A la doble crisis sanitaria y económica provocada a nivel mundial por la pandemia de Covid 19, habría que sumar en Veracruz tres crisis más que el Estado enfrenta de manera simultánea: de seguridad, que se traduce en la ola de violencia, crímenes y asaltos registrados en los últimos meses; de impartición de justicia, reflejada en la parálisis del Poder Judicial, e institucional, ante la falta de diálogo del gobierno con los sectores sociales y productivos y la toma de decisiones que pasan por alto mandamientos de la justicia federal.
En términos generales, a este escenario se refirió este fin de semana el Arzobispado de Xalapa, a través del vocero José Manuel Suazo Reyes, cuando afirmó: “El mal manejo de esta pandemia nos está orientando a la ruina. Se necesita humildad para reconocer los fracasos y valor para cambiar las estrategias (…) En síntesis ni el País se ha pacificado ni la pandemia se ha controlado. Esto más bien nos está conduciendo a una crisis humanitaria alarmante”.
Sólo para darse una idea de lo complejo de la situación, en materia de salud, hasta el día de ayer en México se registraron casi medio millón de contagios y más de 55 mil personas fallecidas por el coronavirus, mientras en Veracruz van 25 mil 500 contagios y más de 3 mil 300 veracruzanos muertos.
En el terreno económico, a nivel nacional se han perdido más de un millón 100 mil empleos, pero según estimaciones alrededor de 12 millones de trabajadores informales dejaron de percibir ingresos desde los meses de abril y mayo, debido al cierre de actividades no esenciales y a las restricciones de movilidad durante la pandemia.
La crisis económica ha golpeado con fuerza a Veracruz, un estado donde miles de veracruzanos y sus familias dependen del turismo, que se desplomó. Hoteleros, restauranteros, cocineros, meseros, músicos, vendedores ambulantes, comerciantes, taxistas, choferes, pescadores, y toda una gama de trabajadores informales dejaron de percibir ingresos. Y pese a ello, el gobierno estatal no ha anunciado hasta el momento ningún programa de apoyo, articulado y de fondo, para respaldar a estos grupos de trabajadores.
El estado enfrenta, además, una crisis de seguridad, ante el aumento de los índices delictivos, lo que se ha reflejado en el surgimiento de los llamados autodefensas - según las imágenes y videos que se difunden a través de las redes sociales -, en varios puntos del estado, como Acultzingo y Maltrata, en la región de las altas montañas, en los límites de Veracruz y Puebla, y en la zona de Playa Vicente, en los límites con el estado de Oaxaca, los cuales se mueven, de acuerdo con sus líderes, por el hartazgo que prevalece en la población ante la falta de resultados en materia de seguridad pública.
Paralelamente, hay una crisis de impartición de justicia en Veracruz, pues el Poder Judicial del Estado se encuentra paralizado desde el mes de marzo debido a la pandemia, lo que se traduce en el rezago de miles de expedientes, y si la justicia no es expedita, lo que queda es el reino de la impunidad. Según estimaciones del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, sólo en el Distrito de Xalapa hay 10 mil expedientes detenidos ante juzgados y tribunales, y a nivel estatal se habla de que podrían ser 100 mil o más.
En este contexto, este lunes decenas de abogados protestaron una vez más frente a las instalaciones del Palacio de Justicia, en Xalapa, para exigir la renuncia de la magistrada Presidenta, Sofía Martínez Huerta, por lo que llamaron “su apatía y falta de voluntad” para actualizar la impartición de justicia a través de la justicia digital.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados, Valentín Olmos, recordó que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que los 3 poderes del Estado, a través del Fondo Auxiliar, utilicen los recursos y se lleve a cabo un acuerdo que permita la también llamada “E Justicia” o justicia digital.
Pese a ello, el jurista cuestionó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no trabaje a favor de la “justicia en línea” y aseguró que ni el mandatario estatal ni la presidenta del Poder Judicial se han prestado al diálogo en este tema.
Y este punto revela una quinta crisis de carácter institucional en la Entidad, debido por un lado, a la falta de diálogo entre los principales actores políticos con los grupos sociales y productivos del estado, y por otro, a la toma de decisiones de instituciones como el Poder Legislativo al pasar por alto mandamientos de la justicia federal con relación a temas como los amparos a favor de tres magistrados o los relativos al Ayuntamiento de Actopan, hechos que impactan de manera directa en el Estado de derecho.
En suma, Veracruz enfrenta al menos cinco crisis simultáneas: de salud, económica, de seguridad, de impartición de justicia e institucional, pero el Gobernador del Estado y Jefe de las Instituciones estatales, prefiere disponer de su tiempo y de los recursos del estado (personal de oficinas públicas, herramientas, acciones de difusión) para chapear jardineras. |
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