La corte interamericana de derechos humanos, de la que México forma parte , está obligado a cumplir las sentencias que se dicten en su contra y el caso de Atenco , es un pendiente que no se ha visto que el gobierno del presidente López Obrador, haya demostrado interés en darle cumplimiento,-o al menos no ve ni se siente. omisión que tiene en la indefensión a quienes fueron víctimas del expresidente Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México y expresidente, así como Medina Mora, ex director de la dirección de seguridad pública federal.
El afán de Fox de construir en el lago Texcoco un nuevo aeropuerto que sustituya al actual “Benito Juárez”, llevó al gobierno de entonces, con la complicidad de Enrique Peña Nieto, gobernador en del Estado a México, a expropiar tierras de los campesinos para integrar un desarrollo de primer mundo, con un costo endemoniado, en un sitio fangoso y de alto riesgo, sin embargo, el negocio no logró fructificar, ante la resistencia de los ejidatarios que no querían vender sus tierras pero, ante lo ambicioso del programa urbanístico querían participar pero como socios, es decir, que el pastel no se repartiera arriba sino que llegara a los dueños de las tierras.
Fueron pocos los ejidatarios de Atenco que se negaron, pagando cara su resistencia y, el gobierno de Fox y Peña, cargó con ellos, a grado tal que se cometieron cientos de barbaridades de lo que poco se habló, habida cuenta que los medios de comunicación .cooptados por el sistema imperante,-se repartía una bolsa de no menos de cinco mil millones de pesos- en consecuencia, esos hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 son responsabilidad de la policía de Texcoco y San Salvador Atenco, la policía estadual del estado de México y la policía Federal Preventiva, donde despachaba Medina Mora, quien después iría a integrase a la Suprema Corte y que renunció sin que se acreditara la causa grave.
La historia es larga y triste, pero en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 28 de noviembre de 2018, en un resumen espeluznante , declaró responsable internacionalmente al Estado Mexicano, por la violación de los derechos humanos, la integridad personal, a la vida privada, a ser sometidos a tortura, consagrados en los artículos 5.1,5.2 y 11 de la Convención en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación, consagrados en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como en los artículos 1 y 6 de la convención contra la tortura y el artículo 7 de la convención de Belém do Para, en síntesis, toda una retahíla de violaciones en perjuicio más de 11 mujeres, sentencia que se emitió con el nombre “Caso mujeres Víctimas de torturo Sexual en Atenco vs. México”.
Al condenarse al Estado Mexicano, tendrá que continuar con las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufridas por las onces mujeres, brindar en formar gratuita e inmediata el tratamiento médico y sicológico y psiquiátrico a las víctimas , en concreto, la responsabilidad tendrá que individualizarse y determinar quien ordenó o consintió estos actos deleznable.
Todo lo anterior, acredita hasta donde llegaban los intereses económicos para ese monstruoso aeropuerto, en donde un grupo de empresarios, habrían de hacer su agosto, a costa del pueblo mexicano, ahora corresponde al actual gobierno profundizar en las investigaciones y dictar las medidas de castigo respectivo a los que ordenaron o consistieron este atraco.
Por un lado, ya la secretaria de gobernación, a nombre del gobierno de la república dio una disculpa publica, sin embargo., nada se sabe de la investigación y será un estigma para el gobierno si no hay consecuencias para que esas violaciones no se repitan.
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