Aunque el tema no es nuevo en Veracruz, pues tanto líderes de partidos políticos como académicos han advertido el hecho atípico de la conexión familiar entre uno de los posibles candidatos a la gubernatura con el titular del Poder Ejecutivo Estatal, lo que eventualmente podría inducir la movilización del aparato del estado a su favor, el hecho ya forma parte, junto con la seguridad pública, de los factores de riesgo advertidos por las autoridades electorales federales. No lo dicen los medios de comunicación; tampoco lo inventaron los periodistas. Lo dicen el propio Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Según ambas instituciones, por tercera ocasión consecutiva, 2006, 2012 y 2018, el estado de Veracruz se incluye entre los cuatro estados del país considerados como zonas de riesgo para las elecciones federales de este año, junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. De acuerdo con el listado de alerta, la inseguridad en esas cuatro entidades, además de Chihuahua, es un foco rojo para la organización de las elecciones. En ese sentido, el INE ha sugerido “atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública”, además de que “se pronostica movilidad de autoridades y votantes”. Según los reportes sobre el nivel de inseguridad en el país, en seis de las nueve entidades donde se elegirá gobernador, entre ellas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz repuntó la inseguridad pública. De ahí que el órgano electoral subraya que los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes en al menos cinco entidades, cuatro de ellas consideradas como zonas de alerta desde hace 11 años, sin que en ninguno de ellos, sin embargo, se llegue a un nivel de alto riesgo o de peligro para no realizarse las elecciones; “la categoría es de atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública”. En el mismo sentido, de acuerdo con la nota que publica el diario Excélsior, la Fepade habría informado hace unas semanas a los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, que los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz representan retos de mayor atención para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral. Lo anterior, explica la Fiscalía, a pesar de los cambios de gobierno que han tenido y de los apoyos federales. Según el análisis de las autoridades electorales, en 2006, los estados con mayor problema de seguridad fueron Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur. Para el 2012, había nueve estados de alta atención en el proceso electoral: Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango; y en dos de ellos, Chiapas y Guerrero, se registraba un ambiente de crispación política. Hoy, por tercera ocasión, Veracruz figura en la lista de los estados de riesgo. Así las cosas, no estaría por demás que en Veracruz los actores y fuerzas políticas involucrados en la contienda electoral hicieran explícito un pacto para garantizar los principios de equidad, imparcialidad, objetividad y certeza en el desarrollo del proceso electoral, con el propósito de que éste se conduzca de manera ordenada, pacífica y con apego a la legalidad. Y es que, con base en la numeralia del proceso electoral concurrente de 2018, México vivirá los comicios más grandes de su historia moderna, donde estarán en juego tres mil 406 cargos, que podrán ser votados por alrededor de 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, atendidos por un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas; y donde además del próximo Presidente de la República, se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales, nueve gobernadores y dos mil 768 diputados locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías y consejales. Así las cosas. |
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