Un nuevo escándalo en torno al IMSS en tiempos de la 4T estalló, por los contratos que la delegación IMSS Norte le dio a una empresa recién asentada en el estado, pero además ligada a una de las empresas que forman parte del llamado “Cartel de la Sangre”, las cuales han hecho grandes negocios con el sector salud desde hace varios años y que continúan ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La delegación IMSS Norte lanzó las licitaciones AA-050GYR014-E1007-2020 y LA-050GYR014-E11-2021 para dar servicio de hemodiálisis a 2,392 pacientes con enfermedades renales en la zona de Veracruz.
Los dos contratos se los entregaron a “Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía SA de CV”, una empresa de Guerrero, recién instalada en Veracruz, que además comenzó a operar en las instalaciones de Gifyt, empresa que fue dada de baja como proveedor del IMSS Veracruz por incumplimiento en el servicio.
Gifyt ha tenido múltiples problemas, pero también una amplia protección por parte de los gobiernos de Morena.
Entre los antecedentes de Gifyt, tan sólo en Veracruz, está que fue dada de baja por incumplimiento del servicio, el cual incluso derivó en el fallecimiento de pacientes (https://www.diariodexalapa.com.mx/local/clinica-gifyt-no-califica-para-prestar-servicios-aseguran-deudos-de-paciente-muerto-4325153.html ).
Con el gobierno de Veracruz, en agosto de 2019 suspendieron el servicio de hemodiálisis en los nosocomios de Veracruz, Xalapa, Yanga, Tierra Blanca y Poza Rica, entre otros, por no tener las instalaciones y los equipos necesarios para dar el servicio, aún cuando supuestamente ganó la licitación porque tenía todo listo.
En esa ocasión el secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor, defendió a Gify y dijo que “no pasa nada” con la suspensión de las hemodiálisis.
Gifyt estuvo ligada al gobierno de Miguel Ángel Yunes (https://misticosyterrenales.blogspot.com/2019/07/misticos-y-terrenales-secretaria-de.html ).
Ahora los contratos entregados a Santa Lucía fueron firmados por Ana Laura Puig Lagunes, Lucio Sánchez Aguilar, Félix Lara Posadas, Sonia Beatriz Salamanca Domínguez y Carlos Alberto Navarrete Sánchez (hijo de Carlos Alberto Navarrete Escobar, ex subsecretario de Salud del gobierno del panista de Miguel Ángel Yunes Linares).
Además de esto las irregularidades de Santa Lucía son (por lo menos)
1.- Se le autorizó un precio de 1,095 pesos por sesión a cada paciente renal, cuando el antecedente había sido de 800 pesos por sesión a enfermos tratados por la Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el puerto de Veracruz, instalados en Tejería.
2.- Como responsable sanitario de la Unidad de Hemodiálisis “Santa Lucía”, está el nefrólogo Aristóteles Quintero Díaz, quien fue director del hospital del ISSSTE en Acapulco, Guerero, investigado por la Fiscalía General de la República, por el robo de colchones propiedad del ISSSTE, utilizados presumiblemente para favorecer al candidato del PRI Bonerje Arredondo Carmona, quien los regaló en su campaña, en la que también participó la hermana del médico, Cristina Quintero Díaz, quien iba en la fórmula como síndica procuradora propietaria (https://anews.mx/2019/09/03/designan-a-acusado-de-robo-como-director-del-issste-acapulco/ ). La carpeta de investigación iniciada por estos hechos es la FED/GRO/ACAP/0000967/2019.
Aristóteles Quíntero está domiciliado en Acapulco, donde da consulta, pero aún así está anotado como responsable sanitario de la clínica de hemodiálisis Santa Lucía en Veracruz, con “horario de operaciones” de 16 a 21 horas, lo que le implicaría que en el mismo día tendría que actuar en la ciudad del Pacífico y en Veracruz, en el Golfo de México.
3.- Para el traslado de pacientes, “Santa Lucía” presentó al IMSS un contrato con el servicio de ambulancias “Médica del Futuro”, sin firmas de los directivos de esa empresa, y con una firma escaneada de la credencial de elector de Francisco Navarrete Pioquinto, responsable del área Administrativa de “Santa Lucía”, y aún así, el Instituto validó ese contrato.
4.- Para análisis clínicos “Santa Lucía” presentó un contrato sin firma del prestador del servicio, el laboratorio Lister Centro Médico de Tampico S.A., con domicilio en la Beneficencia Española.
5.- Está ampliamente vinculada a Gifyt. Para comenzar utiliza las mismas instalaciones que la empresa que fue sancionada. Pero no sólo eso, si no que además presentó planos con el nombre y el logo de esa empresa. NI siquiera se molestaron en modificarlos.
6.- Las instalaciones son inadecuadas para el servicio. Una de las causas que llevó a que se le quitasen los contratos de hemodiálisis a Gifyt es que sus instalaciones en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 2690, en Veracruz (frente al Tecnológico de esa ciudad, para más referencia) se inundan en temporada de lluvias y los pacientes eran atendidos con agua de drenaje a las rodillas. Son las mismas instalaciones en las que ahora opera Santa Lucía.
7.- Programa Interno de Protección Civil incompleto. Entre la documentación que Santa Lucía debía entregar se encuentra un Programa Interno de Protección Civil, el cual está incompleto, tanto que las páginas 12, 13, 50, 56, 65, 75 y 77 están en blanco. Esto es una amplia muestra del favoritismo hacia Santa Lucía, porque aún así el documento fue aceptado por el personal del IMSS encargado de validar el contrato.
8.- El certificado de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, Food and Drug Administration) emitido para sus implementos, no tiene traducción simple al español. Tampoco entregaron el folleto que describe el producto.
9.- Los filtros dializadores no tienen certificado de libre venta
10.- Hay omisión del certificado de libre venta de la maquina de hemodiálisis
11.- El certificado de registro al sistema de gestión de calidad ISO 13485:2016 para su mobiliario médico, está vencido desde el 09-10-2020
12.- La constancia de zonificación que presentan está vencida desde el 4 de septiembre de 2009. Su vigencia es de sólo un año como se anota en el punto 5 de la misma
13.- El Dictamen eléctrico que presentan es completamente ilegible
14.- El contrato para el servicio de ambulancias que debe tener la empresa, está sin firmas por parte del prestador de servicios
15.- El contrato para los servicios de laboratorio está sin ninguna firma
16.- El contrato de prestación de servicios de laboratorio clínico tiene todas las firmas escaneadas
17.- El certificado de validez de los cateteres tiene fecha de vencimiento del 09 de noviembre de 2020
UNA ANTIGUEDAD NO DEMOSTRADA
Una omisión sustancial es que Santa Lucía debía de tener 4 meses de antigüedad (por lo menos) en servicio al público en Veracruz, lapso que nunca demuestra en la documentación correspondiente.
El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (Sinaceam) reclama como requisito primordial para dar de alta en el mismo a una organización de hemodiálisis que debe tener “al menos, cuatro meses de funcionamiento”, los cuales se cuentan “a partir de que comenzó a brindar atención a pacientes”.
- Santa Lucía no demuestra estar dada de alta en el registro del Sinaceam, porque además no puede comprobar los 4 meses de atención a pacientes que se le piden. El procedimiento lo iniciaron apenas en enero de 2021, después de que los contratos fueron asignados
Aún así en el IMSS le aceptaron la documentación y la declararon ganadora de la licitación.
- Santa Lucía dice haber empezado operaciones en Veracruz el 1 de junio de 2020, pero no muestra absolutamente ningún documento o evidencia de que sea así. En cambio Cofepris recibe el documento de inicio de operaciones el 13 de noviembre de 2020, más de 5 meses después de la fecha que quieren que se les tome en cuenta.
- Su registro patronal ante el IMSS es del 27 de noviembre de 2020
- La solicitud para que Protección Civil revisara las condiciones de las instalaciones para operar, se presentó el 20 de noviembre de 2020, la cual debe ser anterior al inicio de actividades.
- La Cédula de empadronamiento ante el municipio de Veracruz se emitió el 3 de diciembre de 2020, aún cuando debió tramitarse previo al inicio de actividades
En síntesis, su primer trámite lo hicieron el 13 de noviembre de 2020, lo cual, de ninguna forma, les acredita la antigüedad de 4 meses que se reclama |
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