La revocación de mandato propuesta por el Presidente López Obrador y a la que se está dispuesto a someterse, es ejemplo que deben respaldar y aplicar de inmediato, todos los gobernadores y alcaldes.
En el cambio esperado e iniciado, persiste el reto de revocación estatal y municipal: ¿Por qué no reconocer y respaldar, a quien cumple en su empleo; o denunciar y deshacerse, de quien cobra y no cumple con sus deberes, y al que se caracteriza por su ineficiencia y hasta delincuencia en el ejercicio del cargo público?
Larga y repetida historia. Ineptos y corruptos, son quienes incumplen con sus obligaciones, no realizan bien su trabajo, o encubren, omiten y hasta son cómplices, ocasionando pérdidas, daños o reducciones del patrimonio o recursos públicos.
Sin disculpas ni evasiones. Sin excusas ni pretextos. Subejercicios de presupuestos oficiales, deben ser considerados anomalías graves; hechos delictuosos; o simple e irresponsable ineficiencia que ocasiona daños, pérdidas y sacrificios sociales, equivalentes a daños patrimoniales o desapariciones presupuestales.
Urge reaccionar ante la evidencia de ser descubiertos o detectados, como el Alcalde de Xalapa, que cínicamente pide disculpas; o el de Veracruz que dice perder “poquito”, pues presume haber causado un daño más pequeño; y los relativos a la inmensa mayoría de los municipios veracruzanos, que incurren en múltiples errores, abusos y saqueos presupuestales. No hacerlo nos hace responsables y patícipes.
Dice Camilo Cruz, en su libro La Vaca: “el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad…”
El caso es que la problemática crece y se fortalece. Las pérdidas se acumulan con otros encubridores, simuladores y hasta cómplices.
Año tras año, se pierden cientos y miles de millones de pesos. Es urgente difundir y atender el presupuesto oficial, y darle seguimiento y control en todos sus aspectos.
¿En dónde están responsabilidades y trabajos, de los presuntuosos y caros contralores internos, externos y carnales?
¿Y las cientos y miles, de supuestas auditorias propias o contratadas y bien pagadas, por el costoso órgano de Simulación Superior ORFIS. Servicial y abyecto al poder dominante? ¿Y lo que gastan los diputados y la Omisión de vigilancia del Congreso, que también contrata servicios para el mismo fin, para nada?
El desastre no tiene límite, con la Comisión Estatal Zombi dizque Anticorrupción, que solo aparece en el entretenimiento y la distracción. ¿Cuántos ha acusado y sometido a proceso, de la abundante presencia de ineptos y corruptos?
Ya ni que decir de “la letra muerta”, el catálogo de buenas intenciones, en lo que han convertido a viejas y nuevas leyes que no se aplican, cumplen y hacen cumplir.
¿Cuál ley de responsabilidades administrativas? ¿De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? ¿Cuál ley General de Responsabilidades?
Así, excepciones aparte, por una u otra razón en los gobiernos municipales, estatales, federal y órganos autónomos, se ha hecho costumbre la pésima y deficiente integración, aprobación y supervisión del presupuesto oficial; así como su arbitrario ejercicio, falta de fiscalización y evaluación, que se extiende, llámese devolución, desaparición, subejercicio, gasto excesivo, saqueo o mal uso y abuso.
Tan solo, en 2017, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas detecto un subejercicio por 16 mil 752 millones que afecto principalmente al sector agrícola (6), a Comunicaciones y Transportes (4), Salud (2), Educación casi 1 mil millones…” (LaJornada.020119).
Y del presupuesto estatal veracruzano, ni para repetir que decenas de miles de millones de pesos siguen desaparecidos, pero ejercidos; gastados, pero no justificados.
Reformas van reformas vienen. Viejas y nuevas leyes se acumulan, complican y bloquean o hacen más lentos los procedimientos.
El colmo es que no pasa nada, empezando porque no se informa, ni justifica, ni se sanciona a los presuntos responsables, muchas veces beneficiados con tales acciones.
Algo, de lo mucho pendiente de aplicar de inmediato:
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público…”
“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público…” (LGR Administrativa)
CAPACIDAD Y RESULTADOS POSITIVOS.
Ni perfectos ni infalibles. Todo servidor público, debe demostrar siempre, que sirve, que no es inepto ni corrupto; está obligado a cumplir con su responsabilidad y probar su capacidad, en toda acción actividad o acción gubernamental a su cargo.
El hartazgo y la inconformidad social son los motores del cambio que hoy, en México se intenta.
En el poco tiempo de inicio del nuevo gobierno, algunas de las acciones ya muestran intenciones y alcances, para atender esa creciente mayoría de la población empobrecida, hambrienta, insegura y desatendida por otros gobiernos en turno; y para corregir graves deficiencias del aparato gubernamental: corrupción, falta de austeridad, opacidad, ineficiencia y otras.
La novedad es, que aumentan los millones de favorecidos por los programas de bienestar que ha empezado el nuevo gobierno encabezado por AMLO: adultos mayores, discapacitados, jóvenes, niños, etc.; y en la estructura y funciones de gobierno se suceden cambios importantes.
No hay duda que el intento avanza, con sus indudables aciertos y logros, pero también con sus errores y cuestionamientos. Imprescindible la participación y evaluación ciudadana y social, para distinguir unos de otros; para consolidar y fortalecer el cambio verdadero.
Preocupa, que inseguridad y violencia aumentan.
Preciso tener presente que simulación, disimulo, complicidad e impunidad, una vez que se arraigan y aumentan, fortalecen ineficiencia y complicidad, delincuencia e impunidad.
Quienes gobiernan, todos y cada uno de sus actos y acciones, tienen que ser legales y legítimos. Ni más ni menos.
A fin de cuentas, de lo que se trata es de asegurar el imperio de la ley y garantizar el Estado de Derecho.
-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH |
|
