En su muy breve y famoso discurso de Gettysburg (de apenas 240 palabras) pronunciado el 19 de noviembre de 1863 en el marco de la Guerra Civil, el entonces presidente de los Estados Unidos, el republicano Abraham Lincoln, acuñó una frase que quedó para la posteridad al referirse a la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
De acuerdo con Fernando Vallespín Oña, doctor en Ciencia Política, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y autor de varias obras, de la afirmación de Lincoln se desprende que todo proceso democrático necesita:
“1) Una referencia a un demos, un sujeto capaz de ejercerla (del pueblo); 2) la existencia de una serie de mecanismos y procedimientos que favorecen su participación efectiva en el gobierno de la comunidad (por el pueblo), y 3) que los resultados de las decisiones democráticas se ajustan efectivamente a los intereses de los ciudadanos y que trasladan y reflejan adecuadamente sus inquietudes y necesidades (para el pueblo)”. (Vallespín Oña, Fernando, “Estado y Política”, en El Estado Contemporáneo y su reconstrucción institucional, Francisco Berlín Valenzuela, Coordinador, Porrúa, México, 2002).
Con este “modesto despiece analítico”, como lo llama el politólogo español, pasa revista a las funciones del Estado contemporáneo para detectar las distorsiones que sufre la democracia como sistema de gobierno a principios del siglo XXI.
El modelo permite bosquejar un ejercicio para el caso Veracruz y evaluar a grandes rasgos si se cumplen las condiciones de tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y en su caso, hallar posibles distorsiones.
Con relación al primer requisito, un gobierno del pueblo, habría que señalar que se cumple en tanto Veracruz en su calidad de estado soberano, integrante de la nación mexicana, se rige por un orden jurídico federal y estatal donde sus habitantes eligen a sus gobernantes a través del voto universal, libre y secreto y haciendo valer la regla de la mayoría.
Sin embargo - siguiendo a Vallespín -, el elemento identitario o sentido de pertenencia a un demos es requisito imprescindible para que la ciudadanía, como un todo, esté dispuesta a aceptar la decisión de la mayoría y sea capaz de percibir un interés general por encima de los intereses o diferencias particulares. En ese sentido, esta labor integradora que brinda el sentido de pertenencia y de identidad es una tarea que corresponde al Estado.
Y si bien a nivel nacional en la actual administración federal existe una Coordinación Nacional para la Memoria Histórica y Cultural de México, encargada del rescate y preservación de la memoria y de las expresiones culturales de los mexicanos, en el caso de Veracruz no hay tal, pues ni el gobierno estatal anterior, ni el actual, han respaldado propuestas y acciones de manera articulada orientadas a ese fin.
En torno al segundo requisito, gobierno por el pueblo, el autor español hace énfasis en la capacidad de los ciudadanos para intervenir activamente en la gestión de su propia vida política, de tal modo que pueda presuponerse el consentimiento del demos detrás de la acción política. En ese tenor, el ideal del gobierno por el pueblo cobra sentido cuando éste es el protagonista decisivo de las decisiones públicas, del mismo modo que éstas deben expresar sus auténticas preferencias.
Sin embargo, Vallespín subraya que la democracia moderna es un sistema representativo en el que la participación popular se reduce a elegir a sus representantes y a controlarlos indirectamente en cada elección, a través del principio de la mayoría, mientras que las instituciones del Estado de derecho velan porque las decisiones mayoritarias no puedan vulnerar los derechos de las minorías.
En este punto señala que las distorsiones en el funcionamiento de los canales de mediación entre sociedad y sistema político afectan sobre todo al concepto de representación y están marcados por la oligarquización, estatalización de los partidos políticos y la creciente corporativización de los intereses. Por lo anterior, destaca que el papel de los partidos políticos debe evaluarse desde su capacidad para ser receptivos a las demandas sociales y trasladarlas a las instancias de decisión.
Al respecto, habría que preguntarse: ¿Qué pasa en Veracruz cuando los distintos sectores de la población, grupos sociales y ciudadanos se acercan al gobierno del estado para plantear sus legítimas demandas, ya sea que hayan sido parte de la mayoría que votó a favor del gobierno o de las minorías que no lo hicieron, pero cuyos derechos deben ser igualmente salvaguardados?
Según lo revelan los mismos grupos y ciudadanos, lo que ocurre es que en la gran mayoría de los casos sus demandas no son atendidas, y muchas veces ni siquiera son escuchados porque los servidores públicos no los reciben, y por lo tanto, no se está cumpliendo con llevar sus demandas a las instancias de decisión del gobierno.
Vallespín afirma que muchas de las limitaciones para restringir el abuso de poder del demos y sus representantes, tales como protección de derechos individuales, principio de legalidad y constitucionalidad de la ley o la división de poderes, sirven también para controlar las actuaciones de quienes ocupan los diferentes cargos públicos.
En ese sentido, un gobierno para el pueblo sería la acción de gobierno controlada y guiada hacia la consecución de los intereses generales, debiendo rendir cuentas ante la ciudadanía por sus actuaciones, en tanto a ésta corresponde decidir en último término si la labor gubernamental corresponde o no con sus intereses como colectivo.
De este modo identifica el “para el pueblo”, como la eficacia con la que el gobierno debe actuar para responder a las demandas, expectativas y compromisos adquiridos con la población y para llevar a cabo sus funciones de manera óptima.
En el caso de Veracruz, si se habla en términos de eficacia y eficiencia, la administración estatal ha dejado mucho que desear, dada la improvisación y falta de resultados en las dependencias de gobierno, en rubros como salud, seguridad, generación de empleos, una política transversal de protección de los derechos humanos, impartición de justicia y la construcción de puentes de diálogo con los distintos sectores sociales para incorporar sus demandas al Plan Estatal de Desarrollo desde un enfoque de gobernabilidad democrática con inclusión social.
Como corolario, tampoco se ha cumplido el requisito de no hacer uso privado de los puestos públicos. Ahí están los escándalos desatados en el Congreso del Estado con relación a presuntos casos de nepotismo y tráfico de influencias que involucran a diputados de Morena y funcionarios como el más reciente botón de muestra.
En síntesis, basados en los principios de la democracia, corresponde a los veracruzanos evaluar y decidir en última instancia si la labor de la actual administración ha correspondido o no con los intereses generales, lo que se verá reflejado en las próximas elecciones. |
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