Por Rafael Arias Hernández.
Obligado insistir e insistir en el hecho simple y sencillo que
caracteriza al desinforme de gobierno, en sus ámbitos federal,
estatal y municipal: no se exigen informes objetivos, actualizados,
accesibles y confiables.
Sin duda, tema vital para una verdadera transformación de la
administración pública en general; simplemente, porque no se
atiende como es debido, ni se exige a los responsables principales,
como el Poder Legislativo, y el supuestamente autónomo órgano de
acceso a la información pública, que no cumplen ni hacen cumplir
las leyes al respecto.
Que bueno, que se intente mejorar dialogo, debate y
comparecencias públicas. Pero no es suficiente y menos cuando el
intento se convierte en distracción, entretenimiento y simulación.
Innegable, el cambio apenas empieza. Después de un año muestra
con mayor claridad características, complejidad y resistencias que
hay que superar o vencer. Necesariamente debe exigirse,
coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno. Prioritario,
atender, apoyar y fortalecer, la imprescindible participación y
evaluación ciudadana y social.
Por lo tanto: ¿Qué, cómo, dónde y cuándo iniciar, consolidar o
profundizar ese cambio? ¿Se sabe lo que hay que hacer? ¿Se tiene
capacidad de hacerlo? ¿Cuál es y ha sido el costo beneficio de la
efectividad alcanzada? ¿Se deben sostener y padecer ineptitud,
ineficiencia y delincuencia gubernamental?
Por décadas, se impuso la tradición oficial de “cambiar para que
todo siga igual”; y lo peor, ausentes de una efectiva participación y
evaluación ciudadana, los gobiernos han hecho prácticamente lo
que han querido; incluso con Peña Nieto, quebrar un Estado de
Bienestar con reformas saqueadoras, que incrementaron pobreza,
hambre, marginación e inseguridad de millones de mexicanos. Ahí
están, autores y beneficiados del Estado arruinado, sobre
endeudado, con crisis en sus finanzas y sus incapacidades
crecientes.
En consecuencia, desde hace casi un año se vive una Reforma del
Estado mexicano, ¿Cuáles son sus características y avances, retos
y objetivos?
Imprescindible informarse de sus alcances y limitaciones; y también,
participar libremente, con críticas y opiniones, propuestas y
respuestas.
De ahí que es oportuno insistir en cuestionar, la forma de informar
que se practica, por insuficiente e inconsistente, inapropiada e
inoportuna.
El contacto diario y directo ha sido una respuesta que ha mejorado
algunos aspectos, pero no en todos los ámbitos, ni lo suficiente para
atender, en general, las necesidades y requerimientos, de una
información accesible, actualizada y confiable.
En los últimos meses la evidencia se ha multiplicado, en los ámbitos
gubernamentales (federal, estatal y municipal).
Como siempre, en demasiados aspectos importantes de la función
pública, se asegura informar sin mentir, pero la realidad lleva, en
poco tiempo, a tomar decisiones y anunciar lo contrario que se
sostenía. Luego entonces, ¿los últimos anuncios y declaraciones,
son mentiras?
La ancestral costumbre, acto, rito, entretenimiento y simulación de
hacer como que se informa, debe cambiar para contribuir a ese
esfuerzo de transformación real, efectiva y duradera, que tanto
necesita el sistema gubernamental.
No se ha acabado, sigue y persiste, “el día del besamanos”, el de la
adulación y el servilismo sin límite al gobernante en turno, quien se
supone representa el interés social, el bien público y es, antes y
después de todo, un servidor público.
El aparente, superficial o nulo intento de evaluar con base a
información de poca o nula confiabilidad, debe ser sustituido; ya
que, por lo pronto, la forma persistente no exige ni garantiza
información actualizada y confiable, ni muestra cumplimiento y
efectividad verdadera de cada gobernante; tampoco garantiza,
ambiente de disposición y debate público pertinente.
La historia demuestra, que persiste irresponsabilidad del Poder
Legislativo, que no cumple ni hace cumplir leyes que él mismo ha
aprobado, para que sociedad y gobierno cuenten con informes
oficiales ciertos y puntuales; y que permite, encubre y hasta justifica
el saqueo de las finanzas públicas.
Poder Legislativo que, por cierto, es ampliamente cuestionado por
no cumplir ni observar suficiente transparencia, rendición de
cuentas, ni fiscalización y evaluación social.
Además, sin sanciones para exigir información veraz, actualizada y
confiable sobre el estado que guarda la administración pública; y
facilitando el festín de distracción que continua, con daños y
lamentables consecuencias que ocasionan ineficientes y
delincuentes, ineptos y corruptos en los gobiernos.
Se debe insistir y recordar que, en principio, la acción institucional
de cumplir con el informe de gobierno, es inoportuna porque se
aborda y explica lo que no en gran parte no ha sucedido ni
concluido. ¿Por qué no se informa y evalúa, al concluir el año
fiscal, que se supone es la base para entregar presupuesto y
cuenta pública? ¿Por qué no comparecen los responsables, con
información y datos consolidados, y no sobre estimaciones y
suposiciones?
Obligado, difundir la versión completa del informe de cada ámbito
de gobierno; y en particular, las observaciones, comentarios y
evaluación del Poder Legislativo correspondiente, para que cumpla
con su obligación evaluadora y fiscalizadora; misma que,
excepciones aparte, se caracteriza por ser comparsa
intrascendente.
Pongámoslo desde otra perspectiva, urge dar a los contados logros
y aciertos su justa dimensión y utilidad en el proceso de
aprendizaje y decisión pública. Identificar lo que debe consolidarse,
mejorarse y fortalecerse. De lo contrario no se aprende,
repitiéndose y ampliándose pérdidas y daños.
No al informe oficial irreal e inconsistente, no sólo por tiempos que
comprende; que lo hacen medio informe o informe incompleto;
también, porque el poder que lo recibe, analiza y evalúa, no está
preparado, ni organizado para asumir plenamente su
responsabilidad y, por tanto, no puede reconocer objetiva y
consistentemente logros y avances, o fracasos y retrocesos, mucho
menos puede otorgar estímulos o imponer sanciones.
Si quien debe informar no informa; y si quienes tienen el deber de
exigir el cumplimiento no lo hacen, simplemente se convierten en
cómplices, porque consienten, facilitan o aprueban una
irresponsabilidad y hasta una conducta delictiva.
Hechos, no son sólo exclusivos del ámbito de gobierno federal, sino
también extensivos, con sus variantes, a los ámbitos estatales y
municipales.
El Poder Legislativo tiene gran parte de la respuesta.
Ciudadanía y Sociedad la última palabra.
-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH |
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