El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, por sus siglas) incurrió en una malversación de fondos al crear un fideicomiso de 372.4 millones de pesos para la compra de inmuebles, con dinero de los comités estatales de ese partido en el 2020.
Y uno de los comités estatales que más dinero envió fue el de Veracruz, 32 millones de pesos a ese fideicomiso.
Con ese dinero, el comité estatal pudo haber comprado un edificio de grandes dimensiones, en el que cupieran toda sus estructuras y hasta les sobraría espacio; incluso lo pudieron haber adquirido en alguna zona de alto costo y con una construcción de lujo.
Pero en lugar de eso le enviaron el dinero al comité nacional, en un claro desvío de recursos.
El viernes pasado, al revisar los informes de gastos de los partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una multa de 315 millones a Morena, por las irregularidades que le encontró, entre estas el fideicomiso mencionado, del cual ordenó devolver el dinero a los comités estatales.
El asunto del fideicomiso causó desazón porque de manera pública Morena se ha opuesto a estos, llamándolos instrumentos opacos y sin reglas de operación.
La Comisión de Fiscalización del INE encontró que dicho fideicomiso se conformó de manera irregular con recursos de los comités estatales de Morena que fueron transferidos en efectivo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN); en total fueron 21 comités estatales los que enviaron mil 239.4 millones de pesos, de los cuales 372 millones fueron depositados en el fideicomiso F4117560, creado en BBVA Bancomer el 28 de diciembre de 2020, es decir, tres días antes de que concluyera el ejercicio fiscal y al poco tiempo de que Mario Delgado asumiera la dirigencia del partido.
Los comités estatales que más aportaciones indebidas hicieron a ese fideicomiso fueron el de la Ciudad de México, por 90 millones de pesos; y el de Veracruz, por presiones y acción de Esteban Ramírez Zepeta, como el alfil
del gobernador Cuitláhuac García, por 32 millones, cuando todavía era presidente del comité estatal en activo Gonzalo Vicencio Flores.
El artículo 150 del Reglamento de Fiscalización del INE establece que las transferencias de los comités estatales al CEN de un partido solo pueden efectuarse por tres supuestos: para pago de proveedores, pago de prestadores de servicios y pago de impuestos, lo que sustenta que Morena constituyó su fideicomiso inmobiliario de manera irregular.
En este panorama, Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Fiscalización, refirió que con este fideicomiso, Morena pretendió evadir el tener que regresar a la Tesorería de la Federación los remanentes de los fondos no ejercidos a nivel local en el año fiscal, “pues las acreditaciones locales contabilizaron la salida de recursos al CEN como un egreso, a efecto de que dicho recurso ya no se considerara un remanente, y las transferencias recibidas por el CEN, como no provinieron del financiamiento público federal, tampoco se consideraron remanentes”, dijo.
En el 2020, el comité estatal de Morena en Veracruz recibió 124 millones de pesos de financiamiento ordinario del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por lo cual, el dinero que envió al Comité Nacional es una tercera parte del dinero público canalizado por esta instancia.
En contraposición, a los comités municipales de Morena, no se les mandó ni un peso, aún cuando estaban en vísperas del proceso electoral de 2021. Cada una de la estructuras municipales fue financiada y soportada por los candidatos designados por Cuitláhuac García.
Pero eso no importaba, si no lo que debía hacerse era mandarle a la dirigencia nacional el dinero que pedían.
LA SCJN Y LA CNDH EVIDENCIAN LA INEFICACIA JURÍDICA DE CUITLÁHUAC
Este lunes fue un mal día para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque se evidenció plenamente su incompresión de lo que son los procesos jurídicos y su necedad por que se haga su voluntad, sin importar lo equivocado que esté.
Fueron dos grandes reveses en dos instancias nacionales, por dos casos notorios.
Primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó tres de las cuatro fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que castigaban con hasta siete años de prisión el delito de ultrajes a la autoridad.
Pero ahí no concluye el asunto, si no que en su sesión de este 1 de marzo, la SCJN determinará los efectos de sus votaciones del 28 de febrero, que
podrían incluir la libertad inmediata en Veracruz de todas las personas sujetas a proceso por el delito de “ultraje a la autoridad”.
El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, puntualizó que la tipificación de este delito, además de ambigua e imprecisa, también era contraria a la libertad de expresión, por lo cual cualquier autoridad puede reclamar que se comete el delito, con el propósito de restringir el ejercicio de las libertades garantizadas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto de San José, donde se garantiza que nadie puede ser molestado por sus opiniones ni ser sujeto a censura previa.
También por unanimidad, se declaró inconstitucional la fracción II del artículo 371 del mismo código, que castigaba con hasta 15 años de prisión a quien vigile o comunique cualquier información sobre las acciones de las policías estatal o municipales.
Supuestamente, con esto se pretendía inhibir el “halconeo” o vigilancia de los grupos delincuenciales sobre las fuerzas del orden, pero la tipificación es tan imprecisa que puede inhibir acciones propias del periodismo.
Lo que no se pudo quitar fue el 371 Quinquies, el cual establece penas de hasta quince años de prisión a quien “amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.”
CNDH LAMENTA POSTURAS ESTIGMATIZANTES Y SIN POSTURA DE GÉNERO DEL GOBIERNO DE VERACRUZ
Después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un “posicionamiento” “respecto al rechazo del Gobierno de Veracruz a su Recomendación 51VG/2022”, por la tortura y agresiones sexuales que agentes ministeriales hicieron en contra de July “N”, acusada de participar en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, en 2020.
En el mismo, de plano la CNDH “lamenta” “la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz, involucradas” en esta recomendación, comenzando por el gobernador Cuitláhuac García, quienes “dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los más altos instrumentos nacionales e internacionales en la materia”.
Ese revés de la CNDH contra Cuitláhuac García, puntualiza que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, y que por lo mismo al criminalizar a July N. desde ahora “pueden estarse desvirtuando las posibles conductas que vulneraron sus derechos humanos”.
Y por si no lo han entendido en el gobierno del estado y en la Fiscalía de Veracruz, la CNDH les remarca que el ámbito de los derechos humanos “es distinto al jurisdiccional”.
La CNDH reitera que hubo fallos también de la Secretaría de Seguridad Pública al ingresar a July N. al penal de Pacho Viejo, porque los especialistas que documentaron las agresiones que sufrió, tenían la obligación de denunciar esos hechos.
En este posicionamiento la CNDH llama “actos atroces” a los cometidos en contra de la integridad sexual July N., demostrados con los exámenes practicados conforme a lo establecido en el Protocolo de Estambul, así como en documentos oficiales de la propia Fiscalía General de Veracruz.
La CNDH también dirigió su recomendación a Cuitláhuac García, por el indebido actuar del personal adscrito al Cereso de Pacho Viejo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado:
“(…) al constatarse que se acreditaron violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de la víctima, debido que a su ingreso al penal no se contaba en ese momento con personal médico de guardia para que certificara su integridad física por lo que sólo fue valorada por una enfermera que se encontraba presente, quien no era la autoridad facultada para certificar su estado”.
El organismo defensor de derechos humanos igualmente negó tener una agenda política en este caso, o buscar incidir en la responsabilidad penal o no de la víctima en los hechos que se le imputan, y señaló que su actuar responde en dar a conocer las graves violaciones a los derechos humanos de July N., vulnerando gravemente su dignidad humana y que se profundizan más por la violencia sexual perpetrada por ser mujer.
Pero Cuitláhuac García sigue manejándose como inocente palomita, queriendo aparecer como que algo hace por mejorar la seguridad de Veracruz, cuando en realidad solapa órganos policiales que poco actúan en favor de la ciudadanía.
De ese Cuitláhuac García que se ofertaba como el gran místico que podría cambiar Veracruz, nada queda hoy.
Lo que hay es una persona montada en la arrogancia que comete múltiples pifias legales y jurídicas, además de las políticas y sociales. |
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