Lydia Cacho, con “los demonios del Edén”, sufrió la agresión más deleznable que se le puede inferir a una luchadora social , porque desenmascaró a toda una cauda de pederasta, entre ellos al ex líder del senado de la República, Emilio Gamboa, “dale para atrás papi” le ordenaba el industrial y empresario poblado, aliado del gobernador Mario Marín,- impuesto como gobernador por Melquiades Morales-, en cuya connivencia monstruosa , no eran ajenas los órganos jurisdiccionales responsables de impartir justicia.
Por ello, no es casual y menos una excepción , que la Organización de las Naciones Unidas haya aceptado atraer ese asunto,- sin observar los requisitos primarios para acudir a sede internacional al reclamar la violación de los derechos humanos-, pues de los antecedentes que obran, tanto en la corte interamericana, como en la comisión de derechos humanos y demás instancias internacionales , la actitud reluctante de la Suprema Corte de Justicia para velar por esos derechos humanos era ostensible, es decir, unos ministros enriquecidos con los más altos salarios habían acreditado y es hecho notorio , que a raíz de las varias condenas contra México, que se daba por descontado que de nada servía que se prolongarse la impartición de la justicia internacional , cuando la conducta omisiva y complaciente del más alto tribunal de la nación, que negó la protección federal, ha nada positivo conduciría a la justiciable.
Así es que, lo que los jueces nacionales no vieron por sus largas narices – aunque cuenten con autonomía e independencia para manejar el presupuesto, carecen de conciencia jurídica y responsabilidad social-,por lo mismo, el acontecimiento del 2005, durante el gobierno de Vicente Calderón tiene que ser resarcido hoy mediante una disculpa pública y la indemnización respectiva ante la complicidad y silencio de impartir justicia, pero esta responsabilidad solo involucra al presidente de la república.
Si bien la exigencia de la condena es que se castigue a todos los responsables, es de esperarse que se aplique estrictamente la ley, por actos u omisiones pero a todos sin excepción , -incluyendo a los ministros, jueces y magistrados que participaron en todo el entramado judicial , pues trece años después no es admisible que solo a la persona moral” estado mexicano” sea el que de la cara , constriñéndose a que el presidente de la república haga el reconocimiento público de daño ocasionado, cuando en la división de poderes, establecidas en la constitución, deben ser todos los responsables y las conductas omisas sean sancionadas de manera tal que se garantice la no repetición, lo que conduciría a que en el futuro no sea el desprecio a esos derechos lo que permee a la nación, porque los casos de Rosendo Radilla, Castañeda y los que se acumulen, no sigan constituyendo el hazme reír de los auténticos responsables, que son los imparten justicia.
Solo si se procede involucrando a todos, -presidente de la república , suprema Corte y Congreso de la Unión - de esa manera , se podrá acreditar que no habrá repetición de actos tan infames y condenables contra los derechos humanos , de otra suerte se estará viviendo en la simulación y el engaño, pues es fácil causar el daño y , por ejemplo, los ministros, ya jubilados, que negaron el amparo a la periodista, se frotan las manos cuando deberían ser llamados a cuentas para que la indemnización que pagará el Estado, sean ellos los que la cubran , pues su falta de eficiencia, honestidad, profesionalismo y demás principios que se privilegian en la impartición de la
justicia, no fueron observados a cabalidad y si se prueba el crimen, que su consecuencia sea el castigo.
Así la cosas, sí el país está comprometido con la constitución política y con los tratados internacionales que ha jurado cumplir y respetar, tiene la obligación de seleccionar a los mejores servidores públicos, sabedores todos de que las consecuencias por sus actos u omisiones , es su responsabilidad , que se comparte de manera solidaria con el Estado y nadie puede alegar ignorancia pues si no es apto para el ejercicio público que no participe de los remuneraciones que la nación cubre por su servicio, de ahí , que si no hay castigos ejemplares, la complicidad y la impunidad seguirá prevaleciendo.
Sin una sanción ejemplar a quienes violen los derechos humanos estos actos se seguirán cometiendo , de ahí la resistencia a que el ejército esté en las calles y contribuya a combatir la criminalidad porque si la justicia no está alcance de la sociedad, por jueces irresponsables , la desconfianza se fortalece. limacobos@hotmail.com
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