La versión de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la #LeyNahle corrió como reguero de pólvora, encendido por las redes sociales.
El hecho fue confirmado por la tarde de éste 31 de enero, cuando la SCJN emitió su boletín 026/2023, el cual como titulo dice:
“SCJN INVALIDA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECÍA UN NUEVO SUPUESTO PARA CONSIDERAR A UNA PERSONA COMO VERACRUZANA”
El Pleno de la SCJN invalidó la reforma constitucional hecha por la actual Legislatura del estado, coordinada por Juan Javier Gómez Cazarin.
Esto no es un hecho aislado, si no una argolla más en la gran cadena de errores y pifias legislativas cometidas por el Congreso de Veracruz desde que Gómez Cazarin está como presidente de la Junta de Coordinación Política del mismo, o sea, como quien lo controla.
Gómez Cazarin más de una vez se ha dicho leal a Rocío Nahle, pero este actúa por órdenes e instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, igualmente pegado a las enaguas de la zacatecana y quien usa como intermediatio y bola de choque a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el secretario de Gobierno.
Los tres fueron fervientes promotores de la llamada “LeyNahle, adjetivizada así porque desde un principio fue evidente que se emitía para favorecer a la zacatecana en sus aspiraciones de gobernar Veracruz.
Es más, éste 31 de enero, la respuesta del gobernador Cuitláhuac García ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la mencionada reforma, de que eso no la invalida para ser candidata al gobierno de Veracruz, lo confirma.
PIFIAS DE GÓMEZ CAZARIN Y CUITLÁHUAC AFECTAN A LA ZACATECANA
La parcialidad de Cuitláhuac García, y de su circulo, hacia la zacatecana, quedó confirmada.
Como también se ratificó por la decisión de la Corte, la ineficacia del gobierno del estado y de sus operadores para la cuestión legislativa.
Siempre actúan con torpeza, amparados en que tienen el poder.
Ellos fueron quienes diseñaron la propuesta, la cual, por cierto, se plagiaron (como algunos se plagian las tesis de licenciatura) de una idea original del ahora alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica.
Para hacer su ahora desechada reforma constitucional utilizaron a la muy manejable diputada de Morena, Magaly Armenta Oliveros, para que la presentase, la cual, con ello demostró que es igual de ignorante en cuestiones legislativas como quien le dio la encomienda de llevar el escrito.
Y cada uno de los diputados que aprobaron esa reforma, igualmente avalaron su carencia de formación para legislar de manera eficaz.
Los que votaron a favor de la Ley Nahle ese 2 de agosto de 2022 ,fueron: toda la bancada de Morena; más el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila; las legisladoras del PVEM, Tania María Cruz Mejía y Citlali Medellín Careaga; y los panistas Othón Hernández Candanedo y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, más el colado Hugo González Saavedra, a los cuales separaron de la bancada del PAN, por lo mismo.
Ellos son una muestra de que se debe poner el requisito de una formación escolar mínima de licenciatura para ser diputado, para que por lo menos sepan leer y entiendan de lo que se tratan las cosas, no que hay diputados que parece que ni siquiera concluyeron el bachillerato por exceso de materias reprobadas, o, de plano, que apenas terminaron la primaria.
ROCÍO NO TIENE RESIDENCIA EN VERACRUZ
La sentencia de la Corte apunta que: “El Pleno invalidó la porción normativa mencionada, al considerar que el legislador local introdujo un supuesto adicional para ser considerado como nativo de la entidad y que hubiera podido incidir en los requisitos que es necesario cumplir para acceder a la gubernatura, lo cual resultaba violatorio de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal”.
En este sentido, el reconocido abogado Fidel Ordoñez Solana apunta que la zacatecana carece de residencia efectiva en el estado de Veracruz, y por lo mismo no cumple con lo establecido en el Código Electoral local para ser candidata a la gubernatura de Veracruz,
El ex subprocurador regional de Justicia explicó que desde 2018 la secretaria de Energía reside en otra ciudad para cumplir legalmente con su cargo público y como responsable de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, por lo cual su residencia efectiva puede ser en la Ciudad de México o en Villahermosa, Tabasco.
Apuntó que poseer una credencial para votar con determinado domicilio o tener una propiedad a su nombre y pagar el predial no acredita la residencia efectiva, requisito indispensable para ser candidata a gobernador en Veracruz, la cual debe ser de cinco años como mínimo.
Así que la posibilidad de que sea la candidata, se le aleja.
LA CEAPP, AL SERVICIO DEL GOBIERNO
Es más que lamentable la posición que asumió la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en su informe anual que presentó ante el Poder Legislativo de la entidad, porque en el mismo revictimiza a por lo menos las dos periodistas del sur de Veracruz asesinadas el año pasado.
En el documento se asienta que “las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojaron que en ninguno de los crímenes se logró establecer al ejercicio periodístico como principal
línea de investigación”.
La CEAPP asume como validos los informes de la Fiscalía sin que exista sentencia contra los acusados de cometer los homicidios, convirtiéndose en juez que confirma lo que dice la Fiscalía.
La posición que asume la CEAPP es lamentable, sobre todo en el caso del asesinato de Yesenia Aurora Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, ocurrido el 9 de mayo del 2022, al asumir como propio lo declarado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, el 12 de mayo, en el sentido de “que no hay ningún elemento que presuma una asociación del evento con la actividad periodística, hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada”.
La CEAPP tan acepta la versión oficial, que en su informe, en la página 81, pone esto en letras negras, para que destaque.
Al tomar como real ésta presunción, que fue lo primero que se filtró desde la Fiscalía de Veracruz, para desacreditar a ambas periodistas, las está revictimizando, porque acepta que las mismas fueron asesinadas por formar parte de un grupo criminal.
¿Qué evidencia existe de que así sea?.
Vaya, en el más remoto de los casos, la CEAPP, y sus comisionados, al aceptar esa versión debe dar hacia el gremio periodístico los elementos que permitan realmente conocer que esto es así.
La CEAPP no debería estar al servicio del gobierno del estado o de la federación, ni de ninguna de sus instancias, si no de los periodistas de Veracruz.
Por eso, la pregunta que realmente debe responder la Comisión es ¿cuándo se dieron como validas las evidencias de que ambas periodistas estaban metidas en un grupo delincuencial y que fueron asesinadas por eso?
El otro caso de un periodista asesinado en el 2022, es el de José Luis Gamboa Arenas, el primero muerto de forma violenta en México en el 2022, el 10 de enero de ese año, en Veracruz.
En éste homicidio, la Fiscalía asegura que se dio por el pleito de una herencia, pero un año después no puede terminar de armar el caso para obtener una sentencia firme contra el acusado del hecho criminal.
¿Cómo creerles si tienen el caso en suspenso?.
Pero aún así, con todo lo que está suelto, con todo lo que está en el aire, con todas las inseguridades, la CEAPP decidió validar la versión oficial, en lugar de asumir un real papel de vigilante de que los procesos judiciales apunten hacia una investigación a fondo de los homicidios, para que se logre la justicia contra los periodistas asesinados.
Por eso es que la CEAPP hoy está abiertamente al servicio del gobierno del estado y el federal.
Y su posición frente a los crímenes letales contra periodistas ocurridos el año pasado, es lamentable, muy deplorable.
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