Excelente postura vienen asumiendo los partidos, esencialmente el PAN y el PRI en su apuesta a que la política anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador fracase, pues de ello depende de que logren resarcirse de la derrota que en las pasadas elecciones les infirieron mas de treinta y dos millones de ciudadanos, si se toma en cuenta que, en la complicidad , corrupción e impunidad fue el acicate para mantener el statu quo por más de treinta años, permitió que el país se hundiera poco a poco, hasta llegar a las crisis que ahora se vive y que se pretende que se administre mediante cuotas y cotos de poder.
Lo anterior se afirma y se garantiza con datos de prueba, medios de prueba y pruebas elocuentes, como enseguida se reseñará y que arrastra también, por supuesto, a los partidos de la Revolución Democrática y movimiento Social , que en un supuesto alarde de oposición dejaron que el presidente designara a los cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, sin reparar en los antecedentes de simulación y corrupción de quienes tiene firmaron o fueron omisos con los contratos para la construcción de los gasoductos que servirán para transportar el que se usará para producir energía eléctrica, al existir fundadas sospecha de que son leoninos , pues si la inversión inicial era de mil millones de dólares, al finalizar la obra se pagarán como ocho mil millones del billete verde y lo peor que no pertenecerán a la Comisión Federal de Electricidad, si no a la constructora.
Es bueno que todas estas anomalías se descubran y se denuncien , pero será mejor que la fiscalía general de la República realice bien su tarea, porque hasta ahora, históricamente, se ha demostrado incapacidad e ineficiencia, en la integración de las carpetas de investigación o bien en los trabajos de auditoria, es tanto el manoseo, que acus falta de profesionalismo e incapacidad jurídica, que raya mas que nada en maniobras de un claro contubernio para que los imputados no sean castigados.
Es tanta la podredumbre y la miasma que invade aún a la república en los anquilosados treinta años de saqueo, que es hasta ahora en que, la suprema Corte de Justicia se quita un poco la venda de los ojos y empieza a ver las cosas distintas en la impartición de la justicia, porque las muchas sentencias dictadas contra el estado Mexicano por sedes internacionales, no es más que parte de esa negligencia de quienes tienen la grave responsabilidad de impartir justicia, por eso, el pleno de ese tribunal ,- parece que no le temblarán mas las pierdas-, resolvió que en los casos que se determine que se cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos, las autoridades no podrán reservar ningún dato que exista en la carpeta de investigación o en las averiguaciones previas.
A guisa de lo analizado, el Estado tendrá que ir fondo en el caso de la sentencia que dictó la corte Interamericana de derechos humanos en contra de los operativos de Atenco en que están involucrados el expresidente Vicente Calderón, Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Público y ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación propuesto por el presidente Peña en contravención al artículo 94 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicano y aprobado, sin reproche alguno ,por el senado, y demás personas que participaron el 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y Atenco.
Al ser esa sentencia vinculante, el estado mexicano tendrá que investigar de manera exhaustiva, es decir, a fondo ,este hecho de infamia en contra de 11 mujeres que fueron ilegalmente detenidas y vejadas mediante tortura física, sicológica y sexual , en donde obviamente, además de profundizar en la cadena de mando, se tendrá la garantía de no repetición, de ahí que los jueces y magistrados involucrados, tendrán también su merecido por los actos u omisiones que se acrediten, con lo que se empezará a ver hasta donde se llega sin contemplación alguna.
No hay duda que los partidos PRI, PAN, PRD y MC que se frotan las manos para que sea solo el presidente López Obrador, como jefe de Estado, el que resienta la condena de la( Coridh), que en el momento en que se abra la investigación robusta, pongan el grito en el cielo y se acuse de autoritarismo y demás epítetos digno de fascistas.
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