“México, tu superficie es el maíz… el niño Dios te escrituró un establo y en los veneros del petróleo el diablo”, si, el diablo de la corrupción y la impunidad , que adquiere titulo de paternidad al consumarse el fraude electoral de 1988, en que Salinas de Gortari, ante la tibieza de Miguel de la Madrid, arma el entramado para preparar la desnacionalización de la banca y comenzar la más nefasta privatización de que se tenga memoria, en detrimento de los recursos de la nación, secundada , tiempo después por Zedillo, Fox , Calderón y el clímax, con Peña Nieto.
En principio de cuenta, con el pretexto de defender los derechos humanos de un pueblo aherrojado en la más espantosa miseria de que se tenga memoria, reforma Salinas la constitución para crear la Comisión de Derechos Humanos, sitio burocrático de triste memoria y, apoyándose en ello, lleva el paso de privatizar la tierra y aumentar la dependencia alimentaria, pues ahora, nadie está obligado a cultivarla como un bien de la nación , al servicio de la alimentación del pueblo, y pueden estar improductivas de manera permanente sin que nadie obligue a sus poseedores o propietarios a cultivarla , es decir, se retorna a los bienes de manos muertas , dando nacimiento a los “burgos podridos” -Gogol- con organizaciones que acaparan los subsidios para llevar migajas a los necesitados.
La tristeza que produce ver el campo en las condiciones que se encuentra, no es porque falten los apoyos sino, y esencialmente, porque si las mejores tierras están en manos ganaderas y muy pocas agrícolas en grupos campesinos y al no existir la obligación ni sanción alguna por no cultivarlas, se llega al extremo de abandonarlas y se genera la especulación, que medra con la miseria generalizada, esto es, el contubernio ominoso , similar a las concesiones que dio Calderón para explotar minas y que nadie explota, pero si se especula con esos títulos y por ellos obtener créditos para otros .
Si eso pasa campo, las universidades del país no cantan mal las rancheras, porque, amparadas en la mal entendida autonomía, en el agandalle más execrable que se tenga memoria , al través de grupos de poder, en corrupción amplia, manejan recursos económicos de procedencia ilícita y documentos de los profesionales de dudosa validez y el caso más elocuente lo constituye el escandaloso caso de la estafa maestra, en que está involucrada Rosario Robles, aquella persona que participó en el entramado con el argentino Ahumada - ahora acusado de un fraude de 400 millones de pesos por falsificación de documentos de ella misma-, es decir, nos estamos enterando que una forma de lavar dinero fue a través de las dos secretarias -Reforma agraria y Sedesol- que puso en sus manos el presidente Peña Nieto, utilizando de parapeto a los rectores de algunas universidades.
En la primera audiencia pública en que participa la imputada, -que fue un romerío-niega conocer de que se le acusa, pues no se dio cuenta de nada negativo en su gestión o responsabilidad pública y alegando amnesia, ofrece su cara para aclarar lo que no sabe que pasaba a su alrededor, de ahí que su alegato sea la inocencia y la agresión que sufre a sus derechos humanos, en tanto los más de cinco mil millones de pesos que se le detectó como daño patrimonial, que los busque la fiscalía, al igual que lo hará con los bienes supuestos que tiene “el chapo” Guzmán y por el que es
sentenciado a cadena perpetua, entretanto , por no ser su delito grave podrá llevar el juicio en libertad, por ejercicio indebido de servicio público.
Mientras tanto, las instituciones de educación superior, en amparo de su autonomía, pensaron que todo pasaría igual que en el pasado, que jamás serían revisadas, sin embargo, en el cambio de régimen no solo está de por medio su prestigio educativo sino el manejo escrupuloso de los recursos que la nación entrega para la preparación de la juventud, lo que se ha desviado de manera exponencial y en Veracruz, por decir lo menos, la actual rectora, después de una modesta investigadora de antropología, en el corto tiempo, ha podido adquirir, -según se ha difundido de manera profusa- en propiedad un residencia en cerca de 23 millones de pesos, cantidad que jamás hubiera juntado en su vida y que no podrá justificar ni acreditar, en el sano juicio de una auditoría.
Sin embargo, en este tiempo de auténtica transformación ,existe un ordenamiento que se denomina Ley Federal de prevención e identificación de bienes de procedencia Ilícita, que bien podría aplicarse, no solo a los rectores de las universidades del país sino a toda persona que se conduzca como dueña de determinado bienes y riquezas, de manera que no haya duda de la conducta de nadie, de tal suerte, que se destruya todo tipo de delincuencia, la organizada que esconde sus bienes en familiares, y lo mismo los funcionarios que tampoco quieren que se transparenten los suyos, pues “el que nada debe, nada teme”. limacobos@hotmail.com
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