respeto a la ley, a los derechos humanos y al estado de derecho.
En ese sentido, el Gobernador le ha fallado, primero a los veracruzanos – entre los que me incluyo - que votaron y creyeron en él; y después al Presidente.
¿Qué sigue?. Los escenarios dependerán del cálculo político de López Obrador. Sin con la eventual salida de la Fiscal y la recomposición del Poder Judicial del Estado alcanza para resarcir el daño. O si se requiere de una cirugía mayor en el área de la operación política, lo que implicaría la salida del Secretario de Gobierno.
No obstante, si los senadores de todos los partidos insisten en la defensa de los derechos humanos de los cientos y miles de veracruzanos agraviados que reclaman justicia, tampoco podría descartarse una salida política para el gobernador y que éste termine en una Embajada o consulado, para que alguien con más experiencia política venga a recomponer el desastre jurídico-político en que tiene sumido a Veracruz y que amenaza la continuidad de Morena en las elecciones de 2024.
A tres años y medio de gobierno, el gobernador se ha convertido en un lastre para el Presidente y su partido, tanto como lo ha sido para los veracruzanos, algo que sus protectores se negaban a aceptar. Hoy Cuitláhuac es a López Obrador, lo que Duarte fue para Peña Nieto.
Ambos han llevado a Veracruz al límite de un gobierno fallido. |
|
