A escasos dos meses y 11 días de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma la titularidad del Poder Ejecutivo Federal hay varios temas planteados en la agenda pública que han generado ruido entre los sectores políticos, empresariales y mediáticos. Uno de ellos es el de los coordinadores de los programas federales, uno por cada estado de la república, que se ha considerado una decisión centralista y en consecuencia contraria al Federalismo, que pretende controlar a los gobernadores a través de una estructura paralela que responda política y administrativamente al presidente de la república. Entre las críticas a esta decisión se ha dicho que la nueva figura será una especie de vicegobernador o gobernador de facto designado por López Obrador, que violenta la Constitución al erigirse como un poder intermedio entre los estados y la Federación. Sin embargo, cuando se enuncian estos argumentos se pasa por alto la larga fiesta de abusos y excesos de los gobernadores, particularmente en el manejo de los recursos transferidos por el gobierno federal, de lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado cuenta puntualmente. El caso de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz es emblemático. En ese contexto, el argumento esgrimido por analistas políticos y académicos con relación al nuevo gobierno federal, en el sentido de que, ante el poder hegemónico de Morena en el Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso se requieren contrapesos para evitar la vuelta al presidencialismo autoritario, también es válido para los gobiernos de los estados, donde los gobernadores – enarbolando la bandera del Federalismo - han aprovechado los vacíos políticos generados durante la coyuntura política de la alternancia, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, y con la vuelta del PRI al poder. El caso más patético del actual presidente Enrique Peña Nieto fue haber presumido a Javier y César Duarte, y a Roberto Borge, entonces gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, como representantes del nuevo PRI que había recuperado la Presidencia con la alternancia de 2012. Hoy dos de ellos están en prisión y el tercero es prófugo de la justicia, y en los tres casos por delitos que tienen que ver con el abuso de poder relacionado con el manejo de los recursos públicos. De ahí que, en la construcción de un régimen democrático y de Estado de Derecho, el respeto al Federalismo no significa dejar a los gobernadores de los estados – sean del partido que sean - las manos libres para que, como los definió el escritor Héctor Aguilar Camín, sigan conduciéndose como auténticos señores feudales. |
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