En el gobierno de Rocío Nahle no hay absolutamente ningún mecanismo para la prevención de desastres, pero tampoco para la remediación de daños por los mismos.
Esa falta de planeación, esa ineficacia, la están pagando los veracruzanos afectados por las inundaciones.
Y la sufrirán en el futuro cualquiera otro que sea damnificado por los múltiples fenómenos naturales que llegan al territorio veracruzano.
Esta falta de previsión, de mecanismos de respuesta, es el reflejo de la poca importancia que Rocío Nahle le dio a la cuestión de protección civil.
Vaya, los hechos demuestran que hasta antes del desastre (por lo menos), le daba todavía menor importancia que su predecesor, Cuitláhuac García Jiménez, porque hasta redujo el presupuesto para ésta secretaría.
Esto es una muestra clara del menor interés que Rocío Nahle le puso a Protección Civil.
El año pasado la Secretaría de Protección Civil (SPC) tuvo un gasto final de 98 millones 815 mil 404 pesos, de acuerdo con lo anotado en los informes trimestrales de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al cierre de 2024.
Sin embargo, en la programación presupuestal para éste año se redujo la cantidad a 94 millones 138 mil 57 pesos. Un ajuste posterior, al incrementarse los ingresos del gobierno del estado, elevó la suma a 95 millones 154 mil 57 pesos.
Más de 3 millones y medio de pesos de reducción real a pesos corrientes.
Y esto se da aún cuando en el 2025 el gobierno del estado tuvo una mayor disposición de recursos.
Así, en 2024, el gasto final modificado del Poder Ejecutivo de Veracruz fue de 94 mil 393 millones 372 mil 74 pesos, por lo que lo correspondiente a la SPC fue el 0.10% del total.
Para este año al elevarse la cantidad disponible para el Poder Ejecutivo a 97,441,062,118 se redujo al 0.09%.
En contraste, en el gasto correspondiente a la “Oficina del C. Gobernador” (así dice en el Informe Trimestral de Sefiplan) el gasto programado para este año se elevo de 120 millones 203 mil 688 pesos a 191 millones 213 mil 688 pesos.
71 millones de pesos más.
Probablemente una buena parte de esta cantidad corresponde a las remodelaciones que le hicieron al Palacio de Gobierno y a la Casa Veracruz, que será la residencia oficial de la gobernadora Nahle.
LA ASEGURADORA QUE NAHLE SE INVENTÓ, NO FUNCIONA TAMPOCO
Supuestamente Cuitláhuac García durante su gobierno contrató un seguro contra gastos catastróficos por 20 millones de dólares anuales.
La Silla Rota muestra la carátula de la poliza 100-77485-02, de Seguros BX+, vigente del primer minuto del 31 de mayo de 2024 hasta el último minuto del 30 de mayo de 2025.
Pero la misma no se renovó, por lo que el estado de Veracruz quedó sin cobertura a partir del 1 de junio de éste año.
El 7 de mayo la gobernadora Rocío Nahle emitió el decreto por el que se creaba la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI) como un organismo público descentralizado (OPD) y sectorizado a la Sefiplan.
Esta Aseguradora tiene entre sus objetos:
Brindar cobertura de seguros patrimoniales y financieros al propio Gobierno del Estado, integrado por sus dependencias y entidades paraestatales, ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes, infraestructura o servicios.
Es decir, la AVIS -si estuviera funcionando- sólo cubriría los daños al gobierno del estado y sus dependencias.
En ningún caso se menciona la atención a la población damnificada o afectada y mucho menos la cobertura de daños para la misma.
En su fracción tercera del mismo artículo de ese decreto, se anota: “Proveer alternativas eficientes y económicamente sustentables en materia de aseguramiento público”, lo que sea que esto signifique, pero que parece ser una redacción más encaminada a tratar de venderle seguros a la población en general, como cualquier otro negocio de éste tipo.
EL SECRETARIO DE FINANZAS NUNCA HIZO LOS TRAMITES PARA IMPLEMENTAR LA ASEGURADORA VERACRUZANA
La Aseguradora se rige, entre otros, por “La Ley General de Instituciones y Sociedad Mutualistas de Seguros y demás disposiciones aplicables en materia financiera y de seguros”.
Pues bien, esa ley determina que todas las instituciones de seguros para poder operar deben de estar registradas y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas coloca en su página todas las compañías vigentes al día.
Y la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales no se encuentra en ese listado.
Eso aún cuando en su decreto de creación se anota en su artículo 2, inciso d, que su Estatuto Orgánico, “deberá expedirse en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.
Es decir, desde el 5 de agosto debió de estar listo ese documento.
¿Y quién debió realizar los trámites para que la AVIS estuviera operable?
Pues el mismo decreto marca en su segundo transitorio que “el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación” será el encargado de realizar “todas las gestiones necesarias para el registro y el inicio de la operación formal de la sociedad, así como para la emisión de su Estatuto Orgánico y manuales de operación”.
Así es que si la Aseguradora no está en funciones, la culpa es de Miguel Santiago Reyes Hernández, el titular de Sefiplan.
Por mientras, los errores y omisiones de los que se creen los grandes místicos del gobierno de Veracruz, los pagan los terrenales.
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