Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz acaba de obtener un triunfo que a la vez que es bueno, es solamente una victoria en todo lo que se debe hacer para recuperar aunque sea parte de lo mucho que se sustrajo de las arcas de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
En el 2015, en el año previo a la salida de Javier Duarte, el tesorero del gobierno del estado era Arnulfo Octavio García Fragoso, un hombre que poco se hizo notar entonces, pero que sin embargo fue el encargado de desviar miles y miles de millones de pesos del gobierno del estado de Veracruz hacia cuentas de las que, esos dineros, ya no volvieron.
La victoria obtenida responde a que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) después de muchos años de tener en sus manos el caso, confirmó por fin los reclamos tan sólo por una parte de los substraído, correspondiente al 2015, con una sentencia resarcitoria por 3 mil 242 millones 921 mil 632 pesos y 49 centavos.
Luego de fundamentar las acusaciones por los graves daños causados al patrimonio de los veracruzanos durante el ejercicio fiscal 2015 por el entonces Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado, Arnulfo Octavio García Fragoso, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) promovió en el año 2020 tres Recursos de Revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz a efecto de recuperar los más de tres mil millones de pesos desviados de las arcas públicas.
En este caso, como en muchos otros de corrupción de la era de Javier Duarte, el TEJAV ha sido bastante lento en emitir sus sentencias y en varios casos ha desestimado las denuncias, incluso por motivos baladíes.
De este hecho esta sentencia responde a tres recursos de revisión promovidos por el Orfis en el año 2020; es decir el TEJAV se tardó dos años para resolver los mismos, aunque la substancia de los casos ya había sido revisada.
Y ese recurso fue para que se reconociera la validez de la resolución del recurso de reconsideración del 19 de mayo de 2017, es decir, tres años antes. Esto es, hace 5 años.
LA LENTITUD DEL TEJAV PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
En este caso y la extraña lentitud del TEJAV para resolver, vale la pena mencionar que el actual presidente de este Tribunal, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, ha sido señalado por corrupción en varias ocasiones, y aún así, el gobierno de Cuitláhuac García permitió que fuera ratificado.
De hecho, existen versiones entre los abogados de que busca y recibe dinero para resolver los casos que le tocan.
Pero lo que sí es concreto, es que Pérez Gutiérrez enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, interpuesta por un particular ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además fue señalado por la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, de proteger a exservidores públicos presuntos responsables de irregularidades financieras, incluso regresando expedientes. Y el señalamiento lo hizo la funcionaria en su última comparecencia ante el Congreso del estado, el 7 de diciembre de 2021.
Aún así, dos días después, Pérez Gutiérrez fue ratificado como presidente del TEJAV.
Paradójcamente, cuando se le designó como magistrado, esto fue con el voto en contra de los diputados de Morena, pero cuando Cuitláhuac García llegó al poder, rápidamente se acomodó a su forma, su estilo y sus intereses, llevado incluso por los hilos ocultos que los unen en sus pasados.
Mientras, los otros juicios contra exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte siguen ahí caminando lentamente, o de plano fueron desechados.
Volviendo a Arnulfo Octavio García Fragoso, su historial es bastante amplio, mucho más que los 3 mil 242 millones que le están obligando a devolver.
Tan sólo una de las muchas acusaciones que existe en su contra es por la retención de descuentos a los trabajadores de la educación integrados en la Secretaría de Educación de Veracruz, para el pago de préstamos y de la compra de diversos artículos, que fue lo que provocó que muchos trabajadores de la educación cayeran en cartera vencida o que tuvieran que cubrir los deudos por afuera del sistema de descuentos de la SEV para no enfrentar problemas mayores, lo cual les significó que pagaron dos veces lo mismo.
De hecho, Antonio Gómez Pelegrín, quien fue titular de la Sefiplan de marzo de 2015 a noviembre de 2016, señaló directamente a Arnulfo Octavio García por las retenciones de los descuentos a los trabajadores de la educación.
La Sefiplan aplicaba los descuentos directos a los sueldos de los empleados de la SEV, por adquisición de electrodomésticos, del pago de seguro médico social del magisterio, por préstamos del Seguro Social del Magisterio, por la cuota del seguro de defunción, por el crédito de las farmacias del Magisterio, y por otros conceptos; pero ese dinero no se entregaba a quienes correspondía, ni dentro de los diez días hábiles posteriores, como marca la Ley 004 del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación de Veracruz, ni en ningún otro momento.
El dinero era enviado por Arnulfo Octavio García a una de las “cuentas concentradoras” que tenía el gobierno de Javier Duarte, o sea, las famosas “licuadoras”, donde se empleaba para cualquier cosa distinta o hasta se le desaparecía.
Pero esto no lo es lo único que existe en contra de este exfuncionario duartista, al que nada se le ha hecho, porque la Fiscalía del estado no ha podido ubicarlo para su detención.
Mucho menos contra toda la pléyade de cómplices del exgobernador.
Pero mientras exista lentitud y la presunta negligencia para procesarlos, el daño a Veracruz continuará.
PEPE YUNES, CONTRA EL EMBARGO DE SALARIOS A FAVOR DE BANCOS
Cuando en la Cámara de diputados federal se aprobó que los bancos podían reclamar el pago de los adeudos de los trabajadores directamente de su salario, tal vez el único diputado veracruzano que hizo un pronunciamiento en contra de esto fue José Yunes Zorrilla.
Esta medida, que evidentemente atenta contra el salario de los trabajadores, fue aprobada por los diputados de Morena sin chistar, como si no tuvieran la más mínima consciencia social y empatía hacia los trabajadores, o como si nunca se hubieran enterado de lo que se trataba realmente.
Pepe Yunes en un pronunciamiento que hizo en la misma tribuna de la Cámara de Diputados, dijo que el voto a favor de esto, explica el desencuentro de los diputados que lo aprobaron, con la clase trabajadora.
“Este dictamen lesiona las posibilidades de crédito de los trabajadores de este país”, puntualizó.
Afecta a la maestra que quiere darle a su hija la computadora para sus actividades, o la mujer que no llega a la quincena por un gasto imprevisto.
“No se consultó a voces calificadas”, reclamó, como las organizaciones de deudores, los barzonistas, los sindicatos.
La propuesta es por completo contraria a los intereses de los asalariados y por eso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era inadecuada. |
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