Desde hace varios días circula en las aplicaciones de mensajería una carta que acusa abiertamente: “La policía estatal asalta a los veracruzanos todas las noches: son “lacras” que han permanecido desde Arturo Bermúdez”.
En la misma se señala que en todo el estado de Veracruz se repite “un fenómeno que muestra lo podrida y corrupta que es la policía estatal: todas las noches asaltan a las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su camino, alegando cualquier clase de circunstancias”.
Ciertamente la policía de Veracruz, tanto la estatal, como la ministerial y hasta las municipales, tienen fama de ejercer abuso de poder en contra de la población.
Lo más grave es que la actitud de los cuerpos policíacos es alentada por el ejemplo que el propio gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, les impone, al negarse a acatar la ley, como lo acaba de demostrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pidió al Senado que lo llame a cuentas para que explique porque se negó a acatar dos recomendaciones de éste órgano, que también forma parte de la 4T.
Las actividades delincuenciales de elementos de la policía estatal han sido evidenciadas en distintos momentos.
Uno de los casos más sonados, recientemente, fue el de la odontóloga Karen Rodríguez Fitz, que durante la madrugada del domingo 12 de marzo fue sometida salvajemente por un grupo de policías, quienes para completar “la cuota” la detuvieron sin razón alguna y hasta la ficharon.
La saña en su contra fue de tal tamaño que tuvo que intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos para liberarla.
La Red de Mujeres Feministas de Veracruz documentó que la odontóloga alcanzó a escuchar que una mujer policía le decía a otra que ya tenían cubierta su cuota.
Pero no es el único caso de reclamo contra las arbitrariedades de la policía estatal.
Como ejemplo, también, el 13 de marzo pobladores del municipio de Cuitláhuac se plantaron afuera del palacio municipal para exigir el cese de los abusos por parte de la Fuerza Civil de Seguridad Pública; en su mayoría fueron motociclistas quienes señalaron que son acosados por los uniformados, quienes por cualquier motivo les imponen multas costosas.
Como apunta “Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción”, lo peor es que estas “multas” ni siquiera son reportadas a la Secretaría de Finanzas o contabilizadas en la Secretaría de Seguridad Pública, si no que quedan entre los jefes policíacos.
Más recientemente, el 3 de abril, habitantes de Tezonapa se manifestaron en la cabecera municipal y bloquearon el camino hacia Palmar y Cosolapa, acusando que los policías junto con elementos de Tránsito del estado, colocan retenes para supuestamente revisar que los vehículos tengan los documentos en regla, pero antes piden un apoyo de hasta cinco mil pesos para permitirles el paso.
O sea, el vil asalto a la población.
Esto también es una muestra de que lo asentado en el escrito, de que las agresiones de la policía estatal contra la población se dan en todo el estado y que por lo mismo, es imposible que sean desconocidas por el subsecretario de Operaciones, Rafael Ángel González Uscanga, que es quien tiene a su cargo lo operativo de la policía estatal, y hasta por el titular de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
Y también es una evidencia que apunta que las mismas se realizan hasta con la la complacencia del “honesto” gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien cada vez que le hablan del mal actuar de la policía estatal lo niega y hasta acusa a quienes se lo dicen de querer manchar su buena imagen.
Otra denuncia pública contra la brutalidad policíaca, se dio en Cosoleacaque, donde Salma Hernández Flores acusó que la noche del jueves 24 de noviembre, se encontraba junto con sus sus hijos, de 5 y 16 años, dentro de su camioneta particular, cerca de su domicilio, en la congregación Kilómetro 17 de Cosoleacaque, y fueron interceptados por la patrulla con número de serie 22-2852.
Tras revisarlos, cuando el mayor de sus hijos intentaba grabarlos comenzaron a golpearlo y a la madre una mujer policía la cacheteo.
Los policías les quitaron dinero y celulares, para luego llevarlos a la cárcel de Palma Sola, en Coatzacoalcos.
Tuvieron la suerte de que una hermana de Salma, María, se dio cuenta de los hechos y los siguió, pero también la amenazaron con detenerla, sobre todo si los seguía grabando, y para evitarlo le quitaron el celular.
Después de algunas horas detenidos, los liberaron, pero tuvieron que pagar 5 mil pesos para sacar la camioneta del corralón a donde la llevaron.
La brutalidad policíaca es tanta, que incluso Eleazar Guerrero Barrera, director de Vinculación de Seguridad Pública, y sobrino del gobernador, en Córdoba declaró el año pasado que: “Es visible que existe miedo de la ciudadanía respecto a los elementos que conforman la policía municipal, estatal y la Fuerza Civil, en este caso el entrevistado exhortó a la población a conocer cada una de las áreas que conforman la SSP donde la creación de aplicaciones de seguridad, adiestramiento canino y entrenamientos especiales son parte de los hombres y mujeres que conforman los cuerpos de seguridad”.
La nota sobre éste particular está en https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/no-denuncian-actos-delictivos-en-veracruz-por-temerle-a-los-policias-7921077.html .
Otro caso de robo en todo lo alto, fue el denunciado por Emilio Vergara Pérez, de Minatitlán, que acusó que los policías estatales le quitaron 25 mil pesos que le había depositado uno de sus hijos para la compra de materiales. Lo bajaron del taxi en que viajaba y después del atraco le dijeron que se quedara callado.
Los ejemplos de los abusos y asaltos de la policía estatal contra la población de Veracruz son muchos más y cada uno de los pocos que han sido denunciados han quedado en la impunidad, porque la SSP ni siquiera hace una simulación de investigar.
Los policías son solapados y hasta encubiertos, porque deben cubrir una cuota.
Y el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, lo permite y protege, al igual que el gobernador Cuitláhuac García.
Éste es el escrito que hizo circular “Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción”.
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La policía estatal asalta a los veracruzanos todas las noches: son “lacras” que han permanecido desde Arturo Bermúdez
Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción
En todo el estado de Veracruz se está repitiendo un fenómeno que muestra lo podrida y corrupta que es la policía estatal: todas las noches asaltan a las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su camino, alegando cualquier clase de circunstancias.
Estos actos delincuenciales los cometen los policías con la protección del subsecretario de Operaciones, Rafael Ángel González Uscanga, que es quien tiene a su cargo lo operativo de la policía estatal, la tolerancia del secretario de Seguridad Pública en la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y la complacencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Ni el gobernador ni el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pueden alegar desconocimiento de la situación, porque a Cuitláhuac García se lo han expuesto hasta alcaldes de su mismo partido, así como otras personas, mientras que a Cuauhtémoc Zúñiga se lo han planteado en diversas reuniones que ha tenido con diferentes sectores sociales.
Eso, además de que les han mostrado que los policías estatales protegen a la delincuencia organizada, porque aún cuando saben quienes son los que hacen los cobros de “piso” o de “protección”, nada hacen para detenerlos y mucho menos para acabar con las bandas que realizan estos delitos.
Los atracos se producen tanto en las grandes ciudades de la entidad, como en las ciudades medias y pequeñas, y hasta en poblaciones menores.
No hay punto de la entidad que se salve de éste terrible atraco criminal que realiza la policía estatal.
Se esperaba que éste fenómeno fuese eliminado o por lo menos que disminuyese con la llegada del nuevo titular de Seguridad Pública en la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, por su condición de ser parte de la Armada de México, pero esto no ocurrió e incluso podría ser que hasta haya aumentado.
La policía estatal está a cargo de Rafael Ángel González Uscanga, quien con el grado de capitán de navio, también es parte de la Armada de México.
Esto muestra, que al menos en Veracruz, la presencia de militares en las fuerzas armadas no le da seguridad a la población y que el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, además de que conoce de estos atracos, está de acuerdo en los mismos y obtiene prebendas de estos.
Elementos de la policía estatal inconformes con esta situación, tanto por el daño que se le hace a la población, como por la afectación a la imagen de la corporación policíaca, mencionaron que algunos de esos asaltantes incluso vienen desde la época de Arturo Bermúdez o fueron reincorporados en este gobierno a la llegada del anterior titular de la dependencia, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, y en lugar de ser removidos, se les mantuvo en sus posiciones con el ahora secretario Cuauhtémoc Zúñiga.
Su modus operandi es el mismo en todo el estado.
Se ubican en las cercanías de centros de diversión nocturnos, a la espera de personas que salgan de los mismos en sus vehículos, para detenerlos más adelante y acusarlos de llevar aliento alcohólico, aunque carecen de atribuciones para hacer esa detenciones y por lo mismo no tienen dispositivos de alcoholímetro.
Su señalamiento de aliento alcohólico es sólo porque así lo dicen.
Después de eso le empiezan a “armar” un panorama lo más negro posible al desgraciado o desgraciada que tuvo la mala fortuna de caer en sus manos, para que la persona se asuste y les de las cantidades de dinero que pidan.
Estos montos llegan a ser de decenas de miles de pesos.
En estos atracos hay personas a las que secuestran, y las mantienen incomunicadas hasta que les entreguen las cantidades que les exigen o que sus familiares “paguen” el rescate.
De hecho se menciona que ha habido personas desaparecidas después de haber sido detenidas por la policía estatal, al igual que vehículos.
Tan sólo en el cuartel de San José, en Xalapa, han aparecido varios hombres muertos en el interior e incluso se dio el caso de un hombre que se murió a bordo de una patrulla policíaca.
Incluso existe una versión de que en Córdoba, el comandante de la policía estatal en esa ciudad, se peleó con el abogado que está a cargo en esa zona, llegando hasta los golpes, porque le quitaron 70 mil pesos a una persona y uno de ellos le dijo al otro que sólo eran 50 mil pesos los entregados.
También hubo una pelea a golpes por el botín de los atracos (porque es un botín, al ser producto de un acto ilegal) en Ciudad Mendoza.
El monto mínimo que piden es de 300 pesos, por “la multa”, hasta por “faltas al bando de policía y buen gobierno”, el cual no pueden aplicar porque es una atribución de la autoridad municipal, o por cualquier otro pretexto.
Este dinero, del cual debería de llevarse un registro puntual, sin embargo no aparece en la contabilidad de la policía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que muestra que en los actos de corrupción también está involucrado Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, quien es parte del grupo del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García.
A esto le suman que los vehículos que detienen se los llevan a un corralón particular, jalados por una grúa particular, cuyas empresas cobran las cantidades que se les antoja.
Estás empresas llegan a pedir hasta 18 mil pesos por liberar un vehículo, de acuerdo con sus criterios propios, pues no existe ningún reglamento que regule su actividad.
En estos casos ha habido incluso señalamientos de que hay vehículos que no pueden arrancar cuando los entregan, porque les hacen falta piezas y los grueros sólo dicen que “así estaban” cuando los recogieron.
Los policías no involucrados en estos enjuagues apuntan que cada empresa le entrega una iguala a los responsables de cada zona y que estos reparten sus cuotas a sus superiores, hasta llegar al secretario de Seguridad Pública.
Una de las empresas involucradas en este negocio del arrastre de vehículos es Grúas Méndez, a la cual identifican como propiedad de Erick Lagos.
Presumen que en las empresas de grúas igualmente están involucrados el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, Juan Javier Gómez Cazarín, porque después de que emprendió una campaña anunciando que iba a proponer legislación para regular a las empresas grueras que operan con la SSP, dejo todo como está.
Igualmente se sospecha que Eric Cisneros y Eleazar Guerrero son propietarios de empresas de grúas para estos levantamientos o por lo menos que están coludidos con algunas de las mismas.
Los atracos también se dan contra motociclistas, alegando a veces que no traen casco protector o que carecen de placas.
El levantamiento de las motocicletas, que en algunos casos es instrumento de trabajo, lo hace la SSP igualmente de forma indiscriminada.
Este tipo de atracos que los policías estatales hace cada día, en todo el estado, dejan millones de pesos diarios y sus latrocinios son conocidos hasta por el gobernador Cuitláhuac García, el cual nada hace por detenerlos.
Esto es una de las causas del porque en Veracruz la seguridad pública sigue siendo muy deficiente.
Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción
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