El experimentado político e ideólogo mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, ex dirigente nacional del PRI y PRD y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esto último ya en tiempos de la Cuarta Transformación, sorprende una vez más con su lúcida definición de lo que ha llamado: la Cuarta Teocracia.
El también embajador de México en la ONU se refiere al sistema político en el cual los sumos sacerdotes – léase los más altos funcionarios públicos – en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político absoluto, y dado que en ese sistema todo poder deviene de Dios, quien lo ofenda o lo desobedezca debe ser castigado.
Semejante visión del ejercicio del poder se ha hecho evidente en Veracruz en el caso del delito de ultrajes a la autoridad y en otros temas, donde lo que ha prevalecido es la cerrazón de las consignas políticas por encima de los derechos humanos y del respeto a la legalidad.
El caso emblemático de los ultrajes, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser derogado luego de un largo debate de casi un año que terminó con la derrota, no de quienes originalmente crearon el tipo penal, sino de aquellos que lo convirtieron en un delito con prisión preventiva oficiosa y defendieron su aplicación a diestra y siniestra.
Y vaya contradicciones, pues siendo el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, uno de los críticos más férreos de los abusos de poder perpetrados en Veracruz, resulta que esa visión teocrática también se ha hecho presente en el gobierno de Nuevo León, donde acaban de proponer modificaciones a la Constitución local según las cuales se impone un arresto de hasta 36 horas y multa de un día de salario a quien insulte, le falte al respeto o desobedezca al gobernador.
La nueva Constitución recién ha sido aprobada en comisiones; sin embargo, al igual que ocurrió en Veracruz con la reforma al Código Penal hace un año, los representantes de los Colegios y Asociaciones de Abogados y del Instituto de Desarrollo e Investigación Jurídica, ya pegaron el grito en el cielo y descalificaron las modificaciones al señalar que tanto el Ejecutivo de Nuevo León como los legisladores locales debieron consultar a los expertos antes de aprobarse en una primera vuelta y en lugar de legislar sobre las rodillas.
La opinión de los juristas apunta a que, en el mejor de los casos, se trata de una mala redacción de un artículo que ha provocado que se intérprete como arresto hasta por 36 horas a quien desobedezca al gobernador, aunque considera que se refiere a los servidores públicos que dependen del Ejecutivo.
El hecho es que el tema colocará al mandatario de Nuevo León, Samuel García, en el ojo del huracán, y seguramente será muy cuestionado por ese lapsus, que tendrá que aclarar en su oportunidad.
A menos que caiga en el error de su homólogo veracruzano de tratar de justificarlo y sostenerlo, aferrado a su visión teocrática del ejercicio del poder. Muñoz Ledo dixit. |
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