Ha causado gran sorpresa entre los veracruzanos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida la reforma electoral de Veracruz, aprobada en mayo de este año, luego de los recursos de inconstitucionalidad presentados por varios partidos políticos de oposición con registro nacional, como el PRI, PAN y PRD, y con registro estatal, como Podemos.
En primera instancia, al echar abajo las modificaciones electorales aprobadas por el Congreso del Estado, los próximos comicios de 2021 se llevarán a cabo con las reglas que prevalecían en Veracruz hasta antes de la reforma.
Lo anterior significa que tendrán que instalarse los 212 consejos municipales electorales; que los ayuntamientos serán electos para un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección, y que el Órgano Público Local Electoral deberá devolver a los partidos políticos el 50 por ciento de los recursos que les han sido descontados en los últimos 5 meses.
En ese sentido, la decisión de la Suprema Corte de Justicia tendrá repercusiones inmediatas en el proceso electoral local de 2021, en los partidos políticos, pero también a mediano plazo en el propio Gobierno de Veracruz, entre otras:
Porque el inicio del proceso electoral, que la reforma invalidada había aplazado para el próximo mes de enero, ya está en marcha desde el pasado 1 de Noviembre.
Esto implica lo que quizá sea uno de los efectos políticos de mayor impacto para el equipo gobernante, pues una vez iniciado el proceso electoral los partidos políticos ya no podrán hacer cambios en sus dirigencias, lo que en los hechos aplaza las aspiraciones de Esteban Ramírez Zepeta – el candidato del grupo en el poder para encabezar Morena en Veracruz-, y le da al actual secretario general en funciones de presidente la posibilidad de continuar al frente del partido, por lo menos hasta que concluya el proceso electoral local.
Adicionalmente, el Órgano Público Local Electoral (OPLE) tendrá que trabajar a marchas forzadas para instalar los 212 Consejos Municipales Electorales que serán las instancias responsables de organizar, desarrollar y realizar los cómputos correspondientes de los comicios para la renovación de los Ayuntamientos.
Además, el organismo electoral deberá realizar las gestiones correspondientes para reintegrar a los partidos políticos los recursos descontados de las prerrogativas a partir del pasado mes de agosto.
Por otro lado, aunque es un tema que aún debe legislarse en Veracruz para adecuarlo a la reforma de la Constitución Política del país, con la invalidación de la reforma electoral por parte de la Suprema Corte también desaparecen los candados establecidos en la Constitución Política local en materia de consulta popular, lo que abre una vez más la posibilidad de someter la permanencia o no de los servidores públicos en su cargo.
Y sobre este punto en particular, no obstante que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha sido muy claro en el sentido de que no tiene ningún inconveniente en someterse a una consulta de revocación de mandato, con el argumento de que no es corrupto y no tiene nada que temer, esa decisión podría depender de los resultados de los comicios del próximo año y de los nuevos escenarios políticos que se configuren rumbo al 2022.
Lo que está claro es que Veracruz, por ser la tercera entidad del país con mayor número de votantes es un factor clave en el proyecto sucesorio del presidente Andrés Manuel López Obrador y para la continuidad de la llamada Cuarta Transformación.
Y un error de cálculo político en Veracruz podría poner en riesgo la sucesión de 2024. |
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