JOSE LIMA COBOS* 
  
        Utilizando  a los trabajadores del  poder judicial,-son los que hacen la tarea  de sus jefes sin recibir los privilegios descomunales-  8( ocho) “aguados” ministros de  la Suprema Corte de Justicia: Piña ,Laynes ,Pérez Dayan ,Aguilar, González, Rios Farjart, Pardo Rebolledo y Ortiz - así fueron calificados por la presidenta de la república-  al  conspirar contra la nación, alentando  la inconformidad y estimulando  el desorden,  con  una acción politiquera ,como quedó demostrado cuando la  ministra presidenta Piña Hernández , se  reúne ,en la casa del ministro González Carranca, para  fraguar  un conflicto poselectoral, en la que el PRIAN , querían  impedir que  Claudia Sheinbaum , alcanzara,  con más de treinta y seis  millones de votos la máxima responsabilidad política del país, lo que no le resultó ante la respuesta de los ciudadanos en las urnas, que dan la mayoría calificada para cambiar la forma de su  gobierno, en términos del artículo 39 constitucional que señala que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. 
  Ese  hecho notorio, era más que suficiente  para aplicar la ley de responsabilidades a esos servidores  públicos, más aún cuando ahora  desdeña a la ley  de amparo   que señala que las reformas  o adiciones a la constitución son improcedentes   impugnarlas, sin embargo, los jueces involucrados en esa farsa jurídica  concedieron  suspensiones  provisionales y luego  definitivas para que  el congreso de la unión,- que es el único poder que puede hacer las reformas  que el constituyente establece-, se acepte  por esa ministra,  las  denominadas  consultas para que el ple no de la suprema Corte de Justicia se pronuncie  en particular, lo cual implica , en automático ,el juicio político,  que implica retirarla del cargo e inhabilitarla, sin embargo,  por aquello de la sospecha de que es una venganza  del poder del  Estado, se  deja que avance, lo que en sí constituye una irresponsabilidad imperdonable, al ponerse en peligro la estabilidad de la nación, es decir, la dictadura judicial o el régimen para el atraco  y saqueo de la patria. 
 Si, en  esa misma suprema corte de  justicia tiene la jurisprudencia  firma del pleno 293/2014 en la se analizó  ha  profundidad lo  referente a que se tienen que observar los tratados internacionales de que el país es parte  y particularmente  lo establecido en la carta de la ONU sobre  las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos , se puso en claro que se excluyen lo que no está regulado en  la constitución y si existe una reforma constitucional , tiene  que observarse lo que  el constituyente  permanente  establezca, en consecuencia, los ministros no pueden  alegar ignorancia y los 8 que votaron  a  favor de esos amparos incurren en clara violación  a lo que el poder del pueblo ha determinado mediante esta reforma, que es inatacable y  desecharse en automático, pero perdura la maniobra en clara conspiración contra los intereses de la nación que no es otra cosa que traición  a la patria. 
  
 No sorprende  la complicidad del Estado  para no actuar de inmediato, pues ya se ha visto que en la reforma al artículo 127 constitucional que realizó  el presidente espurio  Calderón  para que ningún servidor público percibiera más emolumentos o privilegios de que goza el presidente de la república, no se ha observado  hasta la fecha, pues el mismo  Calderón  como Peña Nieto y López Obrador han sido cómplices de esa  violación que ocasionaron y aún ocasionan ,  un daño patrimonial a las arcas de la nación,  que después de  quince  años, que   importan más de veinticuatro mil millones de pesos ,que  los once ministros tienen que devolver, pues al no exigirlo así, ahora que se profundiza en la reforma a ese poder, como que quieren tocar  el agua a los camotes para ver si prospera  la actitud perversa que con “extrema dignidad” reclaman, cuando existe un claro conflicto de intereses al ser los mismos  jueces y magistrados  los que ´protestan , con  lograr lo que ahora han planteado, como es vigilar si el constituyente  tiene esas atribuciones. 
  
 Es fácil darle actuar  con rigor en el caso concreto y poner a los ministros  en  la calle  e inhabilitarlos para que no exista repetición  y  luego la cárcel que es lo procedente en un régimen de derecho, porque  si la constitución  lo determina tiene que respetarse,. Porque entonces que caso tiene  hacer una ceremonia  para que se proteste cumplir y hacer  cumplirla , con sus leyes  que en ese último caso si son revisables, , sin embargo, se argumentaría que son actos consentidos y que ya no es posible,  abrir la caja de pandora, porque si Amparo Casar goza  de una pensión inmerecida, porque  los magistrados no pueden gozar de ese privilegio. 
  
 Aunque la posición de la presidenta es clara, ya se verá el camino a seguir porque si tiran una reforma constitucional, queda abierto el camino para desconocer todo lo que haga el ejecutivo federal, aunque  e   mensuales  , sin justificación  en gastos de gasolina y comidas y tengan dos camionetas blindadas a su servicio , que luego se les adjudica, como premio al “ servicio brindado a la patria”. En hora buena que la presidenta enseñe y demuestre hasta donde quiere llevar al país, o bien, sin se quiere vivir en la complicidad o el silencio sepulcral que ha  prevalecido y que  el presidente López Obrador denunció ,de manera pública todo el daño que la nación ha sufrido o si se empieza a ver , con claridad  la aplicación auténtica del Estado de derecho para no alebrestar más los privilegios del bandidaje, por aquello que se piense que es una venganza, por el contrario que se reflejen  los resultados. 
 limacobos@hotmail,com    
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