Igual que ocurrió en el caso de los seis jóvenes xalapeños encarcelados durante cuatro meses por el delito de ultrajes a la autoridad, que fueron puestos en libertad hace unas semanas a través de un amparo otorgado por un juez federal, es muy probable que el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se resuelva por la misma vía.
Eso, en lo que se refiere al terreno estrictamente jurídico, procedimental, pues en este asunto también hay un contexto político que tiene que ver con el alto puesto que desempeñaba el imputado al momento de su detención en el Senado de la República, y con la intervención de varios senadores de diferentes partidos políticos que han defendido la honorabilidad del hoy vinculado a proceso y denunciado el uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia en Veracruz.
Por un lado, en la vía jurídica, al parecer el mensaje con la vinculación a proceso fue dejar a salvo, entre comillas, la esfera de atribuciones de las autoridades locales, que habrían tomado esta decisión sin dejarse influenciar por presiones políticas, y que sea una vez más, en su caso, la justicia federal la que corrija las decisiones tomadas por los jueces locales.
En la especie de juego de ajedrez en que se ha convertido el proceso de referencia, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Veracruz ya hicieron su movimiento, la vinculación a proceso, y ahora – como lo dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal y como tal una instancia política – corresponde a otras esferas del proceso de impartición de justicia revisar la decisión, es decir a jueces y tribunales federales, “y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia”, según dijo, de ser necesario.
También afirmó el mandatario federal que no se trata de estar “chiqueando” a nadie y de que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde.
Nada dijo el Presidente de la decisión tomada la semana pasada por los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de crear una Comisión Especial para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad en el Gobierno de Veracruz.
En el terreno jurídico, el siguiente movimiento en este proceso corresponde ahora a los abogados defensores de José Manuel del Río, que ya anunciaron que promoverán un amparo ante la justicia federal para echar abajo la resolución del juez local y lograr la liberación del funcionario detenido.
Pero es indudable que por la vía política, el Senado de la República, uno de los tres poderes del Estado Mexicano, avanzará en el ámbito de sus atribuciones en el proceso de investigación que lleva a cabo la Comisión Especial que preside el senador veracruzano y dirigente nacional del Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Avanzarán “hasta donde tope”, según declaró ayer el senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de MC en la Cámara Alta.
El único problema es que, en medio de esos juegos políticos de suma cero, donde a cada movimiento del tablero alguien gana y alguien pierde, lo que prevalece son los procedimientos formales, en tanto la justicia de fondo y el cumplimiento de la ley, en sentido estricto, pasan a un segundo plano.
Por lo pronto, el Senado pierde un alfil en Veracruz; habrá que ver si en su próximo movimiento pone en jaque al rey. |
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