Marco Antonio Aguirre Rodríguez
La principal razón de porque en Veracruz la procuración y administración de justicia son tan deficientes es porque están bajo las órdenes de un lego total en estas materias, Cuitláhuac García Jiménez, aún cuando los entes encargados de esto debían ser un organismo autónomo y un poder independiente.
El organismo autónomo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y el poder independiente, el Poder Judicial del estado de Veracruz (PJEV), cuyo órgano supremo es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.
La mejor muestra de que esto es así, de que Cuitláhuac García es por completo ignorante en la materia, es el post que colocó en sus redes sociales dirigido: "A la opinión pública de la gente", donde dice que la Fiscalía General de la República (FGR) es "el órgano jurisdiccional" para resolver su queja contra jueces del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, tampoco sabe nada de opinión pública, porque esta sólo se puede formar entre los grupos de humanos.
En términos generales, la opinión pública se puede definir como las diversas formas de expresión que una sociedad o grupo poblacional tiene con respecto a temas de carácter público. La opinión pública puede ser de naturaleza política, económica, social y cultural.
Entonces, no puede haber opinión pública de los animales, tiene que ser de las personas, necesariamente.
Después de eso, asegura que interpuso “denuncia formal” por corrupción de jueces del Poder Judicial de la Federación y que lo hizo “ante la Fiscalía General de la República” … “por ser el órgano jurisdiccional”.
Pues bien, la “denuncia formal” no existe en las leyes de México, así que no pudo haber interpuesto algo así.
Eso es completamente erróneo, porque la FGR para nada es un órgano jurisdiccional.
Los órganos jurisdiccionales, son los que tienen la función de dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento y resolución.
La Fiscalía General de la República no es órgano jurisdiccional porque no resuelve sobre el fondo del asunto, sino que tiene el carácter de parte dentro de los procesos.
En caso de que su “denuncia formal” prospere, la Fiscalía actuará precisamente en ese papel, el de fiscal, de representante social, debiendo sustanciar la denuncia para que un juez resuelva, el cual si es parte de un órgano jurisdiccional.
Este posts, en caso de haber sido revisado por abogados, muestra lo ineficiente de los mismos.
Los asesores legales y hasta la fiscal del estado, Verónica Hernández, deben de saber con precisión lo que es un “órgano jurisdiccional”.
Vaya, en caso de que no hayan revisado los abogados el post, muestra que Cuitláhuac García no ha podido aprender el significado del término en casi 5 años de gobierno, tal vez porque los mismos abogagos, no han sabido transmitirle con precisión lo que es el concepto, o porque no les ha puesto atención, o simplemente porque no le interesa aprenderlo, porque sigue en la idea de que su palabra es ley.
El posts de Cuitláhuac García, es un escrito lleno de errores garrafales de sintaxis y hasta con faltas de ortografía.
En esa publiación el gobenador dice que acusa a “los Jueces del Cuarto y Quinto Distritos del Estado de Veracruz”, por “la ilegal construcción de un edificio tipo torre en el municipio del Puerto de Veracruz que no cuenta con ninguno de los permisos respectivos”.
No aporta ningún elemento en sus señalamientos, sólo su palabra.
Cuitláhuac García, como controla a la Fiscalía de Veracruz y al Poder Judicial de Veracruz, cree que la FGR y el Poder Judicial de la Federación, igualmente harán lo que el diga, sólo porque él lo dice.
Por eso quiere darle a la FGR el carácter de órgano jurisdiccional, para que con su sola “denuncia formal” se crucifique al juez que se ha atrevido a contravenir sus deseos.
Por lo pronto, ya dio muestras una vez de que quien se siente el gran místico del estado, no tiene la más mínima idea de lo que es el proceso legal.
Al Pueblo de México
A la opinión pública de la gente
Este día hemos venido a interponer denuncia formal por corrupción de jueces del Poder Judicial de la Federación.
Lo hacemos ante la Fiscalía General de la República no solo por ser el órgano jurisdiccional, si no también porque es evidente que existe un contubernio para solapar redes de corrupción al interior del Poder Judicial con el aval o indiferencia, que sería igual de grave, de algunos ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal o con el cómplice consentimiento de ambos.
Desde Veracruz, públicamente hemos dirigido advertencias a las instancias internas del Poder Judicial Federal sobre la corrupción sospechada y fundada por resoluciones que protegen a delincuentes. Y aunque en una ocasión fuimos escuchados, a partir de la llegada de la Presidenta Ministra de la Suprema Corte, la tónica se modificó y ahora no han mostrado ni siquiera interés alguno en los casos expuestos por la opinión pública y por nosotros mismos.
Tal es el caso denunciado reiteradamente desde Veracruz con respecto a las determinaciones por los Jueces del Cuarto y Quinto Distritos del Estado de Veracruz sobre la ilegal construcción de un edificio tipo torre en el municipio del Puerto de Veracruz que no cuenta con ninguno de los permisos respectivos.
En un verdadero estado de derecho, esta edificación de más de 26 pisos en una zona histórica, por decir lo menos, no hubiese prosperado ante la falta de los indispensables trámites de ley. Solo se puede entender su avanzada construcción como producto del contubernio de una red de jueces federales que ampararon a quienes infringieron la ley a todas luces.
El Estado que represento hizo valer los recursos legales ante sendos juicios; sin embargo, se descubrió una serie de lazos familiares y de amistad entre constructores y jueces federales de quienes se presume actuaron en contubernio y encubriendo intereses particulares por encima del derecho y la justicia.
Cabe señalar que no es la primera vez que estos jueces federales amparan a delincuentes; al menos uno de ellos, y creemos que esto no es casualidad, es el mismo que en casos de abuso a mujeres y feminicidios han actuado del lado de los acusados para favorecerlos: como se dio en el caso de “los Porkys” en 2015 y en el caso reciente de Marlon “N”, presunto culpable junto a sus padres de privar de la vida a la joven Monserrat. Esto solo por dar una referencia de sus dudosas actuaciones.
Solicitamos a la FGR que se investigue a fondo a los presuntos responsables y se indague la red de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación en torno al caso presentado formalmente hoy. |
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