Las complicidades ominosas que existen en el país son de pronósticos reservados y no podría calificarse de otra manera cuando vemos que el máximo tribunal de justicia del país, como lo es la suprema corte de justicia de la nación, designa a la licenciada Arely Gómez como controladora del consejo de la judicatura federal, órgano interno encargado del registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales, cuando ha quedado acreditada su ineficiencia en las responsabilidades de senadora de la república, procuradora general de la republica y como secretaria de la función pública, cargos en el gobierno de Enrique Peña Nieto en que se registró la más alta corrupción de la historia de México.
De analizarse a profundidad las funciones que tuvo a su cargo, el caso de los desaparecidos de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa es más que suficiente para que el pleno de la judicatura, ni por asoma, hubiera puesto sus ojos en una persona que ,a través del ejercicio del servicio público no ha demostrado capacidad, pues es la misma que, sin sustento alguno le manifestó al ex gobernador dos añero Miguel Ángel Yunes que podría rendir protesta como diputado, pese a la existencia una serie de denuncias, entre otras del ex dirigente panista Espino o de la auditoria superior de la federación que con antelación se habían publicitado, es decir, su omisión a darle curso a esas denuncias, habla de la omisión a cumplir con su deber como es la investigación de los delitos.
Por otro lado, al sustituir en la procuraduría general de la república al licenciado Raúl Cervantes, no se dejó sentir su presencia, pues pese a existir una robusta resolución de un tribunal colegiado para que se profundizara en el caso de los jóvenes desaparecidos, nada hizo y tan es así, que se designó una la comisión de la verdad, por decreto del presidente López Obrador, de ahí que, sin duda que la veremos desfilar, junto con Murillo y Cervantes por sus omisiones ostensibles e irresponsables, que tienen como resultado, de ser el caso, la sanción penal o administrativa correspondiente.
No existe duda que como procuradora., solo administró la corrupción imperante en esa dependencia porque siendo de la mayor importancia y trascendencia en la investigación y castigo a los delincuentes, su negligencia, descuido u omisión, tienen que conducir a que se les sancione a quienes dejaron de cumplir con deber legal.
Sin embargo, no es solo este hecho de Arely Gómez el que escandalizará a la corte de nuestro país- y más ahora en que el presidente de México ha manifestado que no existe reversa en el combate a la corrupción e impunidad-, sino que también el referido a que la sentencia de la corte interamericana que ha condenado al gobierno de la república , en el caso de Atenco, que involucra al ministro Eduardo Medina Mora, por cierto designado de manera inconstitucional por el senado de la república, a propuesta de Peña Nieto-, pues siendo Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Fox, se presume su responsabilidad en contra de las once mujeres que fueron ultrajadas y torturadas,
Al ordenarse la reactivación de la investigación para el deslinde de responsabilidades tanto del gobierno federal y estatal al planificar y supervisar el operativo, las afectadas reclaman el cumplimiento cabal a la sentencia que precisa unas investigaciones “amplias, sistemáticas y
minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y a sus superiores jerárquicos”, donde no se escapará el exgobernador Enrique Peña Nieto.
En esta cuarta transformación que está viviendo el país en que ya no se quiere el silencio o la confabulación criminal, lo que es inusual después de 70 años, sin duda , no habrá crimen sin castigo y las consecuencias y resultados se tendrán que ver en el corto tiempo, para que por fin, se pueda presumir que se vive en un régimen democrático y de derecho. limacobos@hotmail.com
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