Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), perdió su rumbo por completo; en lugar de ser el garante para que la población pueda tener lo que su nombre marca, acceso a la información, ahora es el instituto de protección para que el gobierno del estado no de información.
Esto es así, porque los comisionados están plenamente identificados con Morena, especialmente el ahora comisionado presidente, David Agustín Jiménez Rojas, quien todo su trabajo político lo había desarrollado en la ciudad de México, hasta que lo trajo al estado el ahora exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien lo hizo director del Registro Público de la Propiedad, posición desde la cual provocó que lo denunciaran por despojo, robo y abuso de autoridad, al apropiarse -de acuerdo con los señalamientos- de ranchos y otras propiedades con documentos falsos que elaboró durante su estancia en ese cargo.
Para tratar de salvarlo de esos reclamos, el mismo Eric Cisneros lo mandó como representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), cargo que hoy pone sin ningún pudor en su curriculum que se muestra en el IVAI, para que todo mundo se enteré de donde están sus lealtades, tanto políticas como de garantizar (o en este caso, impedir) la transparencia y la rendición de cuentas de las instancias del gobierno del estado y de los ayuntamientos gobernados o ligados a Morena.
Pero luego se le volteó a Eric Cisneros y se fue a los brazos políticos del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.
Después de ese brinco de grupo, la denuncia que le interpusieron diversas personas llevó a que se le girase aparentemente una orden de aprehensión, lo que propició que elementos de la Fiscalía de Veracruz lo buscasen abiertamente en las oficinas del IVAI.
Jiménez Rojas dejó entrever que esto era una jugada política por tomar posesión como presidente del IVAI, a contracorriente de su expadrino político, Eric Cisneros, quien habría alentado que los agentes ministeriales lo intimidasen, pues ahora las lealtades políticas del exrepresentante de Morena ante el órgano electoral, están con Gómez Cazarín.
Vaya, su nueva cercanía es tanta, que hasta Juan Javier estuvo en su toma de posesión como presidente.
Pues bien, con un comisionado presidente tan abiertamente morenista, ¿cómo se va a garantizar el acceso a la información para los ciudadanos?.
No es posible. Hay un sesgo y un vicio de origen.
Tal vez por esto a los comisionados se les olvidó lo que dice el artículo 67 de la Constitución de Veracruz, fracción IV:
“La garantía y tutela del derecho a la información de las personas, así como de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, frente a los sujetos
obligados, corresponde al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información...”
¿No crees que hay sesgos en el IVAI?.
Va un ejemplo, nada más, de como los comisionados del IVAI hacen maroma y media para que así sea, que el gobierno de Veracruz oculte la mayor información posible, que las dependencias del gobierno de Veracruz no otorguen información en la mayor medida posible. El mundo ideal que los comisionados del IVAI avalan, es la opacidad en las instancias de gobierno de Veracruz.
El 7 de julio de 2023 se solicitó a la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) lo siguiente:
«El Gobierno Cuitláhuac García mencionó el 5 de julio una inversión este año por 492 millones de pesos en la adquisición de equipamiento médico especializado, entre el que destaca una unidad de imagen por resonancia magnética, con costo de 72 mdp, y tres microscopios oftalmológicos avanzados por 67.2.
Forma de adquisición de los implementos correspondientes a la inversión referida, incluyendo copia de los contratos correspondientes.
Origen de los recursos empleados para esto, en cada una de las adquisiciones, mencionando el año de aplicación al que corresponden.
Destino de los equipos médicos adquiridos con esta inversión».
La respuesta llegó el 16 de agosto de 2023, un mes y 10 días después.
Se saltaron lo que marca el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: la respuesta no podrá exceder de 20 días.
En esa contestación la Dirección de Atención Médica informaba del destino de los equipos: la unidad de imagen por resonancia magnética, al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), con un precio de adjudicación por 72 millones 65 mil pesos, y los microscopios oftalmológicos al HAEV, al Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio y al Hospital Regional de Poza Rica, con un precio totAl de 67 millones 233 mil pesos.
La suma de ambas compras, fue de 139 millones 301 mil 259 pesos con 71 centavos.
Faltaron por mencionar compras por 352 millones 698 mil 740 pesos con 29 centavos.
¿Qué adquirieron?, ¿a quién se lo compraron?, ¿cuál fue su destino?.
Eso no lo informaron.
Sobre la entrega de los contratos, el subdirector de Recursos Materiales de Sesver, Facundo Valdivia Cadena, en lugar de entregar la copia correspondiente en formato electrónico o indicar la dirección de internet en la que debían encontrarse los mismos, como fue solicitado, mandó a que se pagase copia física de estos.
Ante esto, se realizó una segunda solicitud, pidiendo exclusivamente la “copia de los contratos correspondientes en formato electrónico, toda vez que los mismos deberían ya de estar disponibles en la plataforma de transparencia de la dependencia”, ante lo cual nuevamente mandaron a pagar la copia física, porque los contratos no estaban disponibles en internet, tal como señalan las leyes que debía ocurrir.
Ante la reiterada negativa a proporcionar la copia de los contratos, que mostraba la reticencia de Sesver a entregarlos, se presentó un recurso de revisión, el cual le tocó substanciar al comisionado David Agustín Jiménez Rojas, el mismo comisionado presidente abiertamente morenista.
En ese alegato, para subsanar lo solicitado, Sesver, proporcionó una dirección de internet, ubicada fuera de la plataforma de transparencia de Sesver y que no lleva a ningún lado, lo cual es otra evidencia de que quieren mantener los contratos ocultos.
Esta es la dirección, por si acaso ya la habilitaron:
https://drive.google.com/drive/folders/1mjP0ztz20rEaYETz-xu61xBMTn15tdNI?usp=sharing
Su argumento es que esa dirección la proporcionaban para “demostrar buena fe”.
Pero la “buena fe” no es un criterio de cumplimiento de la entrega de la información solicitada. En ninguno de los ordenamientos que regulan la materia.
¿O sí?.
Los «Lineamientos Generales para la publicación de la información establecidas en la Ley Número 875 de Transparencia» no incluyen este concepto. Mucho menos está en la Constitución de Veracruz o en la nacional.
En cambio el artículo 4 de esos Lineamientos anota bien específico que los sujetos obligados deben tener un sitio “donde se encuentre la información pública puesta a disposición de las personas en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.
Si esto les es insuficiente a los comisionados del IVAI, está el Artículo 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que anota la existencia de los portales de obligaciones de transparencia.
O los artículos 70 y 85, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que marcan la obligación de publicar la información que les corresponde.
En la substanciación del recurso de revisión, el mismo comisionado morenista anota que “es viable e importante mencionar que este Órgano Garante ha realizado esfuerzos en emitir criterios que ayuden a
los recuentes la consulta de ligas electrónicas de forma fácil y ágil; de este manera evitar que sea hasta el recurso de revisión cuando se le entregue la información”.
De hecho, existen las aplicaciones para reducir las direcciones electrónicas, incluso de uso gratuito.
El mismo documento de respuesta al reclamo incluye el «criterio» “Liga electrónica. Fácil acceso”, en el cual se apunta que “los sujetos obligados deberán privilegiar la utilización de ligas electrónicas en un formato que permita su copiado y pegado de fácil acceso”.
Pero en lugar de propiciar que esto hubieses ocurrido y que se entregase una liga electrónica posible de ser copiada, el comisionado valido la respuesta de Sesver reconociendo “la buena voluntad y el compromiso con la transparencia del sujeto obligado”.
El morenista asegura que la liga lleva a los contratos de compra solicitados, los cuales tienen el registro -según se anota en la substanciación del recurso por parte del IVAI- SESVER/DA/C-331/2023 y SESVER/DA/C-380/2023.
Pero esos contratos no existen en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Tampoco están en la página de la Secretaría de Salud de Veracruz, donde su numeración para las “adjudicaciones estatales directas por excepción de ley” (que es como hicieron la entrega de ambos contratos), sólo llega al número 200, cuando los documentos solicitados son el 331 y el 380.
Y ya deberían de estar ahí, en el portal de transparencia.
Vaya, incluso existe el “Acuerdo ODG/SE-45/26/06/2020”, que asienta que “los sujetos obligados deberán cargar la información en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia…”.
Pero eso no lo tomó en cuenta el comisionado morenista.
Por cierto, el formato de las ligas electrónica para los contratos que ya tienen en su portal de transparencia, es muy diferente al que proporcionaron. Por ejemplo, esta liga que lleva a una hoja que menciona la compra de equipo oncológico: https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/SESVER_DA_C-184_2023-AFECTADO-C.pdf.
Pero el comisionado presidente, el morenista Jiménez Rojas, dice que si pudo acceder y muestra tres capturas de pantalla borrosas, en las que no se ve la dirección electrónica de donde fueron tomadas, pero en la primera de estas se observa un sello con la fecha “30 DIC 2022”.
¿Cómo es posible que la hoja tenga fecha del 30 de diciembre del 2022 si los equipos se compraron a mediados de año, supuestamente?.
Ahora, si el comisionado morenista pudo acceder a los contratos, ¿porqué no ordenó la entrega de los mismos?. En lugar de eso, para propiciar la opacidad de la Secretaría de Salud y del gobierno de Cuitláhuac García asegura que “los contratos solicitados fueron entregados”.
La respuesta del IVAI fue validada por los otros dos comisionados, José Alfredo Corona Lizárraga y Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.
Lo único diferente es que Naldy Rodríguez emitió un “voto concurrente” porque el sujeto obligado, es decir la Secretaría de Salud, no emitió el acta de su comité de transparencia en el que se aprueba la versión pública de la información solicitada.
Así, con los que se sienten los grandes místicos del ocultamiento de la información, contrario al acceso a la información pública. |
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