MUY SUSPICACES las entregas del General Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en la misma gestión, y en torno a los hechos caben dos preguntas: apelaron a la máxima “el que nada debe nada teme”, o simple y llanamente prefirieron entregarse en Estados Unidos antes que en México les ocurriera algún desenlace fatal, como sucedió al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue ejecutado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima tras haber denunciado formalmente una red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina. Mérida Sánchez que en Estados Unidos busca convertirse en testigo protegido, esto es, despepitar todo lo que sabe y apelar a una nueva identidad, llevándose a su familia cuando recobre la libertad que podría ser en pocos años si la información entregada satisface a la Unión Americana, aunque, por lo pronto se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, la misma cárcel donde están recluidos Ismael “El Mayo” Zambada García y el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro Moro. Lo que se sabe es que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, en vez de tomar un vuelo a la Unión Americana, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora desde el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ", esto previo aviso a las autoridades estadounidenses que ya lo esperaban. De esa manera, el ex funcionario sinaloense se habría entregado a Estados Unidos tras arribar a Arizona, y de esa manera enfrentar los cargos de conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y de recibir sobornos mensuales de 100 mil dólares por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Pero no fue el único: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloense, también, se entregó a autoridades judiciales de los Estados Unidos en Nueva York para enfrentar tres cargos por narcotráfico debido a su presunto vínculo con la misma célula criminal de Los Chapitos. Los reportes indican que el ex funcionario viajó desde algún país de Europa directamente a Nueva York para negociar con autoridades federales su rendición, seguramente, para ser otro testigo protegido que, junto con el militar, cerrarán la pinza al caso Rocha Moya, pues no hay nada más creíble que la versión de sus ex colaboradores, los que estuvieron cerca del mandatario con licencia. En pocas palabras, la Presidenta Claudia Sheinbaum quería pruebas y lo más seguro es que las tendrá muy pronto, pues nadie se entrega a Estados Unidos solo por demostrar su inocencia, a sabiendas que los vecinos son aferrados y muy duros.
LA ACUSACIÓN contra de Díaz Vega, que incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha y otros presuntos implicados de los tres niveles de gobierno, sostiene que el extesorero —quien estuvo en el cargo de noviembre de 2021 a septiembre de 2024— ayudó a instalar a funcionarios dentro del gobierno del estado, quienes tenían vínculos con los hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, líderes de Los Chapitos, y según Washington, junto con quien fuera el secretario General de Gobierno y hoy senador por Morena, Enrique Inzunza, Díaz Vega era intermediario entre los jefes criminales y el gobernador Rocha. “Ayudaron a los líderes de Los Chapitos a instalar oficiales corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos y sirvieron como enlaces entre los líderes de Los Chapitos y Rocha Moya, incluyendo el transmitir comunicaciones de los líderes de Los Chapitos a Rocha Moya sobre su apoyo a cambio de la protección del grupo para su administración”, señala la acusación que, paralelamente asegura que Díaz Vega fue quien entregó nombres y direcciones de oponentes políticos de Rubén Rocha previo a la elección estatal de junio de 2021, para que fueran amenazados y agredidos, y así dejaran el camino libre para Rocha Moya, quien contendió a nombre de la 4T. “En una reunión, Díaz dio a los líderes de Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus direcciones, para que Los Chapitos pudieran intimidar a esos oponentes para que dejaran la elección”, asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por ello, el esquema de corrupción en el que habría participado Díaz Vega le valió que la fiscalía estadunidense consiguiera una acusación aprobada por un gran jurado que lo señala, junto con Rubén Rocha Moya y compañía, de un cargo por tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y dos por posesión de armas de fuego con fines de narcotráfico, por lo que, en caso de ir a juicio y ser encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión por la seriedad de los cargos en su contra, aunque ambos apelan a ser considerados testigos protegidos.
AMBOS, TAMBIEN, tienen muy presente el caso del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tras haber denunciado formalmente una red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina. El militar naval denunció una mafia dedicada al contrabando de combustible que involucraba a altos mandos y a familiares (sobrinos políticos) del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y curiosamente fue atacado por sicarios en motocicleta mientras se encontraba de permiso, por lo que algunas indagatorias sugieren complicidad interna en la SEMAR, ya que solo personal de la institución conocía su ubicación exacta. Guerrero dejó una carta de 12 páginas y grabaciones de audio, donde detallaba los sobornos y la estructura de corrupción en aduanas marítimas.
LA FISCALÍA General de la República compara el asesinato de Guerrero con el homicidio de una funcionaria de la FGR ocurrido días antes en la misma ciudad. Según la causa penal 325/2025, hay mandos navales bajo proceso, pero hasta el momento solo 11 de 14 personas con orden de aprehensión han sido detenidas. No todos los nombres señalados por Guerrero han sido imputados. La carta manuscrita que dejó Guerrero, encontrada en su oficina tras el crimen, coincide con pruebas presentadas ante el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, donde se procesan casos relacionados con la red de huachicol fiscal. Hasta ahora, la investigación penal se mantiene inconclusa, mientras la divulgación del audio mantiene la presión sobre los altos mandos de la Marina y evidencia los riesgos para quienes denuncian estructuras de corrupción en las aduanas marítimas mexicanas. Por razones como la anterior, los ex colaboradores de Rocha Moya prefirieron sumarse al dicho que sentencia: -aquí corrió y no, aquí murió-.
LA PREGUNTA, sin embargo, no deja de tintinar en los oídos de la oposición: ¿Quiénes siguen ahora? ¿Vendrá Estados Unidos por ellos ante la negativa presidencial de entregarlos si no le aportan las pruebas o, alguno de los implicados, el que más sabe de ese caso, optará por el “suicidio” o la desaparición repentina como ocurrió con aquel diputado priista Manuel Muñoz Rocha, esfumado el 29 de septiembre de 1994, tras ser acusado de estar involucrado en el asesinato del, entonces, secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu?. Hay quienes dicen que fue eliminado y sepultado en la clandestinidad para que no inculpara a protagonista. Cosas veremos Mio Cid. OPINA carjesus30@hotmail.com
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