Si bien a los padres y madres de los cuarenta y tres jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que en el Estado de Guerrero fueron asesinados de manera tan artera e inhumana – si es que se le pueda calificar así- no se les puede pedir que vivan tranquilos en los días por venir, no menos cierto es que el Estado Mexicano ha aceptado su responsabilidad en los acontecimientos tan infames y que, antes que un tribunal internacional lo declare como un delito de lesa humanidad, que lo es claramente, los esfuerzos de este gobierno se encaminan a poner la cosas en claro de manera precisa y contundente, por lo que, quienes participaron -por acción u omisión- no alcanzarán la impunidad que se arropa con el gran sistema de corrupción que ha imperado en gobiernos anteriores. Ayotzinapa, nada ni nadie podrá descarrilarlo, va en la ruta correcta y la decisión presidencial no está a prueba.
Nadie – se está probando- que haya tenido responsabilidad en este caso, vivará tranquilo, porque el crimen cometido tiene en un vilo a la nación y, si, se diera caso de que se estableciera una nueva verdad histórica, como se señaló en el gobierno de Peña Nieto, sería imperdonable, de ahí, que a medida que pasen los días, se tendrá que profundizar, hasta lleva al último de los responsables, por lo mismo, no debe espantar que se den desencuentros con quienes están investigando este asunto , pues junto al debido proceso y la presunción de inocencia, no queda otro camino, que no sea la de cumplir y respetar los derechos de los presuntos cómplices o complacientes de estos negros acontecimientos, sin que signifique que habrá impunidad.
Ya se ha estado viendo que, el ejercito mexicano, institución de gran respeto, al igual como la marina nacional, que están en el ojo del huracán y que se tocará fondo, de manera que, si se quiere vivir en un Estado o régimen de derecho, nada hará distinto al gobierno de López Obrador, porque castigar a los culpables de crimines de esa magnitud, o de cualquier otra, no debe tener limites, luego entonces, que nadie se sorprenda de sancionar y castigar a los criminales que dañan la imagen de institución que sea , si se quiere que tenga respeto y reconocimiento de la nación, pues el encubrimiento o los pactos de silencio, no tienen cabida en la nueva etapa que se espera de este país, sean de cualquier partido o bien que estén enganchados en cualquier gobierno, estatal, federal o municipal.
Si se observa que se escandaliza, de manera tan deleznable e infame- por los grupos de presión que se han apoderado de los bienes de la nación- cuando se quiere que el ejercito y la marina se mantengan en las calles para afrontar la seria organización criminal que existe de la delincuencia organizada , viene a evidenciarse la connivencia que se da en las altas esferas de la oligarquía, pues el temor de una dictadura militar conlleva a pensar que es lo que se quiere, pero que obviamente que no sea como la generadora de bienestar sino que consolide la miseria en Latinoamérica, y, temen sobradamente que se diera una dictadura de izquierda que se oriente a defender a la población en general y a medio equilibras las necesidades sociales.
No hay duda que se daría la felicidad en la minoría privilegiada, si Pinochet o Huerta llegaran al gobierno, pero se oponen o resisten a la prevalencia de una auténtica democracia donde el pueblo ,en su conjunto concurra al desarrollo de la nación y que los apoyos económicos del gobierno los orientara al gran capital- como Fobaproa o la venta de empresas productivas del estado a la iniciativa privada- y dejar de hacerlo en beneficio de los más necesitados que solo tienen derecho a vivir en la miseria espantosa , pues la riqueza , solo la generan los que tienen dinero, en tanto los miserables, que son los que pagan más impuestos que la minoría privilegiada , se siguen descapitalizando, pues las ganancias que da la desigualdad social es elocuente cuando el uno por ciento de la población concentra la gran riqueza y el 99 por ciento la miseria que se funda en la explotación de la fuerza del trabajo.
La campaña de encubrimiento a los criminales de Ayotzinapa no solo se centra en algunos miembros del ejercito o la marina , sino en la gran organización criminal creada por las putrefactas estructuras gubernamentales que tienen que aflorar y, si bien los militares actúan de manera disciplinaria , existe el criterio de oportunidad -está prevista en el código de procedimientos penales, para que informen de donde vinieron las ordenes para cometer ese crimen de lesa humanidad y de esa manera responder a los reclamos que hoy se exigen, es decir, claridad y verdad plena que satisfaga a las víctimas de manera que se termine con el manipuleo de la información que tendrá que lograrse cuando los autores materiales sean detenidos y salga a la luz pública las grandes complicidades de lo que, sigue siendo, un Estado corrupto y corruptor. Ahora, o nunca, señor presidente López Obrador. limacobos@hotmail.com
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