JOSE LIMA COBOS*
Utilizando a los trabajadores del poder judicial,-son los que hacen la tarea de sus jefes sin recibir los privilegios descomunales- 8( ocho) “aguados” ministros de la Suprema Corte de Justicia: Piña ,Laynes ,Pérez Dayan ,Aguilar, González, Rios Farjart, Pardo Rebolledo y Ortiz - así fueron calificados por la presidenta de la república- al conspirar contra la nación, alentando la inconformidad y estimulando el desorden, con una acción politiquera ,como quedó demostrado cuando la ministra presidenta Piña Hernández , se reúne ,en la casa del ministro González Carranca, para fraguar un conflicto poselectoral, en la que el PRIAN , querían impedir que Claudia Sheinbaum , alcanzara, con más de treinta y seis millones de votos la máxima responsabilidad política del país, lo que no le resultó ante la respuesta de los ciudadanos en las urnas, que dan la mayoría calificada para cambiar la forma de su gobierno, en términos del artículo 39 constitucional que señala que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno.
Ese hecho notorio, era más que suficiente para aplicar la ley de responsabilidades a esos servidores públicos, más aún cuando ahora desdeña a la ley de amparo que señala que las reformas o adiciones a la constitución son improcedentes impugnarlas, sin embargo, los jueces involucrados en esa farsa jurídica concedieron suspensiones provisionales y luego definitivas para que el congreso de la unión,- que es el único poder que puede hacer las reformas que el constituyente establece-, se acepte por esa ministra, las denominadas consultas para que el ple no de la suprema Corte de Justicia se pronuncie en particular, lo cual implica , en automático ,el juicio político, que implica retirarla del cargo e inhabilitarla, sin embargo, por aquello de la sospecha de que es una venganza del poder del Estado, se deja que avance, lo que en sí constituye una irresponsabilidad imperdonable, al ponerse en peligro la estabilidad de la nación, es decir, la dictadura judicial o el régimen para el atraco y saqueo de la patria.
Si, en esa misma suprema corte de justicia tiene la jurisprudencia firma del pleno 293/2014 en la se analizó ha profundidad lo referente a que se tienen que observar los tratados internacionales de que el país es parte y particularmente lo establecido en la carta de la ONU sobre las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos , se puso en claro que se excluyen lo que no está regulado en la constitución y si existe una reforma constitucional , tiene que observarse lo que el constituyente permanente establezca, en consecuencia, los ministros no pueden alegar ignorancia y los 8 que votaron a favor de esos amparos incurren en clara violación a lo que el poder del pueblo ha determinado mediante esta reforma, que es inatacable y desecharse en automático, pero perdura la maniobra en clara conspiración contra los intereses de la nación que no es otra cosa que traición a la patria.
No sorprende la complicidad del Estado para no actuar de inmediato, pues ya se ha visto que en la reforma al artículo 127 constitucional que realizó el presidente espurio Calderón para que ningún servidor público percibiera más emolumentos o privilegios de que goza el presidente de la república, no se ha observado hasta la fecha, pues el mismo Calderón como Peña Nieto y López Obrador han sido cómplices de esa violación que ocasionaron y aún ocasionan , un daño patrimonial a las arcas de la nación, que después de quince años, que importan más de veinticuatro mil millones de pesos ,que los once ministros tienen que devolver, pues al no exigirlo así, ahora que se profundiza en la reforma a ese poder, como que quieren tocar el agua a los camotes para ver si prospera la actitud perversa que con “extrema dignidad” reclaman, cuando existe un claro conflicto de intereses al ser los mismos jueces y magistrados los que ´protestan , con lograr lo que ahora han planteado, como es vigilar si el constituyente tiene esas atribuciones.
Es fácil darle actuar con rigor en el caso concreto y poner a los ministros en la calle e inhabilitarlos para que no exista repetición y luego la cárcel que es lo procedente en un régimen de derecho, porque si la constitución lo determina tiene que respetarse,. Porque entonces que caso tiene hacer una ceremonia para que se proteste cumplir y hacer cumplirla , con sus leyes que en ese último caso si son revisables, , sin embargo, se argumentaría que son actos consentidos y que ya no es posible, abrir la caja de pandora, porque si Amparo Casar goza de una pensión inmerecida, porque los magistrados no pueden gozar de ese privilegio.
Aunque la posición de la presidenta es clara, ya se verá el camino a seguir porque si tiran una reforma constitucional, queda abierto el camino para desconocer todo lo que haga el ejecutivo federal, aunque e mensuales , sin justificación en gastos de gasolina y comidas y tengan dos camionetas blindadas a su servicio , que luego se les adjudica, como premio al “ servicio brindado a la patria”. En hora buena que la presidenta enseñe y demuestre hasta donde quiere llevar al país, o bien, sin se quiere vivir en la complicidad o el silencio sepulcral que ha prevalecido y que el presidente López Obrador denunció ,de manera pública todo el daño que la nación ha sufrido o si se empieza a ver , con claridad la aplicación auténtica del Estado de derecho para no alebrestar más los privilegios del bandidaje, por aquello que se piense que es una venganza, por el contrario que se reflejen los resultados.
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