Marco Antonio Aguirre Rodríguez
En Veracruz, la muerte circula con libertad, cortando vidas de forma violenta, a golpe de disparos, de asesinatos con arma blanca, con ahorcamientos, con la brutalidad de los deguellos o hasta la decapitación; sazonados con la tortura de los golpes, las quemaduras, la electricidad, el despellejamiento.
Y con ella lleva la impunidad para quienes son sus brazos ejecutores.
En Veracruz, es altamente posible que un asesino pueda seguir circulando en libertad, con pocas probabilidades de que lo atrapen y menos, muchas menos, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz pueda armar un caso en su contra lo suficientemente sustentado como para que se quede en la cárcel.
Más no toda la culpa es de un mal trabajo de la Fiscalía. Cuitláhuac García también tiene mucha culpa, porque nada ha hecho para mejorar la procuración de justicia que le corresponde a la FGE, a la cual tiene en muy malas condiciones, de hecho, de las peores del país,
Aún así, tanto el gobernador Cuitláhuac García, como la fiscal Verónica Hernández Giadans se llenan la boca diciendo que ya no hay impunidad, que los crímenes se castigan.
Pero no, no es cierto.
Por eso los reclamos constantes y permanentes por los casos de homicidio no resuelto.
Por eso las liberaciones que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación de presuntos homicidas que la Fiscalía mete a la cárcel, pero no aporta pruebas que sustenten sus acusaciones.
Los datos duros, oficiales, así lo demuestran.
LA IMPUNIDAD PREDOMINA EN EL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC: 98.4%
Los otros datos, los que dicen que en Veracruz la justicia impera, esos, no se soportan ni a si mismos.
La impunidad en Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García, por homicidio, es de 98.4%.
La eficacia en cambio, la probabilidad de que un asesino pueda llegar a ser sentenciado a prisión es de sólo 1.6%.
O menos.
Es decir, de cada mil homicidios registrados en Veracruz, sólo en 16 casos existe sanción de cárcel para los asesinos.
Y tal vez, ni estos.
Con estos números, ¿cómo se puede hablar de que la impunidad ha sido abatida?.
Más bien estos datos demuestran que la impunidad es permitida.
No es percepción, son datos duros, oficiales, aportados por las mismas instancias que los manejan.
La información oficial que así lo sustenta es la “Incidencia delictiva” que la Fiscalía de Veracruz le reporta al Secretariado Ejecutivo del del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cada mes; también está la información proporcionada por la misma Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial (PJ) de la entidad, la cual se dio como respuesta a solicitudes de acceso a la información realizadas sobre los homicidios dolosos cometidos en Veracruz a partir de diciembre de 2018 (cuando inicia el gobierno de Cuitláhuac García) a mayo de 2022.
El director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica, Publio Romero Gerón, de la FGE, en la respuesta emitida anotó que de diciembre de 2018 a mayo de 2022 se registraron 4 mil 297 carpetas de investigación por homicidio doloso, cometidos en el estado de Veracruz.
Ese número es similar, aunque no igual, a los asesinatos registrados por la misma Fiscalía de Veracruz ante el SESNSP, donde el número es ligeramente menor, pues acumula 4 mil 294 casos.
Pero ni con las carpetas de investigación iniciadas se investigaron todos los casos.
De hecho, según la Fiscalía, en 1549 casos se decidió el archivo temporal y en otros 11 se determinó el “no ejercicio de la acción penal”.
Debería haber entonces 2 mil 737 casos en los que se hubiera realizado una investigación.
Pero no fue así.
El ejercicio de la acción penal se determinó sólo en 478 casos.
Entonces, ¿qué pasó con las otras 2 mil 259 carpetas de investigación abiertas?, ¿cuál es su estatus?.
La Fiscalía no lo menciona.
De hecho la Fiscalía de Veracruz tiene una fuerte deficiencia en el manejo de sus estadísticas, pues no lleva conteo sobre muchos de los procedimientos a seguir.
Ni siquiera tiene el conteo del número de personas detenidas por el delito de homicidio doloso en el lapso de referencia.
A la FGE en específico se le requirió el “número de personas detenidas por el delito de homicidio doloso, entre diciembre de 2018 a mayo de 2022, enumeradas por año”.
La respuesta de la Fiscalía fue que “la información requerida no se tiene desglosada como lo solicita, se le proporciona el número de carpetas de investigaciones iniciadas con detenido”.
Y ese número, en el lapso señalado corresponde a sólo 86 carpetas de investigación: 2 (en diciembre de 2018), 18 (en 2019), 27 (en el 2019), 30 (en 2021) y 9 (en 2022, hasta el día último de mayo).
VERÓNICA HERNÁNDEZ PRESUME INFORMACIÓN QUE NO TIENE LA FISCALÍA
La Fiscalía tiene una gran deficiencia en el seguimiento estadístico del homicidio doloso. Una muestra de ello es la respuesta otorgada cuando se le pidió el “número de órdenes de aprehensión solicitadas por el delito de homicidio doloso, en el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2022, enumeradas por año. De estas, cuántas fueron giradas y cuántas fueron negadas”.
“En relación a este punto le comunico que es información que no se tiene registrada en esta Dirección a mi cargo”.
Y a partir de ahí ya no hay información sobre el número de causas penales en las que se haya dictado auto de formal prisión, ni de personas detenidas que hayan obtenido su libertad porque el juez de control calificó como no legal su detención, ni detenidos condenados, mucho menos de los que obtuvieron su libertad por determinación de juez federal o del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
Esto es una gran muestra del desorden que tienen en la Fiscalía, donde ni siquiera han desarollado un buen sistema de seguimiento de su trabajo.
Aún así, la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, el 3 de septiembre pasado, en un video que colocó en sus redes sociales señaló que se ha logrado un incremento del 80 por ciento en vinculaciones a proceso, obteniendo 120 por ciento más sentencias condenatorias.
¿De dónde saca la información la Fiscal si su dirección de Información no tiene los datos?.
Publio Romero, en la respuesta que da, entregada vía la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Fiscalía, anota que lo entregado es todo lo que tiene:
“Cabe mencionar que la información que se proporciona es la que se encuentra registrada en los sistemas informáticos con que cuenta esta Dirección, la cual está en constante actualización, y los responsables de su registro en los sistemas, son los distintos Fiscales que integran las Unidades y Subunidades Integrales de Procuración de Justicia que se encuentran en todo el territorio Veracruzano”.
Con esta anotación y las respuestas entregadas cabe la pregunta: ¿Se habrá inventando la Fiscal los datos?.
Ni siquiera las sentencias dictadas tienen registradas, mucho menos el seguimiento de los recursos que los sentenciados presentan tratando de revertir las condenas y la forma en que los órganos jurisdiccionales dictaminan.
Vaya, pues, no tienen siquiera un simple diagnóstico de la eficacia de su trabajo.
Si no saben ni lo que resulta de lo que están haciendo, ¿cómo es que van a realizar un buen trabajo?.
¿Cómo es que Verónica Hernández se atreve a decir que está haciendo un buen trabajo si no tiene ni siquiera bien los datos?.
LAS DISPARIDADES EN LA INFORMACIÓN ENTRE LA FISCALÍA Y EL PODER JUDICIAL
En el Poder Judicial hay mucho más orden en la forma de llevar la información que en la Fiscalía.
Y por lo mismo es evidente que la información proporcionada por la Fiscalía tiene sesgos fuertes.
La Fiscalía dice que en total capturaron a 478 presuntos delincuentes culpables de homicidio doloso, pero no tienen la información de cuánt382
as órdenes de aprehensión solicitaron ni cuántas les fueron concedidas.
El Poder Judicial, en cambio, en la información que proporcionó anota que se giraron 382 órdenes de aprehensión contra los presuntos delincuentes, pero tampoco menciona cuántas le fueron solicitadas.
De esas 382, cuarenta se emitieron en el llamado “Sistema tradicional” que está en extinción y 342 en el Sistema Acusatorio Adversarial Oral, o sistema oral, como se le conoce de forma corriente.
De esas 382 órdenes de aprehensión, se dio el ejercicio de la acción penal contra 257 personas.
Hay una diferencia de 96 órdenes de aprehensión entre las que dice haber ejecutado la Fiscalía (478) y las que contabiliza el Poder Judicial (382).
De todos modos, cualquiera de las dos cifras, representa un valor muy bajo para el total de casos de homicidio doloso registrados en la entidad en esos tres años y medio del gobierno de Cuitláhuac García.
Las 478 detenciones que dice la Fiscalía que realizó, corresponden apenas al 11.12% del total de los homicidios registrados en ese lapso.
El porcentaje, es muy bajo.
Con las diferencias resalta la pregunta: ¿Quién tiene la razón?
La información del Poder Judicial la avala el director de Control y Estadística del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la cual entregó a la unidad de Transparencia de esa instancia mediante el oficio DcyE/6298/2022.
Como sea, el Poder Judicial asienta haber iniciado apenas 358 procesos por homicidio doloso en la entidad, durante el gobierno de Cuitláhuac García.
Sólo 358 de 4297 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía del estado.
O sea que 3 mil 939 casos nunca fueron investigados y mucho menos llevados a la justicia, ni siquiera.
El 91.66%.
Un índice ya de por sí terrible: 916 casos de cada mil asesinatos no fueron judicializados.
En esos procesos fueron imputadas 457 personas.
Y de esos 457 imputados, sólo 299 fueron vinculados a proceso.
Es decir, sí se les inició el juicio.
Pero el número de sentencias por éste delito emitidas por los juzgados del Poder Judicial de Veracruz, es sumamente bajo, de apenas 69.
Hasta ahí es para lo que les dio el material de pruebas que les ha entregado la Fiscalía, como ente investigador de los delitos.
69 sentencias.
Y no hay la seguridad de que todas fueran condenatorias, porque el Poder Judicial en su respuesta a la petición de acceso a la información, no lo aclara.
Esas 69 sentencias representan apenas el 1.60% del total de los homicidios registrados.
Ese es el grado máximo de eficacia que alcanza la Fiscalía en Veracruz.
Y esas 69 sentencias han llevado a que sólo 81 personas hayan sido juzgadas, de quién sabe cuántos involucrados en los homicidios.
PERO LA EFICACIA PUEDE SER TODAVÍA MENOR
Pero la eficacia de la Fiscalía de Veracruz puede ser todavía menor en la resolución de los homicidios dolosos cometidos en Veracruz.
O, su ineficacia puede ser mayor.
La Fiscalía asienta haber iniciado 4 mil 297 carpetas de investigación por éste delito, en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García.
Un número que iguala a los asesinatos registrados en la entidad en el mismo lapso, de diciembre de 2018 a mayo de 2022.
Sin embargo, comprobado está, que la Fiscalía de Veracruz tiene un subregistro de asesinatos en la entidad, esto es, que se reportan menos casos de los que en realidad ocurren.
El ejemplo está en la columna Místicos y Terrenales del 21 de octubre de 2021, “En Veracruz hay muertos que nadie cuenta; un subregistro de homicidios dolosos que ronda el 20%, por lo menos” (ubicada en https://cutt.ly/DRnC2gr).
Así, al ser mayor el real número de homicidios dolosos, es menor la eficacia de la Fiscalía por resolver los mismos.
Un ejemplo extremo de como la Fiscalía oculta datos, es la masacre ocurrida en Coatzacoalcos, el 28 de agosto de 2019, cuando atacaron el bar Caballo Blanco y tan sólo esa noche fallecieron 26 personas.
Pero esa masacre no fue reportada a las estadísticas del SESNSP. El hecho se evidendió en la entrega de Místicos y Terrenales titulada “La Fiscal no reportó la masacre de Coatzacoalcos” (ubicada en https://cutt.ly/FetdQsF).
Y nunca fue actualizada la información de ese día. O sea que nunca registraron esa masacre en el acumulado de los homicidios dolosos cometidos en Veracruz.
Otro elemento que podría llevar a que la eficacia de la Fiscalía de Veracruz sea cuestionada, es que en la misma se han documentado prácticas de tortura.
Un caso paradigmático sobre esto es el de July Raquel Flores Garfias, acusada del asesinato de Guadalupe Martínez, rectora de la Universidad Valladolid, ocurrido en Xalapa, 29 de junio pasado.
Hay elementos suficientes que muestran que July Raquel ese día estaba en la ciudad de México, hasta donde la fueron a detener.
Y para hacerla confesar, la torturaron, incluso con violación, por parte de agentes ministeriales.
Sobre este caso de tortura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 51VG/2022, la cual fue rechazada por la Fiscalía porque el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dijo que rechazaba la misma (15 grandes pifias de la Fiscalía de Veracruz con Cuitláhuac García, ubicada en https://cutt.ly/yKQKpUT)
En la columna “La FGE utiliza la tortura para fabricar culpables. A July la acusan de asesinato cuando estaba en la CdMx”, se mencionan otros casos de tortura por parte de la Fiscalía, para obtener confesiones y fabricar culpables; ubicada en https://misticosyterrenales.com/2021/04/06/la-fge-utiliza-la-tortura-para-fabricar-culpables-a-july-la-acusan-de-asesinato-cuando-estaba-en-la-cdmx-misticos-y-terrenales/#.YxemImzMKUl.
La eficacia de la Fiscalía de Veracruz también se merma con la práctica reiterada de detener a personas por motivos políticos o sin tener elementos que comprueben la culpabilidad que le achacan, en viles casos de fabricación de culpables.
Un caso emblemático es el de José Manuel del Río Virgen, detenido en diciembre del 2021 acusado del homicidio de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, el cual fue liberado el 17 de junio, después de que un juez federal le dio un amparo, el cual fue ratificado por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese día la Fiscal aseguró que la sentencia emitida no exonera al funcionario de los delitos que se le acusan, e incluso mencionó que seguirían investigando el caso. Pero después de eso, nada nuevo aportaron a la investigación.
La eficacia de la Fiscalía, también fue cuestionada el 22 de agosto, cuando habitantes del municipio de Rafael Lucio bloquean la carretera Xalapa-Perote para exigir justicia por el asesinato del exalcalde José Allan Libreros, ocurrido el pasado 9 de agosto, los cuales acusaron nuevamente al actual alcalde, Damián Hernández Hernández, de ser el responsable del homicidio.
Así pues, ¿cuál es la real eficiencia de la Fiscalía para resolver homicidios?.
Es difícil determinarla, pero lo que sí es evidente, con datos proporcionados por fuentes oficiales, no por “otros datos”, es que sus resultados positivos son bajos, muy bajos.
Por eso es que parece que en Veracruz los gobernantes le dan permiso a la muerte para que sus brazos armados recorran la entidad con impunidad casi total.
PERO NO TODA LA CULPA ES DE LA FISCALÍA DE VERACRUZ
Pero buena parte de la culpa de la deficiente procuración de justicia en Veracruz, es del mismo gobierno estatal, el cual mantiene una baja asignación presupuestal a la Fiscalía de Veracruz, lo que impide que se contraten más elementos, tanto para la investigación inicial de los crímenes, como para el seguimiento de los mismos.
Es tan baja la asignación presupuestal real, que ni siquiera alcanza para implementar nuevas formas de investigación policíaca en la Fiscalía.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, de la organización Impunidad Cero, muestra que el presupuesto de la Fiscalía de Veracruz, es el tercero peor de estas instancias en el país, en una medición per capita, con $181.8 por ciudadano. En la Ciudad de México, en cambio el volumen presupuestal es de $767.2
por habitante.
Por lo pronto, según el informe "Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México" publicado por la organización México Evalúa, el sistema de justicia veracruzano tiene un 94.3% de impunidad.
Es decir, que más de 94 crímenes, de cada 100 que se cometen, quedan impunes.
Los casos de los periodistas asesinados es una buena muestra de ello.
En la mayoría de estos, ni siquiera pistas de los posibles asesinos o avances en la investigación.
Se quedaron en el aire, en el limbo.
En la nada.
El IEDF 2021, anota que la Fiscalía de Puebla es la peor de todo el país, pues se encuentra en el último lugar con tan sólo 36 puntos de eficiencia, antecedido de Morelos (que tiene 36.1) y Veracruz ( con 36.2),
Impunidad Cero, anota que el IEDF se conforma de una serie de indicadores que reflejan aspectos cruciales para una mejor procuración de justicia, como la estructura o capacidad instalada de las instituciones, su operación y sus resultados.
Para ésta medición añadieron “el componente de transformación digital” porque “la pandemia evidenció la necesidad de que las procuradurías y fiscalías del país cuenten con sistemas informáticos que ayuden a la gestión de los casos, así como con canales alternos de recepción de denuncias, como plataformas digitales de denuncia”.
En la Fiscalía de Veracruz, eso no existe… o al menos no es conocido.
Pero la situación puede volverse peor, porque el descuido que existe para con la Fiscalía de Veracruz puede llevar a que la misma se convierta en la peor del país.
El mismo estudio, anota que en Puebla se dio el segundo mayor incremento de fiscales por cada 100 mil habitantes de 2016 a 2020. El primer lugar fue para Sonora, con un más que notorio aumento de 326%, con lo cual su índice se elevó de 2.3 a 9.8.
En Puebla, en cambio, se dio el segundo mayor incremento en este indicador, con un crecimiento de 215%.
En contraposición, Veracruz está en las entidad que tuvieron una mayor disminución en esta tasa, la del número de fiscales por cada 100 mil habitantes, con un 23%, para quedar en una triste realidad de que sólo hay 5.7 fiscales por cada 100 mil habitantes, mientras que en Chihuahua hay 33.3.; esto es, hay seis veces más fiscales por habitantes en ese estado del norte del país, que aquí, en Veracruz.
Por eso es que los fiscales de la entidad siempre tienen una sobrecarga de trabajo y por lo mismo siempre están con la prisa por sacar los casos, a como sea, para “mostrar productividad”.
El mismo IEDF 2021 apunta que en Veracruz la carga de trabajo anual por fiscal o agente del ministerio público estatal, es de 177 casos.
Una cantidad muy por arriba del promedio nacional en esto, que es de 135.9 casos por fiscal.
Y si se denunciaran todos los crímenes que se cometen en Veracruz o por lo menos si se abriese una carpeta de investigación por cada intento de denuncia, la carga sería mucho mayor.
En este rubro hay una amplísima diferencia con la situación de Campeche, donde cada fiscal o agente del ministerio público atiende al año 21.8 carpetas de investigación en promedio.
Todo esto hace, de acuerdo con la misma instancia de Impunidad Cero, que la “probabilidad de esclarecimiento del delito” en Veracruz sea muy baja.
Como lo muestra el seguimiento realizado aquí de los mismos números oficiales.
Impunidad Cero apunta que en Veracruz los delitos denunciados con inicio de investigación en 2020, fueron apenas el 6.6% de los que se cometieron; de estos la efectividad fue de 15.8%, dando una probabilidad de esclarecimiento de sólo 1.04% del total.
Impunidad Cero es mucho más estricta que México Evalúa, la cual le da 5.7% de eficacia a la Fiscalía de Veracruz.
Es decir, tomando ya en cuenta las cifras negras, las denuncias que no se presentan, la efectividad de la Fiscalía de Veracruz es todavía menor.
La misma instancia anota que la efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión es de tan sólo el 33.3%.
En cambio la organización de la sociedad civil, le concede a la Fiscalía una impunidad en homicidio doloso en 2019, de 95.7%.
México Evalúa en su estudio “Hallazgos 2020” anota que en lo referente a la “consolidación del Sistema de Justicia Penal”, Veracruz, Guerrero, Campeche y Morelos, son los cuatro estados con menor calificación en su ranking sobre el particular.
Veracruz tiene un puntaje de 307 puntos, de 1,000 como mínimo a alcanzar.
Este ranking, define la organización, evalúa las condicionantes de la operación conformadas por ámbitos que ordenan y sistematizan las acciones institucionales que las entidades federativas han realizado para la consolidación del sistema de justicia penal, de acuerdo a su nivel de desarrollo y a su grado de formalización
En ese mismo documento se muestra como la fuerza de policías ministeriales o investigadores en Veracruz es sumamente escasa, pues el promedio por cada 100 mil habitantes, es apenas de 0.6, mientras que el promedio nacional es de 14.8 elementos.
La cantidad de policías investigadores que tiene la Fiscalía es altamente contrastante, por lo escaso, con la que tiene Baja California Sur, donde hay 36.3 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, frente a los 0.6 que existen en Veracruz.
Igual ocurre con el Poder Judicial, pues el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes en Veracruz es de apenas 4.2, mientras que en Campeche llega a 11.3.
Así, pues, no toda la culpa de la altísima impunidad que existe ante la criminalidad es por la ineficiencia de la fiscal Verónica Hernández Giadans, si no que también recae en
Cuitláhuac García, quien le ha escamoteado más y mejores recursos a las instancias de procuración de justicia en Veracruz.
Próxima entrega: El feminicidio, también le gusta a la muerte en Veracruz. |
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