El gobernador Cuitláhuac García, como el expresidente Enrique Peña Nieto, quiere que se le aplauda por logros no obtenidos.
El 20 de enero Cuitláhuac García, desesperado, quería “convencer” a los reporteros que estaban en una conferencia de prensa de que en su gobierno se ha reducido la incidencia delictiva.
Incluso dijo que esperaba que hubiera titulares de “ocho columnas” diciendo que en Veracruz los delitos van a la baja.
Angustiado, pidió a los medios de comunicación “tener un acuerdo” para impulsar al estado, con “la realidad, no mentiras” sobre la violencia en el estado.
Y la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, es que la incidencia delictiva en Veracruz ha crecido durante su gobierno, aún con todo y el fuerte subregistro delictivo que tiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
En el 2018 fueron 60,758 delitos los reportados por la Fiscalía del estado; en el 2021 el número ascendió a 88,308.
27,550 delitos más; un incremento del 45.34%.
Entonces, con esta elevación, ¿cuál reducción de la incidencia delictiva existe en el gobierno de Cuitláhuac García?.
Pero además existe el subregistro de delitos.
Vaya, es tan fuerte esto, que hasta la fiscal Verónica Hernández Giadans presenta datos que refuerzan esta percepción.
El 24 de enero la fiscal compareció ante la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los legisladores, incluyendo los de oposición, le aplaudieron, sobre todo los integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia, los morenistas Genaro Ibáñez Martínez, presidente, y Rosalinda Galindo Silva, secretaria, y la vocal, la emecista Ruth Callejas Roldán.
En ese evento dijo que durante 2021 se iniciaron más de 96 mil carpetas de investigación, pero el reporte de incidencia delictiva proporcionado por la Fiscalía de Veracruz al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (que es el órgano encargado de llevar la estadística delictiva en todo el país) sólo incluye las 88,308 enumeradas en la estadística anual que presentó.
Esto es un reconocimiento tácito de que la Fiscalía de Veracruz no le reportó al SESNSP 8 mil carpetas de investigación iniciadas, supuestamente.
A partir de ahí, ya es grave el subregistro delictivo en Veracruz.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública” (ENVIPE) 2021, estima que en 2020, en el estado de Veracruz, se denunció sólo el 10% de los delitos y que de estos sólo se inicio una carpeta de investigación en el 66.2% de los casos.
Si esta tendencia persistió el año pasado (y lo más probable es que así haya sido), esto querría decir que en Veracruz en realidad se denunciaron más de 145,015 delitos en el año, lo cual implicaría que en casi 50 mil denuncias presentadas nunca se abrió una carpeta de investigación.
Ahora bien, si los delitos denunciados son apenas el 10% de los ocurridos, significaría que en Veracruz hubo más de un millón 450 delitos en el año anterior. Un número altísimo.
¿Y con esa cantidad Cuitláhuac García se atreve a decir que Veracruz es un estado seguro?.
El número muestra un incremento, porque la misma ENVIPE anota que para 2020 se calculó un estimado de 1 millón 85 mil 778 delitos.
Pero además la eficacia de la misma Fiscalía del estado sigue siendo muy baja, como lo muestran los mismos datos que presentó Verónica Hernández en su comparecencia en la Cámara de Diputados local.
Ahí aseguró que “superaron” las 270 sentencias condenatorias en 2021. Si fueron 96 mil carpetas de investigación iniciadas, la eficacia de la FGE para obtener condenas contra los delincuentes fue de sólo 0,28125% con respecto a las mismas.
Un número terriblemente bajo para la cantidad de carpetas de investigación iniciadas.
También dijo que hubo más de seis mil 500 detenidos por la FGE en ese año, los cuales fueron “puestos a disposición”, así nada más (¿a disposición de quién?, ¿de un juez?, ¿del crimen organizado?).
De ese número más de dos mil 200 fueron “llevados a control”, sólo una tercera parte de los detenidos que fueron puestos “a disposición” y que más de dos mil 700 fueron vinculados a proceso (¿cuál es la diferencia jurídica entre “poner a disposición” y “vincular a proceso”?, ¿porqué son menos los puestos “a disposición” que los vinculados a proceso?).
Pero todo esto lo presenta como grandes avances.
Así pues, aunque Cuitláhuac García quiera que se le den las ocho columnas diciendo que Veracruz es un estado que vive en paz, en honor a la verdad, esto no es posible, porque en la entidad la incidencia delictiva ha crecido en su gobierno.
Y la eficacia de la procuración de justicia es muy baja, tanto por la capacidad de quienes están en la Fiscalía del estado, como por lo reducido de los recursos con los que tienen que operar para el monto delincuencial que se vive en la entidad.
Cuitláhuac García se siente el gran místico al que se le debe aplaudir, pero no hay motivo para hacerlo y sí en cambio hay elementos para reclamarle.
ORFIS: 205 DENUNCIAS PENALES POR 33,483 MILLONES DE PESOS
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado de Veracruz ha interpuesto de 2007 a la fecha, 205 denuncias penales por 33,484 millones de pesos.
Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, proporcionó ese dato en su comparecencia ante la Cámara de Diputados local.
En ese ejercicio mencionó que de las observaciones administrativas de 2017, finalmente se presentaron 32 denuncias penales, mientras que para el 2018 fueron 4.
En lo correspondiente a las cuentas públicas del 2019 se determinó un presunto daño patrimonial en: 47 entes estatales por 566 millones 860,540.64 pesos; en 210 municipios por $2,066 millones 614,392.09; y en 6 entidades paramunicipales por 11 millones 865,335.96, haciendo un presunto daño patrimonial total
de 2,645 millones 340,268.68.
Los Entes Fiscalizables, además de la documentación y aclaraciones, presentaron reintegros por un total de 100 millones 574,073.28 pesos.
Relativo a las Cuentas Públicas del ejercicio 2020 se determinó un presunto daño patrimonial en: 44 entes estatales por 171 millones 652,769.29 pesos; en 212 municipios por 1,704 millones de pesos y en 14 entidades paramunicipales por 11 millones 87,144.32 pesos, haciendo un presunto daño patrimonial total de 1,886 millones 696,192.03 pesos.
Los Entes Fiscalizables, además de documentación y aclaraciones, presentaron reintegros por un total de 196 millones 225,091.98 pesos.
Delia González ahí también refirió que durante el año 2021, el ORFIS ha participado activamente en los trabajos de vinculación con
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), Grupos Regionales Centro y Golfo, la coordinación de Finanzas Estatales y Disciplina Financiera.
Igualmente señaló la importancia de prevenir y mejorar los controles, para evitar el soborno y los actos de corrupción, por lo cual el ORFIS cuenta con la certificación del Sistema Antisoborno ISO 37001, en el que se detecta cualquier indicio en relación con el soborno y/o corrupción. |
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