El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo está empeñado en desaparecer a los desaparecidos, si no que tampoco quiere que se registren todos los asesinatos que se dan en el país, para que la cifra no refleje la realidad de la violencia que se vive en México.
Los muertos que López Obrador dice cada día en su mañanera que son los asesinatos ocurridos en el territorio nacional, no son todos los que son.
Vaya, ni siquiera son todos los que se registran.
En el caso de los asesinatos, aplica la misma estrategia que con las cuentas de los muertos por Covid-19: desconocer muchas muertes por esta causa, para decir que el problema no es tan grave.
Pero muchos de los muertos que ellos no cuentan, quedan registrados en las actas de defunción.
Por eso es que las cifras alegres de muertos por la violencia que aporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las desmiente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
INEGI evidenció que durante el primer semestre de 2023 hubo, al menos, 2 mil 297 homicidios dolosos (que es como se le llama a los asesinatos formalmente) más que los registrados por el SESNSP.
Esto representa que la autoridad de seguridad pública tuvo un muy más que escandaloso subregistro de un 15.23% de los casos.
Este es el subregistro más alto en el sexenio actual y de hecho en todo el tiempo que se llevan recopilando estos datos.
Es muy probable que esta alta tendencia por dejar fuera de la contabilidad diversos casos de muerte por homicidio doloso, se haya mantenido en todo 2023, por lo que el porcentaje puede ser similar cuando se haga el cierre de la información.
De hecho, el INEGI demostró el esfuerzo que ha hecho el gobierno de López Obrador para cubrir los asesinatos en el país y que se desconozca con más precisión la cifra exacta de los mismso.
Así pues, el subregistro demostrado, es por datos oficiales, del INEGI, no por otros datos.
El Instituto de estadística publicó el 23 de enero su concentrado de homicidios que detectó en el país durante el primer semestre de 2023, siendo estos 15 mil 82 asesinatos.
En cambio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para igual lapso sólo registró 12 mil 785 homicidios intencionales en el territorio nacional.
Se anotaron 2 mil 297 de estos crímenes menos, que los captados por el INEGI.
Y no tendría porque existir esa diferencia, porque la fuente de información es prácticamente la misma.
El INEGI describe que a partir de 2015 toma la información “directamente de los Servicios Médicos Forenses mediante los certificados de defunción para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público en los cuadernos estadísticos de defunción”.
Y el registro civil, a su vez, para describir la causa de muerte, en casos violentos, toma en cuenta el dictamen que emite la autoridad forense después de hacer los estudios correspondientes.
O sea, que al final de cuentas, el registro viene de las fiscalías y procuradurías de justicia de los estados.
El SESNSP anota por su parte que su estadística la arma con la información “proporcionada por las entidades federativas. Los delitos se encuentran agrupados por el tipo de bien jurídico afectado: la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia,
la sociedad y otros”.
Pero, si es tan evidente la discrepancia y las autoridades de seguridad pública del país tiene acceso a ambos informes, ¿porqué no han hecho algo por corregir esto?.
Pues porque quieren mantener así el subregistro.
Es más, el que todas las fiscalías y procuradurías estatales se esmeren en este subregistro es muestra de que existe instrucción de llevarlo así.
¿O porqué otra causa podría ser?.
Lo peor es que este es un subregistro que se viene dando desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que se acentuó considerablemente el año pasado.
Una revisión del primer semestre de cada uno de los 5 años que lleva López Obrador en el gobierno, muestra como el subregistro de asesinatos ha sido una práctica cotidiana, que creció considerablemente en 2023.
Así, el número de asesinatos desaparecidos por el gobierno de la 4T en 2019, fue de 1 mil 47 casos y correspondió al 5.89 por ciento del total de los que el INEGI sí anotó.
Al siguiente año los muertos que el SESNP dejó sin contar, fueron 1 mil 448, y correspondieron al ya de por sí muy escandaloso porcentaje de subregistro de un 8.02%.
En el 2021 los números bajaron a 1 mil 54 homicidios dolosos no registrados, correspondiendo a un alto nivel de subregistro del 6.04 por ciento.
Siempre de acuerdo con los conteos que lleva cada instancia y que difunden de manera oficial.
En el 2022 otra vez la cifra crece y se va a 1 mil 344 decesos no contabilizados en el SESNSP, lo que es un 8.24% de subregistro; el porcentaje más alto hasta ese momento.
Pero en 2023 los subregistros se disparan a casi el doble, lo cual muestra la manipulación evidente que se está haciendo con esas cifras.
De un 8.24% de muertes por un crimen violento en el 2022, brinca a un 15.23%.
Así pues, eso de que han descendido los homicidios dolosos en el país, queda en duda, porque hay evidencia de que están ocultando a los muertos por causas violentas.
Además de que lo peor puede ser que al sacarlos de las estadísticas, también eliminen las carpetas de investigación por estos asesinatos y de entrada sean crímenes que quedaran impunes.
Por eso es que aún cuando digan que ha bajado la incidencia de los crímenes de alto impacto, la percepción de violencia e inseguridad sigue siendo alta.
Y esa es una realidad que aflora, aunque la quieran ocultar.
Aún con todo y los manipuleos.
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